La Justicia frenó el cierre del plan Volver al Trabajo: el Gobierno tendrá que seguir pagando a 900 mil beneficiarios
El Juzgado Federal de Campana frenó este martes el cierre del programa Volver al Trabajo. El juez Adrián González Charvay ordenó al Ministerio de Capital Humano mantener las prestaciones económicas de $78.000 mensuales que cobran aproximadamente 900.000 personas en todo el país.
La medida cautelar responde a un amparo colectivo presentado por cinco trabajadores de la economía popular. Cuestionaron la decisión del Gobierno de dar de baja el programa sin ofrecer una alternativa equivalente.
Capital Humano tiene un plazo de tres días desde la notificación para cumplir con la orden judicial. La suspensión del cierre se mantendrá vigente hasta que haya una sentencia definitiva en la causa.
El fallo complica el lanzamiento del programa "Formando Capital Humano", que el Gobierno había diseñado para reemplazar a Volver al Trabajo pero sin incluir pagos mensuales directos a los beneficiarios.
Por qué los beneficiarios del Plan Volver al Trabajo fueron a la Justicia
Los cinco demandantes son trabajadores sin inserción en el mercado formal de empleo. Describieron su situación como crítica: Volver al Trabajo representa su principal o único ingreso mensual.
Argumentaron que la interrupción del programa constituía una omisión ilegítima por parte del Estado Nacional. Solicitaron garantías de continuidad para sus derechos económicos, sociales y culturales de carácter alimentario.
El contexto no juega a favor del Gobierno. La crisis socioeconómica actual agrava la vulnerabilidad de estos grupos, según detallaron los propios beneficiarios en su presentación judicial.
El anuncio oficial del cierre llegó el 7 de abril de 2026. El Ministerio de Capital Humano informó que los efectos comenzarían a partir del 9 de abril y que se realizaría un último pago correspondiente a ese mes.
Qué es Volver al Trabajo y cómo surgió
El programa fue creado mediante el Decreto 198/2024, firmado por el presidente Javier Milei y la ministra Sandra Pettovello. Reemplazó al Potenciar Trabajo de la gestión anterior con un objetivo declarado: fomentar la inserción laboral mediante capacitación sociolaboral.
Una resolución de abril de 2024 estableció una vigencia de 24 meses, sujeta a la disponibilidad presupuestaria. También definió una asignación mensual no remunerativa de $78.000 para cada beneficiario.
Está dirigido a personas de entre 18 y 59 años en edad laboral. Todos los exbeneficiarios del Potenciar de hasta 59 años quedaron incorporados automáticamente al nuevo esquema.
El programa combina instancias de capacitación, prácticas en ámbitos de trabajo y asistencia para emprendimientos productivos. Todo eso, además del pago mensual.
Qué había anunciado el Gobierno para reemplazarlo
La administración de Milei había dispuesto el reemplazo por "Formando Capital Humano". La medida se oficializó a través de la Resolución 295/2026, publicada en el Boletín Oficial.
La diferencia central es clara: el nuevo esquema no contempla cobro mensual para sus titulares. En cambio, ofrece acceso a más de 4.300 cursos de formación laboral.
El paso al nuevo programa estaba previsto de forma automática. Quienes participaban de Volver al Trabajo quedarían inscriptos sin necesidad de gestiones adicionales.
Pero los demandantes advirtieron un problema: el sistema de "vouchers para capacitación" carecía de precisiones sobre su alcance, cobertura y criterios de acceso. Esa falta de claridad reforzó los argumentos del amparo colectivo.
Los fundamentos del juez para frenar el cierre
González Charvay analizó los hechos en una resolución de 20 páginas. Consideró que la finalización abrupta de una prestación de carácter alimentario comprometía derechos constitucionales y convencionales.
El magistrado hizo hincapié en el derecho a condiciones dignas de labor, la seguridad social, un nivel de vida adecuado y el principio de progresividad y no regresión en materia de derechos económicos, sociales y culturales.
El fallo destacó que los propios fundamentos del Decreto 198/2024 reconocían la finalidad social del programa. También remarcó el deber estatal de proteger a los grupos más vulnerables.
La Justicia determinó que la interrupción inminente de la prestación de $78.000 afectaba necesidades básicas de los trabajadores. Eso justificó un pronunciamiento urgente del magistrado.
Vale recordar que González Charvay es el mismo juez que le ordenó al Gobierno implementar plenamente la Ley de Emergencia en Discapacidad, vetada por Milei. También investiga a las autoridades de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA).
Qué pasa ahora con los 900.000 beneficiarios del plan Volver al Trabajo
El fallo no implica la continuidad indefinida del programa, pero sí suspende cualquier baja o modificación hasta que la Justicia se expida con mayor alcance sobre el fondo de la cuestión.
El Gobierno deberá redefinir el rumbo de las asistencias sociales en este segmento. La transición hacia Formando Capital Humano queda en stand by hasta nuevo aviso judicial.
La medida cautelar obliga al Estado Nacional a mantener la vigencia de las prestaciones económicas dentro del plazo de tres días. Esa orden judicial tendrá efectos hasta que se dicte una sentencia definitiva en la causa.
Para los 900.000 beneficiarios, la noticia representa un alivio temporal. Seguirán cobrando los $78.000 mensuales al menos hasta que avance el proceso judicial y se resuelva el amparo colectivo de fondo.