Intervención fallida: los veedores del Gobierno llegaron a la AFA y se encontraron con las puertas cerradas
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Los veedores designados por el Ministerio de Justicia llegaron a la sede de la AFA para iniciar una auditoría sobre sus balances. Pero se encontraron con las puertas cerradas. La intervención por 180 días no pudo arrancar como estaba previsto.
Los técnicos debían ingresar a las oficinas de la Asociación del Fútbol Argentino para revisar documentación contable. La cita estaba pautada para las 13. Pero cuando llegaron a Viamonte 1366, las puertas estaban trabadas.
Un cartel colgado en la entrada rezaba: "Cerrado, dirigirse a Mercedes 1300, Pilar". Se trata del predio al que Claudio Tapia intentó mudar las oficinas de la AFA, una maniobra que la Inspección General de Justicia ya rechazó.
La IGJ verificó que en ese domicilio no hay instalaciones administrativas ni funciona la gestión de la entidad. Para el Gobierno, el intento de mudanza a la provincia de Buenos Aires fue una maniobra para esquivar el control de la Inspección, que solo alcanza a organismos radicados en la Ciudad de Buenos Aires.
Sin poder ingresar, los veedores dejaron debajo de la puerta un cuestionario de 4 páginas. Después se dirigieron a la sede de la Superliga, también alcanzada por la intervención.
Consultados por TN, los profesionales técnicos confirmaron que elevarán un informe al Ministerio de Justicia. Será el ministro Juan Bautista Mahiques quien decida cómo proceder. "Las irregularidades están por verse, no se saben", agregaron.
Por qué el Gobierno intervino la AFA
La Inspección General de Justicia presentó una denuncia contra la AFA por supuestas irregularidades en sus balances. El organismo que conduce Tapia no pudo explicar u$s450 millones en sus cuentas de los últimos ocho años.
La casa madre del fútbol argentino falló en presentar en tiempo y forma la documentación aclaratoria de los estados contables cerrados a mediados del año pasado. Esa falta de respuestas disparó la alerta en la IGJ.
La orden del Ministerio de Justicia a los veedores era llevar un pedido formal de acceso a la documentación social y contable para determinar si existen irregularidades en las cuentas de la entidad.
Los auditores designados por decreto tienen indicación de revisar balances, registros administrativos y acuerdos comerciales de la AFA. El objetivo es armar un informe sobre el manejo institucional y económico del organismo.
Qué otras irregularidades investiga el Gobierno
La denuncia de la IGJ no se limita al monto sin explicar. Hay otros puntos bajo la lupa:
- La creación de una universidad dependiente de la AFA que nunca fue registrada ante las autoridades
- El intento de mudanza a la provincia de Buenos Aires rechazado por falta de instalaciones
- Las relaciones comerciales con empresas hoy investigadas por presunto desvío de fondos
- Vínculos con TourProdEnter y SurFinanzas, firmas bajo sospecha de lavado de dinero
Cada uno de estos puntos quedó documentado en el expediente que impulsó la intervención. La IGJ detectó un patrón: falta de transparencia en operaciones clave de la gestión de Tapia.
Qué puede hacer ahora el Ministerio de Justicia
Con el inicio de la intervención frustrado, la pelota quedó en el despacho de Mahiques. El plan de trabajo de la cartera contempla este escenario.
Según el decreto que designó a los veedores, en caso de que la AFA no preste colaboración "se evaluarán medidas compulsorias para acceder a la información" que necesita el Gobierno para completar la auditoría.
Esas medidas podrían incluir allanamientos, órdenes judiciales o sanciones administrativas. Todo dependerá de lo que determine el ministro tras recibir el informe de los veedores sobre lo ocurrido este martes.
La intervención está prevista por 180 días. Pero el cronograma se atrasó desde el primer día. Las puertas cerradas de Viamonte dejaron en claro que la AFA no piensa facilitar el trabajo de los auditores del Gobierno.