Fiscal pidió el decomiso del departamento donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad

El fiscal federal Diego Luciani pidió al Tribunal Oral Federal N°2 el decomiso del departamento de Constitución donde Cristina Fernández de Kirchner cumple prisión domiciliaria. El inmueble está ubicado en San José 1111, en pleno barrio porteño.

El pedido se enmarca en la etapa de ejecución patrimonial de la causa Vialidad. La Justicia busca recuperar activos para cubrir el perjuicio al Estado estimado en $685.000 millones.

La solicitud de la fiscalía forma parte de una ampliación del decomiso de bienes. Según el dictamen presentado por Luciani, ese departamento integra el conjunto de activos vinculados al esquema patrimonial investigado en el expediente.

El objetivo del decomiso es resarcir económicamente al Estado por el direccionamiento fraudulento de obras públicas nacionales adjudicadas entre 2003 y 2015 en Santa Cruz.

Qué investigó la causa Vialidad y cuál fue la condena

La causa Vialidad investigó el direccionamiento de obras públicas nacionales en Santa Cruz durante 12 años. El período investigado abarcó desde 2003 hasta 2015.

En diciembre de 2022, el Tribunal Oral Federal N°2 dictó sentencia. Cristina Fernández de Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

El delito: administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. La sentencia quedó firme tras agotar todas las instancias de revisión judicial.

Esa firmeza habilitó dos etapas: la ejecución de la pena y la recuperación de activos. La ex presidenta cumple actualmente arresto domiciliario en el inmueble que ahora la fiscalía pide decomisar.

Qué otros bienes pide decomisar la fiscalía además del departamento

El requerimiento de Luciani no se limita al departamento de Constitución. La lista incluye un total de 141 inmuebles distribuidos entre distintos condenados.

De ese total, 13 propiedades corresponden a sociedades vinculadas a la familia Kirchner. Las restantes 128 pertenecen a empresas relacionadas con el empresario Lázaro Báez, también condenado en la causa.

El listado incorpora además 46 automotores. También incluye más de u$s4,6 millones hallados en una caja de seguridad atribuida a Florencia Kirchner.

Aparecen fondos depositados en cuentas bancarias de los condenados. Entre los activos figuran propiedades emblemáticas del patrimonio investigado.

Algunos ejemplos: el hotel Alto Calafate, el hotel La Aldea, el chalet familiar sobre la costanera de Río Gallegos. También distintos terrenos y propiedades en Santa Cruz.

Esta nueva etapa de decomisos busca ampliar el alcance de las medidas patrimoniales ya iniciadas tras la firmeza de la condena, según explicó el Ministerio Público Fiscal.

Por qué la fiscalía sostiene que corresponde el decomiso

En su presentación, Luciani argumentó que los condenados fueron intimados a reintegrar el monto fijado por la Justicia. Hasta el momento no se habría efectuado ningún pago.

La fiscalía sostiene que el patrimonio identificado durante la investigación es incompatible con los ingresos declarados. Ese incremento patrimonial injustificado fundamenta el pedido de decomiso.

El departamento de San José 1111 adquirió relevancia pública desde que la ex mandataria comenzó a cumplir allí la modalidad de arresto domiciliario. La fiscalía sostiene que ese inmueble, al igual que otros bienes, debería contribuir al resarcimiento económico.

La decisión sobre la incorporación de estos bienes al proceso de decomiso quedó en manos del TOF2. El tribunal está integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso.

La defensa de Cristina Fernández de Kirchner y de sus hijos mantiene distintos planteos judiciales. Cuestionan el alcance de la ejecución patrimonial con recursos que eventualmente podrían llegar a la Corte Suprema de Justicia.

El video viral que mostró a Cristina Kirchner saliendo de su departamento

En paralelo al avance judicial, durante las últimas horas se difundió en redes sociales un video de la ex presidenta. Las imágenes la muestran caminando por la vía pública cerca de su domicilio.

En el registro no se observa presencia visible de efectivos policiales uniformados. El video fue compartido a través de TikTok y generó repercusiones inmediatas.

Las imágenes capturan el momento en que Fernández de Kirchner desciende de un vehículo. Luego regresa caminando al edificio donde cumple arresto domiciliario.

En la grabación se ve que la ex mandataria era acompañada por custodios vestidos de civil. Entre ellos aparece Diego Carbone, integrante de su esquema de seguridad personal.

Según trascendió, la salida habría estado relacionada con un control médico. No hubo comunicación oficial sobre el traslado ni sobre las razones del desplazamiento.

El episodio volvió a poner el foco sobre las condiciones de detención de la ex jefa de Estado y generó debate en redes sociales sobre el régimen de prisión domiciliaria.

Qué pasó días antes con la aparición pública de CFK

Días antes del video, Fernández de Kirchner había salido al balcón de su departamento. El objetivo: saludar a militantes concentrados frente al edificio.

La concentración se produjo después de la realización de la Marcha Federal Universitaria. Esa movilización fue convocada contra políticas del gobierno de Javier Milei.

Desde el inicio de la prisión domiciliaria, el domicilio de Constitución se transformó en un punto de concentración habitual. Agrupaciones políticas y militantes peronistas se reúnen allí periódicamente.

El edificio se encuentra a pocas cuadras de la sede de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Esa zona tiene una de las mayores actividades políticas estudiantiles de la Ciudad de Buenos Aires.

Qué destino podrían tener los bienes decomisados si se confirma la medida

Mientras continúan las discusiones sobre el decomiso, el Tribunal Oral Federal N°2 envió consultas a la Corte Suprema. El objetivo: determinar el eventual destino institucional de algunos inmuebles alcanzados por las medidas.

Entre las posibilidades analizadas figura su utilización por parte del Poder Judicial. También se estudia que sean cedidos al Consejo de la Magistratura.

Otra alternativa son las subastas públicas. Esta opción se activaría en caso de confirmarse el decomiso definitivo de las propiedades.

La decisión final dependerá de la resolución del tribunal sobre el pedido de Luciani. También de las eventuales apelaciones que presente la defensa de los condenados ante instancias superiores.