La Justicia española anuló una sanción contra Shakira y deberán devolverle 55 millones de euros
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La Audiencia Nacional de España dispuso que el Ministerio de Hacienda reintegre a Shakira más de 55 millones de euros, luego de dejar sin efecto una sanción vinculada al ejercicio fiscal de 2011.
La resolución, conocida a partir de documentación judicial a la que accedió AFP, establece además que el Estado deberá abonar los intereses legales correspondientes sobre las cantidades ya pagadas por la cantante colombiana.
Bahamas, Barcelona y el centro de la polémica fiscal
Durante años, la intérprete mantuvo distintos litigios con el fisco español relacionados con su situación tributaria. El principal punto de conflicto giró en torno a cuál era su residencia fiscal en 2011, etapa en la que comenzaba su relación con el exfutbolista Gerard Piqué.
Shakira sostuvo de manera reiterada que recién se instaló de forma definitiva en Barcelona hacia fines de 2014 y que al año siguiente trasladó oficialmente su residencia fiscal desde Bahamas a España, poco antes del nacimiento de su segundo hijo.
La postura de la Justicia española, sin embargo, apuntaba a que la artista había permanecido en territorio español durante buena parte de ese período y que, por esa razón, debía tributar allí por la totalidad de sus ingresos internacionales. El debate también estaba atravesado por la diferencia impositiva entre ambos países, considerablemente más baja en Bahamas.
La cantidad de días, clave en el fallo
La legislación española establece que una persona adquiere residencia fiscal en el país cuando permanece allí más de 183 días al año. En este caso, el tribunal concluyó que las autoridades solo lograron demostrar una estadía de 163 días de la cantante en España durante 2011.
Con ese argumento, la Audiencia Nacional decidió invalidar la liquidación tributaria aplicada sobre ese ejercicio. De todos modos, la sentencia todavía puede ser apelada y no modifica las causas vinculadas a ejercicios posteriores.
El antecedente del acuerdo con la fiscalía
En 2023, la artista ya había alcanzado un acuerdo judicial para evitar un juicio por fraude fiscal relacionado con los años 2012, 2013 y 2014. En aquel expediente, se la acusaba de haber omitido el pago de 14,5 millones de euros en impuestos.
Como parte del acuerdo judicial, la cantante admitió las acusaciones y se comprometió a abonar una sanción económica de más de 7,3 millones de euros. El proceso, que inicialmente contemplaba semanas de audiencias y más de un centenar de testigos, terminó resolviéndose en apenas unos minutos ante el juez José Manuel del Amo.
"Tenía dos opciones: seguir peleando hasta el final, hipotecando mi tranquilidad y la de mis hijos, dejar de hacer canciones, álbumes y giras, sin poder disfrutar de mi carrera y las cosas que me gustan; o pactar, cerrar y dejar atrás este capítulo de mi vida mirando hacia adelante", señaló la artista en un comunicado difundido por su equipo legal.
En el mismo texto explicó que tomó la decisión tras conversar con sus hijos, quienes le pidieron poner fin al conflicto para evitar el desgaste emocional que implicaba continuar con el proceso judicial.