El Gobierno mandó al Congreso un proyecto que busca frenar la ludopatía y las apuestas online ilegales

El Gobierno envió al Senado un proyecto de ley integral para combatir la ludopatía y regular las apuestas online. La iniciativa pone el acento en la protección de niños, niñas y adolescentes, además de endurecer las sanciones contra plataformas ilegales.

El Poder Ejecutivo había anticipado el viernes pasado que remitiría el texto al Congreso. Ahora, el proyecto quedó formalmente radicado en la Cámara alta para su tratamiento.

En el mensaje que acompaña la propuesta, el oficialismo advierte sobre el "exponencial incremento del acceso a plataformas de apuestas", con especial preocupación por la participación de menores de edad. El fenómeno, sostiene el Gobierno, representa un desafío creciente en materia de salud pública.

"El uso problemático de tecnologías digitales y las conductas compulsivas asociadas a los juegos de azar constituyen fenómenos complejos y multidimensionales", plantea el texto oficial.

Crecen los estudiantes secundarios que apuestan en las plataformas online

El diagnóstico que fundamenta el proyecto se apoya en datos recientes del Observatorio Argentino de Drogas (Sedronar). Más de 25% de los estudiantes de nivel secundario participó en apuestas con dinero durante el último año.

La modalidad online concentra la mayor parte de esa participación. Se trata de un escenario que preocupa por la facilidad de acceso desde dispositivos móviles y la ausencia de controles efectivos.

Frente a ese panorama, el proyecto fija como objetivos centrales erradicar la explotación de juegos de azar en línea no autorizados. También busca prohibir el acceso de menores a estas plataformas.

Además, la iniciativa propone consolidar la prevención del juego patológico como política de salud pública en todo el territorio nacional.

El texto oficial incorpora un enfoque amplio del problema. Remarca que los consumos problemáticos "no se limitan únicamente a supuestos clínicos extremos".

Por el contrario, incluye conductas de riesgo que generan consecuencias económicas, sociales y familiares, aunque no lleguen a configurar patologías severas.

Prisión de hasta seis años para quienes exploten apuestas sin autorización

Uno de los ejes más relevantes del proyecto es el endurecimiento del régimen penal. Quienes exploten apuestas sin autorización podrán recibir penas de tres a seis años de prisión, mientras que quienes faciliten estas operatorias —a través de servicios financieros, tecnológicos o publicitarios— enfrentarán sanciones de dos a cuatro años.

La propuesta busca desalentar no solo a los operadores directos, sino también a quienes colaboran con el funcionamiento de plataformas clandestinas. En ese grupo quedan incluidos proveedores de pagos, desarrolladores web y anunciantes.

Las sanciones apuntan a cerrar el ecosistema de las apuestas ilegales desde múltiples frentes. El objetivo es dificultar su operación y financiamiento.

Prohibición total de publicidad para plataformas ilegales en cualquier formato

En materia publicitaria, el proyecto establece una prohibición absoluta para la promoción de plataformas no autorizadas. La restricción alcanza a cualquier formato: redes sociales, medios de comunicación tradicionales, vía pública y espacios digitales.

Agencias, productoras, influencers y medios que participen en la difusión de estas campañas quedarán expuestos a responsabilidades penales. La norma busca cortar el flujo de mensajes que llegan masivamente a audiencias jóvenes.

Para las plataformas autorizadas, en tanto, se fijan límites estrictos. Las campañas no podrán estar dirigidas a menores ni vincular el juego con éxito social o soluciones económicas.

Tampoco se permitirá asociar las apuestas al consumo de alcohol o tabaco. La regulación procura evitar que el juego se presente como una actividad glamorosa o una vía legítima de progreso.

Qué organismos quedarán a cargo de controlar y sancionar

El texto asigna responsabilidades concretas a distintos organismos del Estado. El Enacom deberá bloquear contenidos y publicidad de sitios ilegales en plataformas digitales.

El Banco Central, por su parte, tendrá a su cargo impedir operaciones financieras vinculadas a estas plataformas. Una atención especial recibirán las transferencias desde cuentas de menores, que deberán ser monitoreadas y bloqueadas.

Se establece, además, que las entidades financieras y los proveedores de pago no podrán operar con plataformas que no cuenten con mecanismos eficaces para verificar la edad de los usuarios.

La Comisión Nacional de Valores y los proveedores de activos virtuales también quedarán alcanzados por restricciones similares. Deberán monitorear y prevenir transacciones ligadas a operadores ilegales.

Otro punto clave es la habilitación de medidas rápidas para la baja o bloqueo de dominios de juego no autorizados. Esa tarea quedará a cargo de NIC Argentina, en coordinación con las autoridades jurisdiccionales.

El objetivo es que la desactivación de sitios ilegales sea ágil y no dependa de procesos judiciales prolongados.

Sedronar y Salud liderarán campañas de prevención y tratamiento

En paralelo a las restricciones y sanciones, el proyecto refuerza el rol de Sedronar y el Ministerio de Salud en la prevención y tratamiento de la ludopatía.

Se prevén campañas de concientización, programas educativos, capacitación de agentes públicos y producción sistemática de información epidemiológica. El enfoque no es solo punitivo, sino también preventivo y asistencial.

"El proyecto procura consolidar un enfoque integral que combine la prevención, la educación, la concientización, asistencia y cooperación institucional", sostiene el mensaje oficial, al subrayar la necesidad de una respuesta coordinada entre Nación, provincias y la Ciudad de Buenos Aires.

Finalmente, el texto respeta el esquema federal vigente. Reconoce que la regulación del juego corresponde a las provincias, pero promueve mecanismos de articulación para enfrentar el crecimiento de las plataformas digitales ilegales.

Esa operatoria trasciende fronteras jurisdiccionales y requiere, según el Gobierno, una estrategia común que involucre a todos los niveles del Estado.

Con este envío al Senado, el oficialismo abre un nuevo frente en la agenda legislativa. El tema comenzó a escalar en preocupación pública por su impacto en los jóvenes y la expansión sostenida de las apuestas online en los últimos años.