Ley de Nietos: la ARVH pide revisar la instrucción que amplió el acceso a la nacionalidad española
La "ley de nietos" enfrenta su mayor ofensiva administrativa desde su implementación. La Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica (ARVH) presentó una serie de reclamos formales ante organismos del Estado español para cuestionar tanto la interpretación normativa de la ley como los mecanismos que usan los consulados para procesar el aluvión de solicitudes.
La entidad no apunta contra la ley en sí misma. Su objetivo es revisar una instrucción administrativa de 2024 que, según sostiene, amplió el universo de beneficiarios más allá de lo que el legislador español estableció originalmente.
Además, pidió suspender contratos y encomiendas con empresas públicas que apoyan a los consulados. El caso más polémico: un acuerdo por 1,13 millones de euros con una empresa estatal cubana para reforzar la oficina consular en La Habana.
Por qué la ofensiva se concentra en Buenos Aires y La Habana
Los principales reclamos de la ARVH están dirigidos a los consulados de España en Argentina y Cuba, ya que concentran una parte significativa de las solicitudes mundiales de nacionalidad bajo la "ley de nietos".
En Argentina, los cinco consulados españoles —Buenos Aires, Bahía Blanca, Córdoba, Mendoza y Rosario— acumulan cerca de un millón de solicitudes.
El Consulado General de España en Buenos Aires concentra aproximadamente 645.000 expedientes. De ese total, unas 220.000 personas ya fueron atendidas personalmente con documentación completa. Permanecen pendientes alrededor de 425.000 citas o trámites.
Cuba representa otro de los principales focos de demanda. El Consulado General de España en La Habana acumula aproximadamente 350.000 solicitudes. Ese volumen lo ubica entre las oficinas consulares con mayor cantidad de expedientes relacionados con la "ley de nietos".
La ARVH sostiene que el nivel de demanda vuelve especialmente relevante revisar qué tareas se delegan en empresas públicas o personal externo. También reclama mayor claridad sobre los mecanismos de control que garantizan que las funciones sensibles permanezcan en manos de funcionarios españoles.
El argumento de fondo: cuanto mayor es el volumen de expedientes, mayor es el riesgo de que se diluyan los controles sobre quién accede a qué información y quién toma decisiones clave en el proceso de reconocimiento de nacionalidad.
Qué cuestiona la ARVH de la instrucción que amplió la ley de nietos
El eje central de la ofensiva es una instrucción emitida en noviembre de 2024 por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública. En ese momento, el organismo estaba bajo la conducción de Sofía Puente.
La ARVH solicitó formalmente la revisión de oficio de ese texto normativo. Argumenta que extendió el alcance de la ley sin respaldo legal suficiente.
¿Qué dice la ley original? La disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática estableció el derecho a optar por la nacionalidad española para descendientes de españoles que fueron víctimas del exilio. El concepto clave: exilio provocado por motivos políticos, ideológicos o de creencia durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.
Según la ARVH, la instrucción de 2024 permitió incorporar también a descendientes de españoles que emigraron por razones económicas. Esa interpretación, sostiene la entidad, excede lo que el legislador quiso establecer.
La asociación reclama que la instrucción sea dejada sin efecto. Si prospera ese pedido, miles de expedientes podrían quedar en una zona gris administrativa hasta que se defina con precisión quiénes califican como beneficiarios legítimos de la norma.
El planteo no es menor. Define el punto de partida del resto de las medidas impulsadas por la ARVH, que busca suspender actuaciones relacionadas con la tramitación de nacionalidades mientras se determina el alcance legal exacto de la ley.
Por qué pide frenar algunos contratos en los consulados
La ARVH no se limitó a cuestionar la norma. También apuntó contra los mecanismos operativos que España desplegó para enfrentar el aluvión de solicitudes.
La entidad presentó un escrito dirigido a embajadores y cónsules españoles. En él, pidió suspender de manera cautelar los contratos, encomiendas de gestión y acuerdos de colaboración con Ineco.
Ineco es una empresa pública española que participa en tareas de apoyo relacionadas con la tramitación de expedientes de nacionalidad. La ARVH argumenta que determinadas funciones vinculadas con el reconocimiento de la nacionalidad española tienen una naturaleza jurídica e institucional que impide delegarlas en empresas externas.
El pedido de suspensión debería mantenerse, según la entidad, hasta que el Ministerio de Justicia resuelva la revisión de la instrucción de noviembre de 2024.
La asociación reclama que se establezca con precisión qué actividades puede desarrollar el personal de apoyo y cuáles deben permanecer exclusivamente en manos de funcionarios españoles. También exige mayor claridad sobre qué tareas corresponden a los organismos competentes del Registro Civil.
El cuestionamiento pone en el centro del debate un tema sensible: hasta dónde puede tercerizar un Estado funciones relacionadas con el reconocimiento de derechos fundamentales como la nacionalidad.
El contrato con una empresa estatal cubana que genera polémica
Uno de los reclamos más específicos de la ARVH apunta directamente al Consulado General de España en La Habana.
El 28 de julio de 2026, la entidad presentó un escrito formal ante el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. También lo dirigió a la Mesa de Contratación y otros organismos competentes.
El objetivo: pedir la revisión integral y la declaración de nulidad del expediente de contratación 2024SWs00114. Ese expediente corresponde a un contrato por 1,13 millones de euros adjudicado al Grupo PALCO.
PALCO es una empresa estatal cubana. El contrato la obliga a suministrar personal al consulado español en La Habana para reforzar la atención de expedientes de nacionalidad.
La ARVH cuestiona que una empresa estatal extranjera participe en tareas vinculadas con esos procedimientos. La entidad sostiene que la gestión de expedientes de nacionalidad involucra datos sensibles y funciones que no deberían quedar en manos de terceros, mucho menos de una empresa controlada por un gobierno extranjero.
Además, solicitó que se incorpore al expediente toda la documentación relacionada con la contratación. La lista incluye:
- Memorias justificativas
- Informes jurídicos, económicos y de seguridad
- Protocolos de control
- Documentación referida a protección de datos
También pidió una memoria económica detallada. Quiere conocer la cantidad de trabajadores involucrados, sus categorías profesionales, costos salariales y gastos de organización.
Otro punto clave: determinar qué tareas concretas realiza el personal suministrado, qué acceso tiene a los expedientes y a los sistemas informáticos consulares, y cuáles son las actuaciones que quedan reservadas exclusivamente a funcionarios españoles.
El presidente de la ARVH, Antonio Javier Campal Crespo, sostuvo que la asociación considera necesaria una revisión completa y transparente del expediente. Argumentó que se trata de un contrato relacionado con el funcionamiento de un consulado y con la gestión de expedientes de nacionalidad.
Qué viene ahora: la batalla administrativa y judicial recién empieza
La ARVH vinculó sus distintos reclamos con la necesidad de determinar primero cuál es el alcance legal de la "ley de nietos". A partir de esa definición, sostiene, se podrá revisar los mecanismos utilizados para procesar las solicitudes.
Por eso, además de cuestionar la instrucción de noviembre de 2024, pidió suspender cautelarmente determinadas encomiendas y colaboraciones consulares. También reclamó la revisión del contrato con el Grupo PALCO en Cuba.
La entidad anticipó que continuará realizando presentaciones administrativas. Además, adelantó que recurrirá a la vía jurisdiccional en caso de considerar que corresponde hacerlo. Ese camino se activará a medida que obtenga nueva documentación oficial.
Los pedidos de la ARVH se producen mientras los consulados españoles afrontan un volumen extraordinario de expedientes. El reclamo de la asociación, sin embargo, está centrado en una cuestión previa: determinar si la interpretación administrativa que amplió el universo de posibles beneficiarios de la "ley de nietos" se ajusta al alcance establecido por la Ley de Memoria Democrática.
También busca definir si las tareas vinculadas con esos expedientes pueden ser realizadas por empresas o personal externo. La respuesta a esas preguntas puede redefinir cómo se tramitan cientos de miles de solicitudes en los consulados más congestionados del mundo.