El gobernador de La Rioja firmó un DNU contra tasas abusivas y suspendió las ejecuciones prendarias
La Rioja se convirtirá en la primera provincia en regular por decreto los créditos de consumo para frenar prácticas consideradas abusivas. El gobernador Ricardo Quintela anunció que firmará un DNU que crea el Régimen de Protección Integral de Usuarios de Crédito para Consumo de la Familia Riojana.
La medida apunta directamente al sobreendeudamiento. Quintela aseguró que muchas familias quedaron atrapadas en ciclos de refinanciación con tasas elevadas.
"Atravesamos una situación de extrema gravedad que requiere una respuesta concreta del Estado provincial", afirmó el mandatario en las redes sociales. El decreto busca establecer límites frente a esquemas que comprometen buena parte de los ingresos de los hogares.
La decisión no apunta a restringir el acceso al financiamiento. El objetivo es evitar que la necesidad económica derive en condiciones desproporcionadas.
Qué cambios trae el régimen provincial de protección crediticia
El nuevo marco regulatorio amplía la intervención del Estado riojano sobre el mercado de créditos de consumo. La provincia ya había avanzado con medidas relacionadas con descuentos salariales.
Ahora suma este régimen integral que fiscalizará tanto a entidades formales como a prestamistas informales. La aplicación concreta dependerá de la reglamentación que dicte el Ejecutivo provincial.
Según Quintela, el problema escaló porque muchas personas ya no solicitan créditos para inversiones o mejoras, sino exclusivamente para afrontar obligaciones previas, una dinámica que profundiza el endeudamiento en lugar de resolverlo.
El gobernador advirtió que esta espiral de refinanciaciones sucesivas termina comprometiendo salarios completos. Las familias quedan atrapadas en pagos que no reducen el capital original.
Por qué La Rioja suspendió las ejecuciones prendarias
La provincia promulgó paralelamente una ley que suspende por 180 días las ejecuciones prendarias. La medida alcanza a todos los procesos en curso donde hay bienes entregados como garantía.
Las ejecuciones prendarias permiten a los acreedores quedarse con autos, motos o maquinaria cuando el deudor incumple. La pausa de seis meses busca abrir instancias de negociación antes de concretar la pérdida del bien.
La norma no elimina las deudas ni modifica los contratos vigentes. Tampoco cancela obligaciones. Lo que hace es frenar temporalmente el proceso judicial de ejecución.
El objetivo declarado es que acreedores y deudores encuentren soluciones alternativas. La provincia considera que la situación económica actual justifica esta pausa extraordinaria.
Durante ese período de 180 días, ningún riojano podrá perder su vehículo o bien prendado por vía judicial. La medida rige desde su promulgación.
El caso de usura que destapó el problema en la provincia
La decisión del Gobierno riojano tiene un antecedente concreto. Semanas atrás, la División de Delitos Económicos investigó una red de préstamos clandestinos con tasas superiores al 1000%.
La investigación terminó con la detención de un hombre acusado de otorgar financiamiento ilegal y presionar a una mujer hasta obligarla a ceder un terreno como pago.
Quintela utilizó este caso para justificar la necesidad de reforzar controles. El gobernador aseguró que algunas operaciones bajo investigación presentaban condiciones que calificó directamente como usurarias.
El esquema detectado operaba fuera del sistema financiero formal. Los prestamistas cobraban intereses astronómicos y aplicaban presiones extrajudiciales para el cobro.
La provincia considera que este tipo de prácticas se multiplicaron en los últimos meses. El deterioro de los ingresos familiares habría generado un caldo de cultivo para operaciones al margen de la ley.
Con el nuevo régimen, La Rioja busca atacar tanto el financiamiento formal con tasas elevadas como estos circuitos clandestinos. La reglamentación definirá las facultades concretas de fiscalización y las sanciones aplicables.