Deudas, tarjetas, préstamos y morosidad: qué se discutirá en Diputados y qué puede pasar

La situación de endeudamiento y morosidad de las familias llegará nuevamente a la Cámara de Diputados el próximo 9 de septiembre, cuando se realice una sesión especial para avanzar con el tratamiento en comisiones de los proyectos vinculados con deudas, tarjetas de crédito, préstamos y financiamiento a través de billeteras virtuales y fintech.

El tema ya había llegado al recinto el 26 de agosto, cuando la oposición intentó incorporar al temario una serie de iniciativas sobre la problemática. El pedido no alcanzó la mayoría especial de tres cuartos necesaria para modificar el orden de la sesión, pero obtuvo los votos para avanzar en otra sesión, cuatro más que los necesarios para habilitar una sesión especial.

La convocatoria quedó fijada para el 9 de septiembre a las 12 y tendrá como objetivo principal emplazar a las comisiones para que comiencen formalmente a tratar los expedientes. Esto significa que ese día no necesariamente se votará una ley de desendeudamiento: el paso previsto es poner en marcha el tratamiento parlamentario de las distintas propuestas.

En Diputados hay 48 expedientes relacionados con el endeudamiento y la morosidad, de los cuales 30 son proyectos de ley. Las iniciativas tienen enfoques diferentes y abarcan desde reformas a la Ley de Tarjetas de Crédito hasta mecanismos para reestructurar deudas, límites a intereses, regulación de cobranzas y sistemas de prevención del sobreendeudamiento.

Los principales proyectos sobre endeudamiento familiar que se debatirán en el Congreso

Uno de los puntos que deberá resolver el Congreso es si las distintas iniciativas pueden confluir en un texto común. Los proyectos no plantean una única solución: algunos apuntan a quienes ya están en mora, otros buscan prevenir que una persona llegue al sobreendeudamiento y otros proponen modificar las condiciones generales bajo las cuales funciona el crédito al consumo.

Revisar y reordenar las deudas antes de llegar a juicio

El diputado de Provincias Unidas Pablo Juliano presentó un proyecto para crear un Régimen de Protección y Defensa de Usuarios Financieros y de Prevención del Sobreendeudamiento en el sistema de crédito.

La propuesta contempla que una persona que tenga más de una deuda pueda solicitar una instancia para revisar el conjunto de sus obligaciones. Allí se determinaría cuánto corresponde al capital, cuánto a intereses y cuáles son las condiciones para reorganizar los pagos.

El mecanismo funcionaría como una instancia previa a un juicio. El objetivo sería permitir que el deudor pueda discutir la composición de la obligación y negociar una reestructuración antes de afrontar un proceso judicial.

El proyecto no plantea una condonación generalizada de las deudas ni que el Estado asuma los créditos impagos. Tampoco establece una tasa de interés máxima. Según explicó Juliano, la herramienta estaría destinada a ordenar deudas ya existentes y facilitar acuerdos entre las partes.

El alcance incluiría créditos bancarios y también préstamos otorgados por otros proveedores, como billeteras virtuales y plataformas financieras digitales.

Emergencia crediticia y fondo de desendeudamiento

La diputada de Unión por la Patria Natalia Zaracho, junto con otros legisladores de ese espacio, impulsa el Régimen Esencial de Desendeudamiento de las Familias Argentinas.

El proyecto propone declarar durante dos años la emergencia crediticia de las familias y establecer un régimen específico para reestructurar las obligaciones acumuladas.

La iniciativa busca determinar qué personas y qué deudas quedarían alcanzadas. También contempla exclusiones, entre ellas las obligaciones alimentarias, y propone crear un Fondo del Régimen Esencial de Desendeudamiento, integrado con aportes públicos y privados y con los recursos recuperados mediante los planes de pago.

El proyecto apunta especialmente a hogares que recurrieron a tarjetas, préstamos personales y créditos no bancarios para afrontar gastos corrientes.

Emergencia, reestructuración y crédito responsable: las alternativas en danza

Emergencia y reestructuración

Los diputados Caren Tepp y Diego Giuliano, de Unión por la Patria, impulsan una propuesta de emergencia para el desendeudamiento social.

El proyecto para refinanciar las deudas de familias de tarjetas de crédito y préstamos personales que se encuentren en mora y propone mecanismos para reestructurar esas obligaciones y reducir el peso de las cuotas sobre los ingresos familiares.

La iniciativa se concentra, por lo tanto, en quienes ya tienen dificultades para cumplir con sus pagos, en lugar de limitarse a medidas preventivas.

Crédito responsable y desendeudamiento

La diputada Marcela Pagano presentó un proyecto para establecer un marco integral de crédito responsable y desendeudamiento del consumidor financiero.

La propuesta combina herramientas preventivas con mecanismos destinados a quienes ya acumularon obligaciones por encima de su capacidad de pago. El objetivo es intervenir tanto antes de que se produzca el sobreendeudamiento como cuando la persona ya se encuentra en una situación de incumplimiento.

Crédito responsable y límites a las cobranzas

El diputado Esteban Paulón presentó cuatro proyectos vinculados con el problema. Las iniciativas abarcan la regulación del crédito responsable, la cobranza abusiva, la obligación de brindar respuesta a los reclamos y mecanismos para facilitar el desendeudamiento.

Según explicó, "una de las líneas centrales de sus propuestas es establecer reglas específicas para las gestiones de cobro extrajudicial".

El proyecto de trato digno para consumidores sobreendeudados busca impedir:

• Llamadas en horarios inapropiados
• Contactos con terceros
• Amenazas y lenguaje intimidatorio
• Simulaciones de notificaciones judiciales
• Límites a la reiteración de comunicaciones y mayores obligaciones de información sobre el origen y la composición de la deuda

Emergencia crediticia

Los diputados Nicolás del Caño, Myriam Bregman, Romina Del Plá y Néstor Pitrola presentaron otro proyecto para declarar durante dos años, con posibilidad de prórroga, la emergencia crediticia de los hogares.

El expediente fue girado a las comisiones de Finanzas, Justicia, Defensa del Consumidor y Presupuesto y Hacienda.

La inclusión de Presupuesto y Hacienda será relevante porque las distintas iniciativas difieren respecto de si requieren recursos públicos, fondos de garantía o subsidios para determinadas operaciones.

Reformas a la Ley de Tarjetas de Crédito: qué cambios se proponen

Otro grupo de proyectos propone modificar directamente la Ley 25.065 de Tarjetas de Crédito.

Una de las iniciativas plantea ampliar la protección de los usuarios frente a determinadas cláusulas contractuales. Entre otras medidas, busca impedir la modificación unilateral de contratos, los cargos fijos por mora, el cobro de servicios no solicitados y determinadas condiciones que puedan generar obligaciones para el consumidor sin que exista un vínculo contractual perfeccionado.

También propone establecer límites para determinadas comisiones y modificar las reglas sobre intereses punitorios. En el proyecto mencionado, el interés punitorio no podría superar en más de un 20% al compensatorio y no podría capitalizarse.

Otro expediente propone un régimen especial de saneamiento para personas con al menos 60 días de mora y deudas de tarjetas que no superen el equivalente a 20 salarios mínimos.

El esquema contempla planes de pago de hasta 36 meses, una reducción mínima del 50% de los intereses punitorios, un período de gracia de 60 días y la suspensión de determinadas acciones judiciales mientras se cumpla el acuerdo.

La propuesta también crea un Fondo Nacional de Recuperación de Deudas de Consumo, que tendría entre sus funciones respaldar a entidades, subsidiar tasas para determinados sectores y absorber créditos incobrables.

Límites a los intereses y al nivel de endeudamiento

Hay además proyectos que buscan establecer límites específicos al costo del financiamiento.

Una de las propuestas establece que las tasas de interés compensatorio no puedan superar en más de un 25% determinadas tasas de referencia. También plantea que el endeudamiento total mediante tarjeta no supere el 30% de los ingresos del usuario.

En cuanto a los cargos no financieros, establece que deberían corresponder a servicios efectivamente prestados y no superar el 5% del monto financiado. También fija condiciones para los intereses punitorios y obliga a informar de manera clara el costo financiero total y las condiciones de los débitos automáticos.

Otro proyecto adopta un enfoque preventivo mediante una denominada "tarjeta autocontrolada". El usuario podría establecer voluntariamente un límite de gasto inferior al crédito disponible. La tarjeta emitiría alertas al alcanzar el 50% de ese límite y rechazaría operaciones que lo superaran.

Un régimen integral con mediación y planes de hasta cinco años

Entre las propuestas de mayor alcance aparece un régimen integral de prevención y tratamiento del sobreendeudamiento.

El proyecto establece la obligación de evaluar la solvencia del consumidor antes de otorgar un crédito y crea una instancia de mediación administrativa obligatoria y gratuita, con un plazo máximo de 60 días.

Si las partes no alcanzan un acuerdo, se habilitaría un procedimiento judicial específico. Los planes de reestructuración podrían extenderse hasta cinco años y no deberían comprometer más del 35% de los ingresos del deudor. También podrían incluir quitas, esperas y reordenamiento de pagos.

El texto contempla, además, la posibilidad de extinguir las deudas remanentes una vez cumplido el plan o alcanzado el plazo máximo, con determinadas excepciones, y prevé la rehabilitación del deudor dentro del sistema financiero.

Qué puede pasar en Diputados con los proyectos de desendeudamiento

El escenario inmediato estará marcado por la sesión especial del 9 de septiembre. El objetivo será emplazar a las comisiones para que comiencen a tratar los expedientes.

El paso es relevante porque varias iniciativas necesitan pasar por Finanzas, Defensa del Consumidor, Justicia y, según su contenido, Presupuesto y Hacienda. La mayoría de los proyectos no puede convertirse directamente en ley sin atravesar esa instancia parlamentaria.

La sesión del 26 de agosto mostró que existe una cantidad de diputados suficiente para impulsar una sesión especial: los 133 votos obtenidos superaron los 129 necesarios para reunir quórum. Sin embargo, el número no implica que exista todavía un acuerdo sobre el contenido de una futura ley.

Por eso, el siguiente paso será determinar qué iniciativas pueden unificarse y cuáles deberán continuar por separado. Entre las principales diferencias están el universo de personas alcanzadas, los tipos de deuda incluidos, los límites a las tasas, la participación del Estado y el eventual financiamiento de los mecanismos de alivio.

También deberá definirse si el Congreso avanza con una herramienta de mediación y reestructuración, con una reforma de las reglas de tarjetas y crédito, con un régimen de emergencia o con una combinación de esas alternativas.

El material parlamentario identifica como uno de los primeros puntos a resolver si las medidas estarán dirigidas a las personas que tienen cualquier tipo de deuda o exclusivamente a quienes ya se encuentran en mora. También deberá determinarse si el régimen abarcará únicamente créditos bancarios o incluirá tarjetas comerciales, fintech, billeteras virtuales y otros proveedores.

Así, la sesión de septiembre no definirá por sí sola cómo quedarán las deudas de las familias. El resultado esperado es el inicio formal de un proceso legislativo que deberá determinar qué propuestas avanzan, cuáles se modifican y si los distintos proyectos pueden convertirse en un texto común para su posterior tratamiento en el recinto.