Justicia al límite: el Gobierno cubrirá 170 cargos vacantes pero sigue el colapso por falta de magistrados

El Gobierno se encamina a cubrir 170 vacantes en la Justicia Nacional y Federal con los pliegos que aprobó el Senado en lo que va del año y los respectivos nombramientos que ya realizó, pero todavía continúa el colapso en la mayoría de los tribunales del país por la falta de magistrados y de infraestructura, entre otros factores clave.

En forma paralela, el Ejecutivo no tiene previsto por el momento cubrir las dos sillas vacías que hay en la Corte Suprema de Justicia, aunque el presidente Javier Milei lo haría antes de finalizar este mandato o en el próximo, en caso de ser reelecto, según adelantó en las últimas horas el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

Este año, el Senado dio acuerdo a 129 nuevos jueces (79 nacionales y 50 federales), además de:

• 15 fiscales (6 nacionales y 9 federales)
• 21 defensores (9 nacionales y 12 federales)
• Dos listas de conjueces (una nacional y una federal)
• El visto bueno para que tres magistrados que cumplieron más de 75 años sigan en sus cargos (dos nacionales y uno federal)

Así surge del recuento que lleva la cartera de Justicia.

Se nombraron magistrados en todo el país y entre los que extendieron sus funciones está el padre del ministro, Carlos Mahiques, integrante de la Cámara Federal de Casación Penal, cuya continuidad por cinco años fue votada en mayo y operará desde noviembre.

Además de una primera tanda en junio y julio, a fines de agosto se aprobaron los pliegos de 67 jueces, entre ellos los de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola para la Cámara Federal porteña, que debe tratar causas sensibles para el Gobierno como Libra y Andis.

Poder Judicial: un centenar de decretos firmados tras dos años de parálisis

En caso de que Milei firme todos los decretos correspondientes (van 103 hasta el 4/9), se convertirá en el presidente que más jueces habrá designado en unos pocos meses. Sin embargo, en los dos primeros años de gestión, cuando el ministro de Justicia era Mariano Cúneo Libarona, el mandatario sólo envió los pliegos de los dos postulantes a integrar la Corte Suprema de Justicia, Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, cuyos nombres salieron eyectados del Senado luego de haber aceptado ser nombrados en comisión.

Además, pese a que había un 35% de vacantes en el Poder Judicial, el Ejecutivo retiró los pliegos que ya estaban en la Cámara alta con el argumento de que no podía conseguir los acuerdos necesarios con la oposición.

Sin embargo, esta situación se modificó a partir de marzo último con la asunción en la cartera de Justicia de Mahiques, que motorizó el envío de pliegos pendientes; y de las gestiones de la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta, Patricia Bullrich, quien logró consensos con todos los espacios políticos para cubrir las vacantes, destacan desde el Gobierno.

"Había gente de la que se habían mandado sus pliegos hacía 8 años, su nombre fue enviado al Senado por dos gobiernos distintos y retirado posteriormente. Había juzgados vacantes hacía diez años", afirmó en una entrevista ofrecida en los últimos días el ministro de Justicia, quien calificó la situación heredada de "alarmante".

Luego mencionó situaciones absurdas que se estaban dando, como el caso de la jueza federal de General Pico (La Pampa), Ivana Hernández, que además de estar a cargo de su juzgado subrogaba otro en Tartagal (Salta), a casi 1700 kilómetros de distancia.

Más de 300 vacantes en etapa de selección y designación

Más allá de este avance significativo, datos del Consejo de la Magistratura del mes de agosto indican que aún resta un largo camino para ocupar todos los cargos de jueces: actualmente hay 159 vacantes y 75 concursos en trámite en ese ámbito. A ese universo se agregan 95 cargos sin cubrir que ya fueron elevados al Poder Ejecutivo y permanecen a la espera de una definición presidencial, además de 59 vacantes en trámite ante el Senado. En conjunto, hay 313 vacantes distribuidas entre las distintas etapas de selección y designación.

Es que el mecanismo previsto en la Constitución es complejo: en el caso de los jueces, cuando se produce una vacante o se crea un nuevo juzgado, primero el Consejo de la Magistratura debe convocar y realizar el concurso, elaborar una terna y elevarla al Poder Ejecutivo. Luego, el Ejecutivo selecciona un candidato y remite su pliego al Senado para que lo analice. Finalmente, si la Cámara alta presta acuerdo, el nombramiento queda pendiente de la firma y publicación del decreto presidencial.

El caso más resonante que aún no recibió aval del Ejecutivo es el de María Verónica Michelli, cuyo pliego fue aprobado en junio para ocupar un lugar en el Tribunal Oral Federal número 3 de La Plata. Micheli es funcionaria de carrera y cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, que realizó numerosas investigaciones que comprometieron al Gobierno.

Además de su complejidad, el sistema de selección es cuestionado por algunos sectores: este jueves la presidenta del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, Alejandra García, advirtió que solo seis de los 170 magistrados a los que el Senado les dio acuerdo ejercían la profesión de abogados.

En ese sentido, reclamó que los concursos garanticen igualdad de condiciones entre quienes provienen del ejercicio profesional y quienes integran el Poder Judicial, que fueron los más favorecidos.

García ratificó además el respaldo del Colegio a la propuesta de la Corte en materia de concursos. Según explicó, el proyecto apunta a reducir la discrecionalidad mediante reglas más claras para las entrevistas personales, fortalecer la evaluación basada en el mérito y la idoneidad y reconocer el ejercicio profesional como un antecedente relevante. Dentro del Consejo de la Magistratura, las aguas están divididas sobre este punto.

Las reformas que se vienen y qué pasa con la Corte Suprema

Mientras se avanza con las designaciones, el Ministerio de Justicia prepara una reforma que podría enviar al Congreso este mes y que apunta en especial a reorganizar los juzgados federales y a reducir algunos.

Una de las ideas que se barajan es bajar de 12 a ocho los juzgados de primera instancia de Comodoro Py, que actualmente tienen cuatro vacantes. También se estudia reducir de 13 a nueve los integrantes de la Cámara Federal de Casación Penal, a la que actualmente le faltan tres magistrados.

"Estamos trabajando en una reorganización de la justicia federal y nacional que busca equilibrarla; hay una diferencia abismal entre la de las provincias y la de la ciudad de Buenos Aires. Hay una asimetría muy grande", remarcó Mahiques en la entrevista.

"No se han ocupado de cubrir las vacantes, de inversiones en materia tecnológica, de infraestructura. Hay que tener vocación para ser judicial en el fuero de familia, el fuero comercial, el laboral", sostuvo el funcionario en relación a los anteriores gobiernos.

Acerca de la Corte Suprema de Justicia, Mahiques aseguró que "el Presidente, en este o en su próximo mandato" la va a completar para que vuelva a tener cinco miembros, aunque destacó que el máximo tribunal actualmente funciona correctamente con sus tres integrantes, pese a que debe convocar a conjueces para resolver algunas causas.