La reforma laboral entra en una nueva etapa: los jueces empiezan a definir sus límites

Cuando el Congreso sanciona una reforma importante, suele instalarse la sensación de que el debate terminó. La ley se publica, comienza a regir y las empresas empiezan a adaptar sus políticas internas conforme al nuevo marco normativo. Sin embargo, la experiencia demuestra que las verdaderas reglas de juego rara vez quedan definidas el día en que una ley entra en vigencia. En realidad, ese suele ser apenas el comienzo de una etapa mucho más trascendente: la interpretación que harán los tribunales.

Los primeros pronunciamientos judiciales sobre la reciente reforma laboral empiezan a confirmar esa realidad. Uno de ellos declaró inconstitucional el mecanismo que permitía, en determinados supuestos, el pago de indemnizaciones judiciales en cuotas. Más allá de la discusión jurídica sobre ese caso concreto, el fallo deja una enseñanza mucho más importante para el mundo empresario: las reformas laborales no terminan cuando son sancionadas; comienzan cuando los jueces empiezan a aplicarlas.

Ese es un aspecto que muchas organizaciones suelen pasar por alto. Existe una tendencia natural a considerar que la publicación de una ley elimina la incertidumbre. En realidad, ocurre exactamente lo contrario. Durante los primeros años de vigencia de una reforma es cuando aparecen las mayores dudas interpretativas, los criterios contradictorios entre tribunales y los primeros controles de constitucionalidad. Es precisamente en ese período donde las empresas enfrentan el mayor nivel de exposición jurídica.

Por esa razón, construir toda una política laboral exclusivamente sobre el texto de una norma recién sancionada puede generar una falsa sensación de seguridad. Una disposición que hoy parece plenamente aplicable puede encontrar límites cuando comienza a ser analizada por los jueces. No significa que toda la reforma vaya a ser declarada inválida. Significa algo mucho más importante: que algunas herramientas pueden terminar siendo interpretadas de manera diferente a la imaginada por quienes las diseñaron.

Lo que observo con frecuencia en la práctica profesional es que muchas empresas concentran toda su atención en conocer qué les permite hacer una nueva ley. Esa información es necesaria, pero resulta insuficiente. La verdadera pregunta estratégica no es qué autoriza una norma, sino cuáles de esas herramientas probablemente resistirán el análisis judicial en los próximos años. Esa diferencia cambia completamente la forma de administrar el riesgo.

La historia del derecho laboral argentino ofrece numerosos ejemplos de reformas que fueron modificando su alcance a medida que avanzaban los litigios. Muchas disposiciones que inicialmente parecían claras terminaron siendo reinterpretadas por la jurisprudencia, mientras que otras fueron limitadas o directamente desplazadas por decisiones judiciales posteriores. Pensar que el texto legal representa la última palabra suele ser uno de los errores más costosos que puede cometer un empleador.

Desde el punto de vista empresarial, el problema trasciende la discusión jurídica. Una compañía puede modificar contratos, rediseñar políticas de Recursos Humanos, reorganizar procesos internos o planificar desvinculaciones apoyándose en una determinada interpretación de la ley. Si esa interpretación cambia pocos meses después por efecto de la jurisprudencia, las consecuencias económicas pueden ser significativas. No sólo aumentan los costos del conflicto; también aparecen contingencias que la empresa creyó haber eliminado.

Por eso considero que la administración del riesgo laboral exige mirar simultáneamente dos escenarios. El primero es el texto de la ley vigente. El segundo, y muchas veces el más importante, es la evolución de los criterios judiciales. Una empresa que sólo observa el primero trabaja con una fotografía estática. Una empresa que sigue ambos escenarios comprende hacia dónde se está moviendo realmente el sistema.

Después de más de treinta años asesorando empleadores llegué a una conclusión que rara vez encuentra excepciones: las mejores decisiones laborales no son las que aprovechan todas las herramientas que ofrece una reforma, sino aquellas que seguirían siendo razonables incluso si mañana cambiara la interpretación de los tribunales. Esa forma de pensar reduce significativamente la exposición futura y evita que una novedad legislativa se transforme, con el paso del tiempo, en una fuente inesperada de litigios.

Las reformas laborales son necesarias y forman parte de la evolución del sistema jurídico. Pero ninguna empresa debería olvidar que entre la ley escrita y la ley aplicada existe un largo recorrido construido por los jueces. Comprender esa diferencia permite tomar decisiones mucho más prudentes, proteger el patrimonio de la organización y anticipar conflictos antes de que lleguen a un expediente.