Sistema acusatorio: ya rige en 17 provincias, pero se demora su llegada a Comodoro Py
:quality(75):max_bytes(102400)/https://assets.iprofesional.com/author/692e0aedd7c28.jpg)
:quality(75):max_bytes(102400)/https://assets.iprofesional.com/assets/jpg/2020/03/493052.jpg)
Puntos importantes
El nuevo sistema acusatorio federal avanza en el país, centralizando las investigaciones en los fiscales para agilizar procesos judiciales.
Sin embargo, en Comodoro Py persiste la demora por falta de recursos humanos, personal capacitado y salas de audiencias adecuadas.
Para evitar el fracaso del modelo, es urgente resolver el déficit edilicio y completar vacantes, garantizando una transición eficaz.
Los fiscales federales ya se hacen cargo de las investigaciones en 17 provincias del país, un avance que se produce en medio de la resistencia de los fiscales en Comodoro Py por la falta de recursos, pero el sistema continúa siendo de difícil implementación en los tribunales de Comodoro Py, donde está previsto que empiece a regir en cinco meses, porque restan resolver cuestiones edilicias y de personal, entre otras.
El Gobierno tuvo que prorrogar varias veces la puesta en marcha del nuevo Código Procesal Penal Federal (CPPF) en la Ciudad de Buenos Aires, donde se concentran las causas de corrupción y criminalidad económica más relevantes del país, debido a la oposición de los fiscales.
En las reuniones entre representantes del Ministerio de Justicia y la Procuración General de la Nación, los funcionarios de los fueros Criminal y Correccional y Penal Económico dejaron en claro que están totalmente de acuerdo con que comience a regir el CPPF, pero primero hay que resolver la falta de recursos.
Las claves del nuevo sistema son:
- Las investigaciones quedan en manos de los fiscales
- Los jueces controlan el proceso, que se cumplan las garantías constitucionales y resuelven en audiencias orales los pedidos de las partes
- Desaparece el expediente en papel, por lo que las causas se agilizan
- Los plazos son más breves y por eso también las decisiones
Rívolo: "El sistema es ágil, pero sin integrantes suficientes puede fracasar"
Consultado por iProfesional, el fiscal federal Carlos Rívolo explicó que el tema del faltante de personal "es un punto clave y a visualizar en el presente y futuro" porque "sabido de antaño es que el sistema acusatorio debe prever la existencia de mayor cantidad de miembros de los ministerios públicos que el Poder Judicial debido a que la naturaleza del sistema lleva a una actuación personal del fiscal".
"Ya en su momento el profesor (Julio) Maier, de los primeros que estudió e introdujo al sistema adversarial, hablaba de una proporción de tres fiscales a un juez", explicó Rívolo, que lleva unos 40 años trabajando en la Justicia e intervino en causas emblemáticas como la tragedia de LAPA y Ciccone Calcográfica.
Al respecto, advirtió que "un sistema que de por sí es ágil, sin integrantes suficientes puede fracasar".
Lo que sucede es que actualmente cada fiscalía tiene alrededor de 15 empleados, mientras que los juzgados cuentan con unos 40.
Por esa razón, los fiscales pidieron que la cartera de Justicia analice un traspaso de personal y cómo se realizaría, ya que quienes trabajan en los juzgados pertenecen al Poder Judicial y los de las fiscalías al Ministerio Público Fiscal (MPF), que es un ente autárquico.
Se aportan edificios, pero aún hay fiscalías vacantes
Otra cuestión que todavía no se terminó de resolver es la edilicia, ya que por el nuevo código todas las audiencias deben ser orales y se necesitan salas equipadas con ese fin.
Desde el Ministerio de Justicia informaron que ya se entregó un edificio a la Procuración y se prevé otorgar dos más en el corto plazo. También recordaron que se brindó equipamiento y software de última generación.
A mediados de agosto, el Poder Ejecutivo le cedió al MPF un predio denominado "La Monedita" según informó la Procuración General de la Nación. El mismo está ubicado en Retiro, que linda con los tribunales de Avenida de los Inmigrantes 1950 (sede del fuero Penal Económico) y está a pocas cuadras de los de Comodoro Py 2002.
El inmueble fue asignado por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y desde la cartera a cargo de Juan Bautista Mahiques se encargaron de la refacción, adecuación y acondicionamiento de las instalaciones y de la provisión de equipamiento y mobiliario.
Allí está previsto que funcione la Oficina de Recepción de Denuncias y de Custodia de Evidencia, también creada por el nuevo código.
Para Rívolo, es menester que el MPF tenga sus propios inmuebles para que sean sedes de laboratorios, fiscalías de especialidades y grupos de trabajo donde el sistema, tal como fue concebido, "cobra mayor vida".
Otro asunto urgente a resolver son las vacantes. En Comodoro Py, no tienen titular dos fiscalías de primera instancia, una ante la Cámara y otra ante los tribunales orales. La Procuración ya llamó a concurso para cubrir esos cargos.
En Penal Económico hay 8 sillas para cubrir: tres pliegos ya fueron aprobados por el Senado, tres concursos ya terminaron y las ternas fueron enviadas al PEN y otras dos aún no se llamó a concurso.
Sistema acusatorio: ¿sigue habiendo resistencia de los jueces?
La implementación del nuevo CPPF no supone un mero reemplazo de una norma por otra, sino "un cambio de paradigma", sostuvo recientemente el Procurador General, Eduardo Casal.
Es que después de décadas, las causas dejarán de estar a cargo de los jueces y pasarán a los fiscales. "Entiendo que si hubo alguna resistencia, el tiempo va conciliando los criterios. Y la ola de avance que se va dando en el país necesariamente hará que los criterios se vayan unificando", afirmó Rívolo sobre este aspecto.
Y destacó que lo más importante es que se van a acelerar las investigaciones más complejas porque los fiscales estarán de principio a fin a cargo de los expedientes.
Según el nuevo CPPF, todo el proceso no puede prolongarse más allá de 36 meses en total:
- Investigación preliminar: duración máxima de un año, con la posibilidad de habilitar seis meses de prórroga
- Etapa intermedia: hasta 30 días de extensión
- Etapa de juicio oral: hasta cinco meses
En cuanto a los casos de mayor complejidad, como el narcotráfico o la trata de personas, el nuevo código establece la posibilidad de extender cada uno de estos plazos y una potencial duración máxima -para completar todo el proceso- de 6 años, cuando ahora es de alrededor de 15.
En qué distritos ya funciona el sistema acusatorio
Actualmente son diez las Fiscalías de Distrito del país donde se encuentra vigente el sistema acusatorio federal, pero en total el Código ya rige en 16 provincias y en un amplio sector de Buenos Aires porque algunos distritos abarcan a dos o tres.
Las jurisdicciones son:
- Salta (desde junio de 2019; incluye una fiscalía en la capital provincial, descentralizadas en Orán y Tartagal y otra en San Salvador de Jujuy)
- Rosario (desde mayo de 2024; incluye una unidad fiscal en esa ciudad, otra en Santa Fe y descentralizadas en Venado Tuerto, Rafaela, San Lorenzo, Reconquista y San Nicolás (Bs.As))
- Mendoza (desde agosto de 2024; incluye una fiscalía en la capital, otra en San Juan, otra en San Luis y descentralizadas en San Rafael y Villa Mercedes)
- General Roca (desde noviembre de 2024; incluye una fiscalía en esa ciudad y descentralizadas en Bariloche, Viedma y Zapala y una fiscalía en Neuquén)
- Comodoro Rivadavia (desde diciembre de 2024; incluye la de esa ciudad y fiscalías descentralizadas en Rawson, Esquel, Caleta Olivia y Río Grande y fiscalías en Río Gallegos y Ushuaia)
- Mar del Plata (desde abril de 2025; incluye una fiscalía en esa ciudad y descentralizadas en Dolores, Necochea, Azul y Tandil)
- Bahía Blanca (desde septiembre de 2025; incluye una sede fiscal en esa ciudad y otra en Santa Rosa, La Pampa)
- Resistencia (desde diciembre de 2025; incluye una fiscalía en esa ciudad, otra en Formosa y una descentralizada en Roque Sáenz Peña)
- Corrientes (desde diciembre de 2025; incluye una unidad fiscal en esa ciudad y descentralizadas en Goya y Paso de los Libres)
- Posadas (desde agosto de 2026; incluye una fiscalía en la capital provincial y descentralizadas en Eldorado, Oberá y Puerto Iguazú)
En tanto, de acuerdo con el cronograma previsto por el Ministerio de Justicia, los próximos distritos en los que entrará en vigencia son cuatro de enorme relevancia:
- La Plata: (21 de septiembre)
- Paraná (30 de noviembre)
- CABA: (15 de febrero)
- Córdoba (8 de marzo)
Para la puesta en marcha en cada distrito, se vienen realizando cursos y capacitaciones organizados por la Unidad Especial Estratégica para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Procuración General de la Nación (UNISA), el Ministerio de Justicia y la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUN).
Algunas se organizan en Buenos Aires y otras en Salta y San Salvador de Jujuy, que son los distritos con más experiencia. Por ejemplo, a principios de mes viajaron al norte del país 40 fiscales, auxiliares fiscales y funcionarios de La Plata, donde el sistema arranca el lunes próximo.
En Salta, los participantes presenciaron una audiencia de formalización de la investigación, dos de control de acusación y una de determinación de pena, y dialogaron con dos jueces de revisión.
En Jujuy, se hicieron dos audiencias orales: una de extradición y otra de sobreseimiento. Luego, los participantes se interiorizaron sobre la gestión de casos, las características del legajo fiscal y la carga en el sistema Coirón.
El último distrito donde se puso en marcha es Posadas, una jurisdicción relevante debido a su ubicación estratégica, a la extensión de sus fronteras con Paraguay y Brasil —cuenta con 37 pasos fronterizos habilitados— y el intenso movimiento de personas y mercancías que atraviesa la provincia.
