Seguinos en las redes
iProfesional | Legales

La Justicia bonaerense dio efecto suspensivo a la apelación por las tarifas de luz

La Cámara de Mar del Plata dio efecto suspensivo a la apelación de la Provincia contra la cautelar que había frenado el cuadro tarifario eléctrico

21/10/2026
Actualizado 11:53hs

La disputa judicial por las tarifas eléctricas en la provincia de Buenos Aires sumó una nueva resolución. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata hizo lugar a un recurso de queja de la Fiscalía de Estado y dispuso que la apelación contra la cautelar que frenó el cuadro tarifario tenga efecto suspensivo.

El pronunciamiento se enmarca en una demanda del Defensor del Pueblo bonaerense contra EDES, EDELAP, EDEA, EDEN y el Gobierno provincial. El planteo cuestiona la Resolución 585/2026 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, vinculada con las tarifas del servicio de distribución eléctrica.

Tarifas de luz en Buenos Aires: por qué la Justicia había frenado los aumentos

El conflicto comenzó con una decisión del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Bahía Blanca. El 18 de septiembre, ese tribunal aceptó el pedido cautelar del Defensor del Pueblo, suspendió la aplicación de la resolución ministerial y dispuso volver al esquema tarifario previo.

Entre los fundamentos de aquella medida figuró la falta de una audiencia pública o de otro mecanismo de participación de los usuarios antes de que se aprobaran las resoluciones que, desde 2021, modificaron transitoriamente los costos propios de distribución.

La Fiscalía de Estado bonaerense cuestionó esa decisión mediante un recurso de reposición y, de manera subsidiaria, una apelación. Además de impugnar la cautelar, solicitó que la revisión judicial tuviera efecto suspensivo.

Por qué la Provincia advirtió sobre el riesgo para el servicio eléctrico

La representación fiscal advirtió que aplicar de inmediato la medida podía poner en riesgo la continuidad y la sustentabilidad económica de la distribución eléctrica.

Según su planteo, recuperar el cuadro tarifario anterior implicaba dejar afuera determinados precios mayoristas y el ajuste del valor agregado de distribución correspondiente al período posterior. Esa diferencia, sostuvo, podía provocar ingresos insuficientes para cubrir los costos de la prestación.

El juez de primera instancia rechazó la reposición y habilitó la apelación, aunque no aceptó que se tramitara con efecto suspensivo. Ante esa negativa, la Fiscalía acudió en queja a la Cámara de Mar del Plata.

Qué evaluó la Cámara de Apelación

Al analizar el planteo, los camaristas consideraron que la presentación cumplía con los requisitos formales. También señalaron que la Provincia había fundamentado el posible daño grave al interés público y aportado informes técnicos para respaldar sus argumentos.

Para el tribunal, la afectación económica invocada contaba, en esta etapa del proceso, con justificación suficiente para determinar cómo debía tramitar la apelación. Aclaró, sin embargo, que esa evaluación no supone anticipar una decisión sobre la validez de la cautelar ni sobre el fondo de la controversia.

La resolución también tomó en cuenta las objeciones relacionadas con los recursos necesarios para afrontar los costos actuales del servicio. A eso se sumaron las dificultades que, según se indicó, había señalado el OCEBA para aplicar y controlar un esquema que conservara algunos componentes de la tarifa vigente y retrotrajera otros a valores anteriores.

Finalmente, la Cámara hizo lugar al recurso de queja y concedió efecto suspensivo a la apelación presentada por la demandada el 28 de septiembre. Las costas quedaron distribuidas en el orden causado, debido a la ausencia de contradicción.

Tarifas de luz y gas en octubre: cuánto aumentaron y cómo siguen los subsidios

Los usuarios residenciales comenzaron octubre con nuevos valores para los servicios de electricidad y gas. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), las facturas de luz aumentaron 1,64%, mientras que las de gas natural subieron 2,24%. Los ajustes se aplicaron junto con la continuidad de parte de los subsidios energéticos.

La actualización formó parte del proceso de revisión de los precios de la energía y de los componentes que integran las tarifas. En electricidad, los cambios alcanzaron los costos de distribución y transporte, además de los valores asociados a la compra mayorista de energía.

Luz: qué cambió en las tarifas de octubre

Uno de los componentes que se actualizó fue el Costo Propio de Distribución (CPD), que contempla los costos reconocidos a las empresas encargadas de llevar la electricidad hasta los hogares y comercios.

En octubre, el CPD de Edenor aumentó 2,41% respecto de septiembre, mientras que el de Edesur subió 2,34%. Estos porcentajes corresponden al componente de distribución y no representan, por sí solos, el incremento final de todas las facturas.

El transporte eléctrico también registró una actualización. Para las compañías del sector se estableció un aumento del 1,98%, que alcanzó a empresas como Transener, Transba, Transnoa, Transnea, Distrocuyo y Transpa.

Los cuadros tarifarios incorporaron distintos elementos de la estructura de costos del sistema. Entre ellos se encuentran los valores de la energía mayorista, el transporte y la distribución, además de los mecanismos de actualización previstos para cada segmento.

Cómo funcionan los subsidios eléctricos

La política de asistencia energética también tuvo modificaciones en octubre. El Gobierno mantuvo en 200 kilovatios hora mensuales el consumo base bonificado para los hogares alcanzados por los Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

Ese límite se había elevado desde los 150 kWh previstos originalmente para octubre y continuó vigente durante el mes. Sobre el consumo comprendido en el bloque bonificado se estableció, además, una bonificación extraordinaria del 25%.

El beneficio no implica que toda la electricidad consumida por un hogar tenga el mismo descuento. La bonificación está vinculada con el consumo contemplado en el esquema y con las condiciones de acceso a la asistencia estatal.