Una sociedad quedó disuelta tras el divorcio de sus dueños y denuncias por amenazas
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La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Junín ordenó disolver una sociedad de responsabilidad limitada (SRL) integrada por una expareja que se había casado después de constituir la empresa y luego se divorció en medio de denuncias por amenazas y violencia familiar. Los jueces consideraron que el conflicto entre los dos únicos socios impedía el funcionamiento normal de la firma y la toma de decisiones societarias.
El fallo revocó una sentencia de primera instancia que había rechazado el pedido de disolución presentado por la socia minoritaria. Para la Cámara, la pérdida de la affectio societatis -la voluntad de los socios de trabajar en un emprendimiento común- justificaba la disolución porque, en este caso, afectaba directamente la gestión de la empresa.
La causa se inició a partir de la demanda de una de las integrantes de la SRL contra el otro socio, quien posee el 70% de las cuotas sociales.
Por qué la Justicia ordenó disolver la SRL
Los integrantes de la sociedad habían contraído matrimonio después de crear la empresa. Tras el divorcio, la mujer inició actuaciones penales por amenazas y denuncias por violencia familiar contra su expareja. En ese contexto, la Justicia dispuso restricciones de comunicación y acercamiento entre ambos.
Al analizar el caso, los camaristas Ricardo Manuel Castro Durán y Gastón Mario Volta consideraron que esas medidas afectaban la posibilidad de mantener una gestión societaria normal.
También tuvieron en cuenta que el demandado concentra el 70% de las cuotas sociales, por lo que cuenta con la mayoría necesaria para adoptar las decisiones ordinarias de la empresa, según el artículo 159 de la Ley General de Sociedades 19.550.
En ese contexto, el tribunal sostuvo que los mecanismos legales para resolver las cuestiones societarias no podían funcionar con normalidad.
"Es evidente que no va a poder desarrollarse con normalidad el funcionamiento de la sociedad, ya que el régimen de resoluciones sociales previsto en el artículo 159 de la ley 19.550 va a constituir sólo una ficción de legalidad", señaló el juez Castro Durán.
Por ese motivo, entendió que el enfrentamiento entre los dos únicos socios no era una simple diferencia personal, sino una situación que impedía adoptar decisiones y sostener el funcionamiento de la firma.
Cuándo la pérdida de affectio societatis permite disolver una sociedad
La Cámara aclaró que la pérdida de affectio societatis no constituye por sí sola una causal de disolución. Las diferencias entre socios no justifican automáticamente el cierre de una empresa: deben impedir su funcionamiento normal o la concreción de su objeto social.
Los jueces también recordaron que la Ley General de Sociedades establece el principio de conservación de la empresa, por el cual se procura mantener la actividad societaria y evitar su disolución ante conflictos que no comprometan su continuidad.
Sin embargo, señalaron que ese criterio debe analizarse según las características de cada sociedad. En particular, consideraron que las empresas familiares o integradas por pocos socios requieren condiciones de colaboración para que puedan funcionar sus mecanismos de administración y gobierno.
En este expediente, la SRL estaba conformada por dos personas que mantenían restricciones judiciales de comunicación y acercamiento, mientras que uno de ellos tenía la mayoría de los votos. Para la Cámara, esa combinación impedía el funcionamiento normal de la sociedad.
Qué había resuelto la Justicia en primera instancia
En mayo de 2026, el juzgado de primera instancia había rechazado el pedido de disolución. La magistrada consideró que, aunque estaba acreditado el conflicto personal entre los socios, no se había demostrado una imposibilidad objetiva, total y definitiva de cumplir con el objeto social.
Para fundamentar su decisión, tuvo en cuenta que la empresa había continuado desarrollando su actividad comercial después del divorcio y de las denuncias por violencia familiar. La prueba incorporada al expediente no había acreditado una paralización de la operatoria.
También valoró que se habían dispuesto medidas judiciales sobre las cuentas vinculadas con la sociedad y mecanismos de intervención conjunta para percibir determinados ingresos.
La socia apeló el fallo. Entre sus argumentos, sostuvo que las amenazas denunciadas y las restricciones judiciales impedían mantener la relación societaria. Además, afirmó que la empresa estaba paralizada desde noviembre de 2024 y denunció que el otro socio transfería fondos de la firma a una cuenta personal.
El fallo de la Cámara
Al revisar la sentencia, los camaristas consideraron que la composición de la sociedad, la participación mayoritaria de uno de los socios y la gravedad del conflicto impedían el funcionamiento de los mecanismos de decisión previstos legalmente.
En consecuencia, hicieron lugar a la apelación, revocaron el fallo de primera instancia y declararon disuelta la SRL, de acuerdo con el artículo 94, inciso 4, de la Ley 19.550.
La Cámara también impuso las costas de ambas instancias al socio demandado.
