Fallo rechazó la movilidad jubilatoria de Alberto Fernández y obligó aplicar la de Macri
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La movilidad jubilatoria que rigió durante el gobierno de Alberto Fernández cayó por inconstitucional. La Sala 2 de la Cámara Federal de la Seguridad Social cuestionó la ley 27.609, que determinó los aumentos de haberes entre 2021 y mediados de 2024.
Los jueces Juan Fantini y Nora Dorado firmaron el fallo. El tribunal actúa en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires.
La resolución ordena a la Anses hacer un recálculo completo de los haberes de la demandante para ese período y aplicar, en reemplazo de la fórmula cuestionada, la modalidad de reajustes establecida en la ley aprobada en diciembre de 2017 durante la gestión de Mauricio Macri.
El expediente se caratuló "Galletta, Carmen c/ Anses s/ Reajustes varios". La sentencia de segunda instancia concluyó que la ley 27.609, aprobada en diciembre de 2020, provocó un deterioro significativo en las jubilaciones durante su vigencia.
La disposición judicial es clara. Especifica que la fórmula de la ley 27.426 debe aplicarse "de manera continua, desde enero de 2021 hasta junio de 2024 inclusive".
La ley de las 14 toneladas de piedras vuelve al centro del debate
La norma que ahora se usará para recalcular tiene historia. El Poder Legislativo la votó mientras había violentas protestas en la Plaza de los Dos Congresos.
Por ese motivo, se la conoce como "la ley de las 14 toneladas de piedras". Las manifestaciones dejaron una marca en la memoria colectiva.
El voto del juez Fantini rescata un antecedente clave. La Corte Suprema de Justicia avaló el cálculo de movilidad dispuesto en la ley 27.426, que estuvo vigente en 2018 y 2019.
Ese aval llegó en diciembre de 2025. Los jueces del tribunal superior rechazaron un pedido de declaración de inconstitucionalidad en la causa "Fernández Pastor, Miguel Ángel c/ Anses".
Qué impacto tendrá el recálculo ordenado por la Justicia
El fallo dictado en la causa Galletta no especifica cuál es concretamente el efecto económico de reemplazar los incrementos. No detalla el resultado final del recálculo.
Abogados previsionalistas hicieron sus propios cálculos. La aplicación de lo ordenado por los jueces podría resultar en un incremento de alrededor de 67% para la demandante.
Sin embargo, ese porcentaje dependerá de cómo se haga el cálculo al momento de la liquidación. Especialistas en la materia advierten que se requieren especificaciones técnicas precisas.
La falta de claridad podría generar problemas. Incluso existe el riesgo de que el resultado final termine siendo nulo si no se siguen los pasos correctos.
Adrián Tróccoli, abogado especializado en temas previsionales, dio su interpretación en una entrevista con el diario La Nación. "Debería aplicarse la ley 27.426 hasta el reajuste pagadero en junio de 2024, considerando indicadores salariales y de inflación hasta diciembre de 2023", explicó.
A partir de allí, según Tróccoli, correspondería aplicar la regla del decreto de necesidad y urgencia 274, que establece seguir el Índice de Precios al Consumidor (IPC) con dos meses de rezago.
De seguirse ese criterio técnico, la cuenta daría efectivamente una suba del 67% en el haber de la jubilada demandante.
El abogado agregó un punto importante. Ese procedimiento permitiría evitar distorsiones generadas por estar cambiando entre dos sistemas con diferentes desfases temporales.
La ley 27.426 tiene seis meses de distancia entre el período de referencia de los indicadores y el mes de aplicación del reajuste. El DNU 274, en cambio, tiene solo dos meses de desfase.
Por qué cayó la fórmula de Alberto Fernández
La sentencia cuestiona puntos centrales de la ley 27.609. Esa fórmula no consideró la inflación en su cálculo, un dato que resultó fatal en un contexto de alta suba de precios.
Tampoco incluyó una "cláusula gatillo o un piso mínimo" para garantizar que no se perdiera poder adquisitivo. Esas ausencias dejaron desprotegidos a los jubilados.
La norma surgió de un proyecto en el que tuvo influencia la entonces vicepresidenta Cristina Kirchner. No solo carecía de garantías, sino que establecía un tope anual a la suba de las jubilaciones.
Ese tope no estaba vinculado con la variación de precios. Se ataba a la recaudación de los recursos para la Anses, un criterio que terminó siendo letal para los haberes.
La cláusula del tope efectivamente se aplicó, aun cuando ya se había perdido poder adquisitivo. Eso profundizó el deterioro de las prestaciones de manera dramática.
Cómo funciona la fórmula de Macri que vuelve a usarse
El cálculo previsto por la ley 27.426 para definir subas trimestrales de las jubilaciones tenía una mecánica específica. Consistía en sumar el 70% de la variación del IPC y el 30% de la variación de los salarios según el índice Ripte, tomando los datos con un semestre de rezago.
En cambio, la fórmula de la ley 27.609 consideraba la suba de salarios y la evolución de la recaudación de impuestos con derivación específica a la Anses.
El cálculo contemplaba también otros insumos. Algunos de esos componentes no eran de acceso público, lo que generaba opacidad.
Según el voto del juez Fantini, esa norma "careció de la previsibilidad necesaria para escenarios de crisis y alta inflación". Un recaudo que tanto la ley predecesora como la sucesora sí contemplaron al incluir parcial o íntegramente en su fórmula el IPC.
Qué dice el DNU que rige actualmente
El DNU 274, de marzo de 2024, es el que rige en la actualidad. Establece que los haberes jubilatorios se incrementan mensualmente en igual porcentaje que la variación de los precios de dos meses atrás.
Por ejemplo, en diciembre próximo habrá un reajuste de 2,17%. Ese porcentaje corresponde a la inflación de octubre pasado, según informó el Indec.
El escrito judicial incluye datos reveladores sobre el impacto del sistema anterior. Entre marzo de 2021 y marzo de 2024 hubo un reajuste acumulado de haberes de 553,55%.
Para el mismo lapso, haber utilizado el criterio del DNU 274 habría arrojado una suba de 1129,07%. La diferencia es notable y muestra la magnitud del deterioro sufrido.
Un año atrás, la misma Sala 2 de la Cámara Federal de la Seguridad Social había resuelto diferir su pronunciamiento. En un fallo con la firma de los jueces Fantini, Dorado y Walter Carnota, el tribunal decidió posponer por razones de "cautela" su posición sobre la constitucionalidad de la ley 27.609.
Ahora, ese diferimiento terminó. La declaración de inconstitucionalidad está hecha, aunque la Corte Suprema de Justicia de la Nación deberá dar la última palabra sobre el tema en futuras instancias judiciales.
