Cuando un conflicto empresario pasa al terreno penal, cambia la estrategia

El traspaso de competencias a la Justicia porteña obliga a las empresas a revisar prevención, negociación y gestión de conflictos
Jorge Grispo junto a una balanza y carpetas empresariales sobre negociación de conflictos.

En julio el anuncio del traspaso de nuevas competencias penales a la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires generó un intenso debate jurídico. La mayoría de los análisis se concentró en explicar qué delitos dejarán de ser investigados por la Justicia Nacional para pasar al ámbito porteño, cómo se implementará la transición y cuáles serán las cuestiones procesales involucradas. Sin embargo, creo que esa discusión deja de lado el aspecto que verdaderamente debería preocupar al sector empresario: cómo este cambio puede modificar la dinámica de los conflictos y las estrategias para resolverlos.

Cuando una reforma judicial se analiza exclusivamente desde la perspectiva institucional, el empresario suele concluir que se trata de un tema ajeno a su actividad. Después de todo, parecería ser una discusión entre jueces, fiscales y legisladores. Sin embargo, la organización del sistema judicial nunca es neutra para quien hace negocios. Los tiempos de respuesta, la cercanía del tribunal, la especialización de los operadores judiciales y la forma en que se desarrollan las investigaciones terminan influyendo directamente en la manera en que las personas y las empresas negocian sus diferencias.

Durante más de tres décadas litigando conflictos empresariales aprendí que los grandes problemas rara vez nacen en un expediente judicial. Empiezan mucho antes. Comienzan con una sociedad que deja de funcionar, un proveedor que incumple, un cliente que rompe una relación comercial, un ejecutivo que abandona la empresa llevándose información sensible o un competidor que cruza límites que antes nadie se animaba a cruzar. En esa primera etapa todavía existe margen para negociar. Todavía es posible administrar el conflicto. Pero cuando una de las partes decide trasladarlo al ámbito penal, el escenario cambia por completo.

El proceso penal incorpora un elemento que no siempre está presente en otros litigios: la presión. Ya no sólo se discute dinero. También entran en juego la reputación de la empresa, la imagen pública de sus directivos, la confianza de los bancos, la relación con clientes estratégicos e incluso la tranquilidad necesaria para seguir administrando el negocio. Muchas negociaciones cambian radicalmente cuando una denuncia penal aparece sobre la mesa. No porque la denuncia tenga necesariamente razón, sino porque modifica el equilibrio de fuerzas entre las partes.

Cómo impacta una denuncia penal en una empresa

Desde esa perspectiva, el traspaso de nuevas competencias penales a la Justicia porteña puede producir efectos que van mucho más allá del cambio de jurisdicción. Procesos potencialmente más cercanos, estructuras distintas de investigación y una mayor identificación territorial pueden alterar la velocidad con la que determinados conflictos evolucionan. Y cuando cambian los tiempos, también cambian las estrategias de quienes intervienen en ellos.

Por esa razón, considero que el principal error sería analizar esta reforma únicamente desde el punto de vista procesal. La verdadera pregunta no es qué juez será competente. La verdadera pregunta es cómo deberá adaptarse la estrategia preventiva de las empresas frente a este nuevo escenario. Quien continúe administrando sus conflictos con la misma lógica de hace diez años probablemente llegue tarde cuando el problema ya haya escalado.

Qué deben hacer las empresas antes de que un conflicto escale

Lo que observo con frecuencia es que muchas empresas siguen considerando al abogado como un profesional al que se consulta cuando el conflicto ya explotó. Esa mirada, además de costosa, suele ser ineficiente. La mayor parte de los riesgos empresariales pueden reducirse mucho antes de que aparezca una demanda o una denuncia penal. Una buena documentación, políticas internas claras, mecanismos de cumplimiento, protocolos para investigaciones internas y una adecuada gestión de crisis suelen generar mucho más valor que cualquier estrategia procesal diseñada cuando el expediente ya existe.

También conviene recordar que los conflictos penales empresariales rara vez permanecen confinados al ámbito judicial. En la actualidad, una denuncia puede impactar en la reputación digital de una compañía, afectar negociaciones comerciales, generar incertidumbre entre inversores o provocar consecuencias financieras que exceden ampliamente el resultado del proceso. Esa realidad obliga a los directivos a pensar los conflictos de manera integral y no exclusivamente desde una perspectiva jurídica.

Por eso sostengo que el verdadero cambio no consiste en que determinados delitos pasen a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires. El verdadero cambio consiste en comprender que las reglas con las que las empresas administran sus conflictos también deben evolucionar. La prevención, la gestión temprana de las controversias y la construcción de estrategias antes de que aparezca el expediente serán cada vez más importantes que la defensa cuando el proceso ya está en marcha.

Las mejores empresas no son aquellas que tienen más abogados cuando surge un problema. Son las que toman mejores decisiones antes de que ese problema exista. Esa diferencia suele pasar inadvertida cuando todo marcha bien, pero es la que termina definiendo el costo económico, reputacional y operativo de un conflicto cuando finalmente estalla.

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