La Corte resolvió que Rafecas investigue la causa por la mansión vinculada a la AFA

El terreno bajo investigación, valuado en millones y ubicado en Pilar, quedará finalmente bajo la jurisdicción del juzgado federal de Comodoro Py
La Corte resolvió que Rafecas investigue la causa por la mansión vinculada a la AFA

La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió este jueves que el juez federal Daniel Rafecas quede a cargo de la investigación por presunto lavado de activos y desvío de fondos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que incluye la compra de una quinta en Villa Rosa, Pilar, sospechada de pertenecer al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino.

Con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal dejó sin efecto un fallo de la Cámara Federal de Casación Penal que había declarado competente al Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay. La decisión resolvió una disputa de competencia que se extendió durante aproximadamente un año y que mantuvo paralizada la investigación.

La Corte hizo lugar al planteo del Ministerio Público Fiscal, que había cuestionado el traslado del expediente a Campana y sostenido que correspondía la intervención de la Justicia federal de la Ciudad de Buenos Aires.

En su resolución, los magistrados consideraron que el fallo de Casación afectó de manera "severa e inequívoca" la garantía del juez natural y constituyó una "grosera" violación de las reglas de competencia. También cuestionaron que los camaristas Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña omitieran analizar los argumentos presentados por el fiscal general Mario Villar. El juez Alejandro Slokar había votado en disidencia en aquella resolución.

Por qué la Corte decidió que intervenga el juzgado de Rafecas

El argumento central del máximo tribunal fue que la investigación no se limita a determinar quién compró la propiedad de Pilar, sino que busca establecer si existió una estructura financiera para canalizar fondos de la AFA fuera del circuito bancario argentino.

"No se investiga exclusivamente la adquisición de un inmueble emplazado en la localidad de Villa Rosa, sino una presunta maniobra de lavado de activos que, desde su origen, fue concebida como una operatoria de naturaleza económica y financiera desarrollada mediante la utilización de personas jurídicas, modificaciones societarias y diversas operaciones patrimoniales", señalaron los jueces.

Los magistrados también destacaron que el objeto de la causa se amplió a partir de nuevas denuncias, requerimientos de instrucción fiscal y elementos incorporados durante la pesquisa.

En ese sentido, remarcaron que varias de las sociedades involucradas registraban domicilios legales u operativos en la Ciudad de Buenos Aires y que la propia AFA tiene su sede social en la calle Viamonte 1366/76.

"Pilar no era en modo alguno el centro de dirección y desenvolvimiento de la actividad bajo investigación", sostuvieron los integrantes de la Corte. Según explicaron, la vinculación territorial con esa jurisdicción se origina en la ubicación de la quinta, pero ese dato no resulta suficiente para definir la competencia cuando la hipótesis delictiva comprende una presunta red internacional de intermediarios que habría operado entre 2021 y 2025.

Los jueces también cuestionaron que Casación no examinara los argumentos del fiscal Villar sobre la existencia de elementos objetivos que vinculaban territorialmente la investigación con la Ciudad de Buenos Aires.

Cómo comenzó la investigación por la mansión de Pilar

La causa se inició en diciembre de 2025 a partir de una denuncia de legisladores de la Coalición Cívica contra Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, quienes aparecen como titulares de la firma Real Central SRL, sociedad a cuyo nombre está registrada la propiedad de Villa Rosa.

La sospecha de los investigadores es que ambos podrían haber actuado como presuntos testaferros de otras personas vinculadas a la AFA, debido a que no contarían con capacidad económica suficiente para justificar la adquisición del inmueble.

Pantano, quien tuvo vinculación dirigencial con la AFA, era monotributista y registraba una deuda bancaria superior a los $2 millones al momento de la denuncia. Conte, su madre, es jubilada y había percibido el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) durante la pandemia.

La propiedad tiene una superficie de aproximadamente 105.000 metros cuadrados y cuenta con helipuerto, cancha de paddle y un galpón donde, durante un allanamiento, se encontraron 54 vehículos de lujo y colección.

La valuación judicial estimó el valor de la quinta en u$s16.954.000 y el de los automóviles secuestrados en otros u$s3.861.100.

Los elementos que vinculan a Toviggino con la propiedad

Uno de los principales ejes de la investigación consiste en determinar si Pantano y Conte son los verdaderos propietarios de la quinta o si actuaron como intermediarios de otras personas, entre ellas el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.

Entre los elementos incorporados al expediente figuran un bolso de la AFA y una plaqueta de homenaje del club Barracas Central con el nombre de Toviggino, además de cuadros con referencias al dirigente encontrados en la propiedad.

También se detectaron los siguientes indicios clave:

  • Cédulas azules de los 54 vehículos secuestrados a nombre de familiares del tesorero
  • Registros de pagos de peajes mediante una tarjeta de crédito corporativa de la AFA a nombre de Pantano, que habría registrado gastos mensuales cercanos a los $50 millones
  • Documentación sobre presuntos pagos de la entidad a Real Central SRL
  • Hipótesis de que la propiedad podría haber sido adquirida con fondos de la AFA mediante una presunta maniobra de defraudación

El expediente reúne, además, documentación de otras investigaciones relacionadas con el manejo de fondos de la entidad en el exterior a través de la empresa del empresario Javier Faroni y el caso Sur Finanzas.

La disputa judicial por quién debía investigar

La discusión sobre la competencia del expediente atravesó distintas instancias judiciales.

En un primer momento, la causa quedó radicada en el juzgado federal de Daniel Rafecas, quien se declaró incompetente y remitió las actuaciones al fuero Penal Económico. Ese fuero tampoco aceptó inicialmente la competencia y el expediente volvió a Comodoro Py.

Posteriormente, la Cámara Federal sostuvo que debía intervenir la Justicia Penal Económica. En paralelo, la defensa de Pantano y Conte presentó un planteo ante el juzgado federal de Campana, al argumentar que ese tribunal debía investigar porque la quinta está ubicada dentro de su jurisdicción territorial.

El juzgado de Campana aceptó el planteo y reclamó el expediente, pero el fuero Penal Económico se negó a remitirlo al considerar que la investigación excedía la compra del inmueble y comprendía presuntas maniobras vinculadas con la administración de fondos de la AFA.

La Cámara Federal de Apelaciones de San Martín terminó resolviendo la disputa a favor de Campana. La fiscalía apeló y el expediente llegó a la Cámara Federal de Casación Penal, que primero dispuso que la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico resolviera la contienda. Ese tribunal determinó que debía intervenir el juzgado Penal Económico N° 10.

Sin embargo, tras un nuevo recurso de la defensa, la Sala I de Casación resolvió en agosto de 2026 que el expediente debía quedar en manos del juzgado federal de Campana.

El Ministerio Público Fiscal volvió a cuestionar esa decisión y llevó el planteo ante la Corte Suprema, que este jueves resolvió definitivamente la cuestión de competencia.

Rafecas volverá a tomar la causa, pero podría dejar el juzgado

Con la resolución de la Corte, Daniel Rafecas deberá reasumir la investigación, que ya había impulsado en su primera intervención.

El magistrado ordenó el allanamiento de la quinta el 12 de diciembre de 2025, procedimiento durante el cual se secuestraron los 54 vehículos y distintos elementos que los investigadores consideran relevantes para establecer la vinculación de Toviggino con el inmueble.

Sin embargo, su permanencia al frente del expediente podría ser transitoria. El presidente Javier Milei envió al Senado el pliego de Rafecas para su designación como juez de la Cámara Nacional de Casación Penal, un cargo al que aspira desde hace años.

Si su nombramiento se concreta, dejará el juzgado federal de Comodoro Py y otro magistrado deberá asumir como subrogante, por lo que también quedaría a cargo de esta investigación.

La resolución de la Corte despeja así la discusión sobre qué tribunal debe intervenir. La investigación deberá avanzar ahora sobre el origen de los fondos utilizados para adquirir la propiedad, la titularidad real de los bienes y las eventuales responsabilidades de las personas involucradas.

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