Tras divorcio, deberá pagarle a su ex mujer un salario mínimo por mes durante casi un año

La resolución judicial reconoció la importancia del trabajo doméstico no remunerado y ordenó compensar la desigualdad generada en el matrimonio
Dos personas pensativas examinan documentos en una mesa de reunión, con una tercera persona y unos anillos de boda visibles.

La compensación económica por divorcio volvió a protagonizar un fallo judicial en Argentina. La Sala I de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Morón confirmó que un hombre deberá pagarle a su ex esposa el equivalente a diez salarios mínimos, fraccionados en diez cuotas mensuales y consecutivas.

La decisión ratificó una sentencia de primera instancia dictada el 1 de diciembre de 2025. El tribunal rechazó la apelación del ex esposo, quien había cuestionado tanto la procedencia de la suma como la imposición de las costas del proceso.

El caso arrancó después de que la pareja pusiera fin a su matrimonio. Se habían casado el 2 de junio de 2005 y el divorcio quedó firme el 24 de febrero de 2021. La extinción de la comunidad de bienes tuvo efectos desde el 25 de noviembre de 2020.

La mujer presentó una demanda por compensación económica. Su argumento central: tras la ruptura, quedó en una situación económica desfavorable frente a su ex esposo.

La discusión judicial se centró en determinar si esa diferencia tenía relación directa con la forma en que la pareja había organizado su vida familiar durante el matrimonio y con las consecuencias económicas de la separación.

Qué es la compensación económica y cuándo corresponde pagarla

La compensación económica no funciona como una sanción. Tampoco es una pensión alimentaria ni una división de bienes adicional.

El Código Civil y Comercial la contempla en su artículo 441 para corregir el desequilibrio económico que puede generar un matrimonio y su posterior ruptura. No importa quién pidió el divorcio ni cómo terminó la relación.

Los jueces explicaron que esta figura busca reparar una situación objetiva: cuando uno de los ex cónyuges quedó en desventaja económica como resultado de la organización familiar que sostuvieron durante años.

No alcanza con demostrar que uno tiene más patrimonio que el otro. Debe acreditarse que la desigualdad deriva de la vida matrimonial y de su finalización.

En este caso, la Cámara consideró que se cumplían esas condiciones. La jueza de primera instancia había hecho lugar a la demanda tras analizar las pruebas incorporadas al expediente.

Por qué el tribunal le dio la razón a la mujer

El fallo se apoyó principalmente en declaraciones testimoniales. Esos testimonios pintaron un cuadro claro de cómo había funcionado la pareja durante el matrimonio.

El hombre mantuvo una inserción laboral estable y continua durante los años de matrimonio e incluso después de la separación. Esa continuidad laboral le permitió sostener su situación económica.

La mujer, en cambio, se dedicó de forma principal al hogar y al cuidado de los tres hijos. Los testimonios dieron cuenta de esa distribución de roles dentro de la familia.

La Cámara no ignoró que la demandante había realizado distintas actividades y cursado estudios. Pero entendió que esos elementos no modificaban el cuadro general de desventaja económica.

Los testimonios también describieron las dificultades económicas que atravesó la mujer tras la ruptura. Varios testigos mencionaron que necesitó recurrir a ayuda de terceros para sostener su situación.

Los magistrados entendieron que la dedicación principal de la mujer a las tareas domésticas y al cuidado de los hijos incidió en sus posibilidades de sostener una trayectoria laboral similar a la de su ex esposo.

Ese desequilibrio, concluyó el tribunal, derivaba directamente de la organización que la pareja había elegido durante su matrimonio. Y esa era precisamente la situación que justificaba la compensación económica.

Qué argumentó el hombre para evitar el pago

El demandado apeló la sentencia de primera instancia con varios argumentos. Sostuvo que no se habían cumplido las condiciones exigidas por el Código Civil y Comercial.

Según su postura, la distribución de tareas durante el matrimonio no había dejado a la demandante en una situación de desequilibrio manifiesto. Cuestionó la valoración de la prueba realizada por el juzgado.

Su principal argumento apuntaba a otro expediente. Planteó que la mujer no podía recibir una compensación adicional porque ya había obtenido un resarcimiento en un juicio de daños y perjuicios.

Ese resarcimiento previo, según el hombre, podía representar un enriquecimiento sin causa si se le sumaba la compensación económica por divorcio.

La Cámara descartó ese planteo de raíz. Los jueces explicaron que se trataba de dos institutos jurídicos completamente diferentes con finalidades distintas.

La indemnización por daños apunta a reparar las consecuencias de conductas antijurídicas comprobadas en otro expediente, mientras que la compensación económica busca corregir el perjuicio patrimonial que puede generar el matrimonio y su posterior ruptura.

El tribunal señaló que el análisis debía concentrarse en las consecuencias económicas objetivas que dejó el divorcio. No importaba si había habido o no conductas reprochables en otro juicio.

Cuánto deberá pagar y cómo quedó la sentencia

La Cámara confirmó la obligación de pagar el equivalente a diez salarios mínimos, vitales y móviles. El pago deberá realizarse en diez cuotas mensuales y consecutivas.

Con el salario mínimo actual, cada cuota representa aproximadamente $271.571. El monto total ronda los $2.715.710, aunque esa cifra se irá ajustando con las actualizaciones del salario mínimo.

El tribunal también confirmó la imposición de las costas al demandado. Eso significa que deberá afrontar los gastos derivados del juicio, tanto de primera instancia como de la apelación.

Los jueces señalaron que la regla general establece que debe afrontar las costas la parte que pierde el juicio. Las excepciones son restrictivas y no correspondían en este caso.

La regulación de los honorarios profesionales quedó pendiente para una resolución posterior. La sentencia fue firmada por los dos integrantes de la Sala I de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Morón.

Con el rechazo de la apelación, la obligación de pagar quedó firme. El hombre deberá comenzar a abonar las cuotas mensuales según lo establecido en la sentencia de primera instancia.

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