Pagó casi u$s9000 por arreglos en su casa que no terminaron: perdió el juicio por un error

El fallo señaló que el demandante no logró acreditar que el demandado era responsable del contrato de aberturas ni tenía relación comercial
Un billete de cien dólares en el fondo, con una mano sosteniendo un mazo de juez sobre un bloque sonoro.

Un hombre entregó u$s8.900 para que le fabricaran e instalaran aberturas en su casa de Pilar. El trabajo quedó inconcluso, pero cuando fue a la Justicia perdió el juicio. El motivo: demandó a quien no debía.

La jueza del Juzgado Civil y Comercial N° 7 de San Isidro rechazó el reclamo. La magistrada consideró que el demandante no logró probar que el acusado fuera el titular del comercio ni que hubiera asumido personalmente las obligaciones del contrato.

El caso expone un error frecuente en reclamos judiciales: confundir a un empleado con el dueño del negocio. Esa confusión le costó al reclamante no solo perder la demanda, sino también cargar con las costas del juicio.

El error legal que hizo perder el juicio

En términos jurídicos, el problema se llama "falta de legitimación pasiva". Significa que se demandó a alguien que no era parte del contrato ni tenía responsabilidad legal sobre las obligaciones reclamadas.

La jueza fue clara en su sentencia. Para imponer una responsabilidad contractual, explicó, no alcanza con probar que alguien participó en tareas vinculadas con la operación comercial: hay que demostrar que fue parte del contrato o que existe una razón jurídica concreta para atribuirle personalmente las obligaciones incumplidas.

El demandante acusó a una persona específica de haber incumplido el acuerdo. Pero las pruebas del expediente indicaron otra cosa: ese hombre era un instalador que trabajaba para el comercio, no el dueño.

Tres testimonios de personas que trabajaban o habían trabajado para la firma fueron coincidentes. Todos identificaron al acusado como empleado o instalador, mientras que otra persona era señalada como propietaria del establecimiento.

Un informe municipal sumó otro elemento clave. No registró habilitación comercial a nombre del demandado ni en el domicilio del local donde se habría cerrado el acuerdo.

Cómo empezó el caso: la contratación y el anticipo en dólares

La historia comenzó a fines de 2020. El reclamante y su pareja compraron un lote en un country de Pilar y arrancaron la construcción de su vivienda a principios de 2022.

Cuando el proyecto estaba cerca de terminarse, buscaron un proveedor para aberturas y cerramientos. El contacto se inició por WhatsApp el 11 de octubre de 2022.

Ocho días después, la pareja visitó un local en la zona norte del Gran Buenos Aires. Allí recibieron un presupuesto por $4.517.268.

Entregaron un anticipo del 60%: u$s8.900 en efectivo. El cálculo se hizo sobre una cotización de $290 por dólar, según consta en la demanda.

Quedaba pendiente el pago de $1.721.323 más $150.000 por la colocación. Ese saldo debía abonarse una vez que el proveedor comunicara que todas las aberturas estaban listas para instalar.

Según el relato del demandante, visitaron la obra para tomar medidas. Entre quienes concurrieron estaba la persona que luego sería identificada como demandada, acompañada por dos colaboradores.

Las demoras, los trabajos defectuosos y el conflicto por el dólar

Las primeras tareas comenzaron con entregas parciales de materiales entre noviembre y diciembre de 2022. Pero, según la presentación judicial, nunca hubo una convocatoria formal para revisar el trabajo ni para pagar el saldo en las condiciones inicialmente pactadas.

La demanda indicó varias visitas a la vivienda con colocaciones que luego requirieron correcciones. También quedaron materiales sin instalar y uno de los vidrios se rompió.

La pareja del reclamante recibió explicaciones diversas sobre las demoras. El conflicto escaló a comienzos de enero de 2023.

De acuerdo con la demanda, el demandado visitó la obra, retiró herramientas que habían quedado allí y volvió a tomar medidas. En esa reunión habría explicado que atravesaba dificultades laborales y que el trabajo demandaría más tiempo, sin precisar una fecha.

Al día siguiente, según la documentación, comunicó algo que tensó definitivamente la relación: era necesario retirar elementos ya instalados, volver a medir algunos vidrios y actualizar el saldo pendiente conforme al valor del dólar.

El reclamante sostuvo que esa exigencia no estaba contemplada ni en el presupuesto ni en el recibo del anticipo. Era un cambio unilateral de las condiciones pactadas meses atrás.

La parte demandante intentó concretar una nueva reunión el 16 de enero de 2023. El demandado no asistió. Tras ese episodio, dieron por terminado el vínculo.

Contrataron a otra firma para completar las aberturas. El costo total ascendió a $5.007.113,54, una cifra superior al saldo que restaba pagar en el acuerdo inicial.

Qué reclamó en la Justicia y qué respondió la defensa

La demanda exigió la restitución de los u$s8.900 entregados como anticipo. De modo subsidiario, pidió $3.135.790,54 por la diferencia entre el saldo original y el costo del nuevo proveedor.

Además, reclamó $1 millón por daño moral, $100.000 por daño punitivo y el reembolso de gastos de mediación. Invocó la Ley de Defensa del Consumidor y solicitó el beneficio de gratuidad.

La defensa negó todo. Aseguró que no había celebrado ningún contrato con el reclamante, que no había recibido el anticipo y que tampoco había emitido el recibo presentado en el expediente.

Afirmó que el vínculo, en caso de haber existido, se había entablado con una firma comercial dedicada a las aberturas. No con la persona demandada a título individual.

El demandado sostuvo que trabajaba de manera informal para el dueño de ese comercio. Sus tareas se limitaban a medir e instalar materiales fabricados por terceros.

También alegó que hacia fines de diciembre de 2022 se había colocado más del 80% de los elementos comprometidos. Pero el ingreso al barrio fue restringido, lo que impidió concluir las tareas restantes, según su versión.

Qué dijo la Justicia y por qué rechazó la demanda

La jueza analizó si correspondía dirigir el reclamo contra esa persona. Su conclusión fue negativa.

El fallo valoró que el propio escrito inicial ubicaba la contratación en una empresa de aberturas. No en un comerciante individual.

También tuvo en cuenta el informe municipal que no registró habilitación comercial a nombre del demandado ni en el domicilio del local donde se habría cerrado el acuerdo.

Los tres testimonios resultaron decisivos. La magistrada consideró que esas declaraciones fueron coincidentes y que no surgieron elementos suficientes para descartarlas: todas identificaban al demandado como empleado, no como titular del negocio.

Otro punto débil de la demanda: la titularidad de una línea telefónica. La sentencia señaló que ese dato no probaba que el demandado fuera dueño del comercio.

Una pericia informática confirmó conversaciones de la pareja del reclamante con una vendedora y un colaborador. Pero no acreditó que un número atribuido al demandado le perteneciera efectivamente.

Por esos motivos, el juzgado hizo lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva y rechazó la demanda. Las costas fueron impuestas al reclamante.

La regulación de honorarios quedó pendiente de una liquidación que deberá calcularse sobre el monto reclamado, con intereses desde el cierre de la mediación hasta la sentencia.

El caso deja una lección para consumidores que enfrentan conflictos comerciales: identificar correctamente al responsable antes de iniciar una demanda puede ser tan importante como reunir pruebas del incumplimiento.

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