Previsible: la constructora de Cristóbal López, a concurso preventivo
Mientras termina de decidir el futuro de Oil Combustibles, que se debate entre la venta a un grupo holandés y la quiebra, el juez Javier Cosentino acaba de abrir el concurso preventivo de otra de las empresas creadas por Cristóbal López y Fabián De Sousa.
En este caso, se trata de la constructora CPC, a través de la cual los dueños del Grupo Indalo canalizaron millonarios contratos de obra pública con el anterior gobierno kirchnerista y también con la administración de Mauricio Macri.
El Juzgado Nacional en lo Comercial Nro. 5, Secretaría 10, a cargo de Cosentino, ordenó la apertura del concurso preventivo de CPC y le dio plazo a los acreedores de la constructora hasta el 12 de junio próximo para que presenten sus reclamos.
La constructora se suma así a Oil y a los medios de Indalo (C5N, Radio 10, Mega y Pop Radio) que ya se encuentran bajo el amparo de un proceso concursal que suma millonarias deudas que, en forma global, casi llegan a los $20.000 millones.
Solamente la petrolera adeuda $17.000 millones a la AFIP y a otros acreedores y en la actualidad se encuentra a punto de quebrar o de pasar a manos del grupo Trafigura, el único que hizo una oferta concreta ante Cosentino para quedarse con sus activos.
De todos modos, esa oferta no fue todavía aceptada por el juez, quien continúa poniedo reparos a cualquier posibilidad de sobrevida de la compañía y parece más adepto a decretar su quiebra para luego liquidar los activos y así cancelar parte de ese millonario pasivo.
En el caso de CPC, se trata de la constructora con la cual López y De Sousa canalizaron millones de pesos en obras que le fueron adjudicadas por Néstor y Cristina Kirchner, pero también por Macri.
Incluso manejó la concesión de la autopista Ezeiza-Cañuelas a través de una subsidiaria hasta que en marzo pasado Vialidad Nacional le rescindió el contrato y creó una nueva sociedad estatal para operar esa ruta mientras se elaboran nuevos pliegos de licitación.
En este caso, al haberse decretado el concurso preventivo, el Estado pasa a ser acreedor y buscará cobrar una deuda que según las autoridades de Vialidad, llega a los $750 millones. Esta suma surge de no haber hecho los aportes en recursos de asignación específica (RAE), instrumento que se nutre con pagos de los concesionarios a través de una porción de la recaudación de los peajes, y que se transfiere a Vialidad Nacional.
En cuanto a los negocios con el actual gobierno, obtuvo varios contratos y concesiones al estilo de los que le fueron rescindidos a Lázaro Baez por $1.600 millones.
Por caso, le fue cedido un contrato para la construcción de una línea eléctrica entre Caleta Olivia y Pico Truncado, ambas en Santa Cruz, por $300 millones.
En esta provincia también se le adjudicó el año pasado la construcción de la Ruta 3, que une Chubut con Santa Cruz y que le había sido quitada a Báez.
Tras varias desaveniencias, Vialidad Nacional ordenó rescindir también este contrato acusando a la empresa de Indalo de no haber cumplido con los plazos de obra y acumulado multas por casi $40 millones.
Suma además una decena de obras en varias provincias, en algunos casos con contratos que se extendían hasta el 2020 y que demandaban inversiones por $15.000 millones.
Incluso entre diciembre del 2017 y enero pasado, Vialidad Nacional le siguió transfiriendo fondos a CPC por casi $145 millones, correspondientes a certificaciones por cinco obras como son las del Camino del Buen Ayre, Estabilización del Cerro Chenque, Ruta Nacional Nro. 23 y Nro. 22 en Río Negro, entre otras.