Nueva concesión de Panamericana: tendrá dos subas de tarifas por año y millonarias inversiones
La familia Benetton y Florentino Perez, el dueño del Real Madrid, arrancan desde esta jornada con el control de las principales autopistas de la Argentina.
Se trata de los dueños de los grupos italiano Atlantia y español ACS, que en mayo pasado terminaron de concretar la compra de la mayoría accionaria de Abertis mediante una oferta pública de acciones (OPA).
La empresa, también española, es una de las mayores concesionarias de autopistas del mundo. Tiene presencia en 14 países incluyendo la Argentina, donde controla Autopistas del Sol (Ausol) y el Grupo Concesionario del Oeste (GCO).
Así, están a cargo en el país de las rutas que unen la Capital Federal con la ciudad bonaerense de Luján, además del Acceso Norte, más conocido como la autopista Panamericana y también del mantenimiento de la Autopista General Paz.
Este martes, ambas sociedades recibieron una notificación de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) en la cual se les avisa sobre la entrada en vigencia del acuerdo integral de renegociación contractual del contrato de concesión tanto del Acceso Norte como del Acceso Oeste.
En este marco, el Gobierno le extendió el negocio hasta el 31 de diciembre del 2030. El acuerdo prevé un plan de inversiones por más de $16.500 millones que el grupo deberá destinar para mejorar las rutas que tiene a cargo.
El decreto 607, firmado por la vicepresidenta Gabriela Michetti el 27 de junio pasado, habilita el nuevo "Acuerdo Integral de Renegociación Contractual" suscripto por el Ministerio de Transporte y por las dos sociedades controladas a partir de ahora por los Benetton y el dueño del club español Real Madrid.
Macri se excusó de firmar para evitar un eventual conflicto de intereses, teniendo en cuenta que la empresa de su familia, Sideco, fue accionista de Ausol hasta mayo del año pasado, cuando vendió sus tenencias en la empresa, donde Abertis posee el 31,59% del capital accionario y la italiana Impregilo otro 19,82%. Por esto, la Oficina Anticorrupción le recomendó al Presidente no intervenir en la negociación.
En cuanto a los nuevos términos del contrato, además de las inversiones y de que Ausol desista de un juicio por u$s1.135 millones ante el Ciadi, el Estado le reconocerá una millonaria suma por obras anteriores.
Esto se debe a que, de acuerdo al grupo español, sus empresas controladas invirtieron casi u$s1.100 millones en obras de trazado y ampliación de las rutas, de los cuales no pudieron recuperar u$s539 millones durante los años de gobierno kirchnerista, cuando la renegociación de la concesión estuvo congelada.
El nuevo acuerdo establece además cambios en la forma de subir las tarifas de los peajes, que volverán a tener un componente dolarizado a la hora de actualizarla y otorgar aumentos de peajes una sola vez al año que reflejen la incidencia en el plan económico financiero y de la tasa interna de retorno. Además, se considerá el flujo de tránsito, entre otros factores.
Sin embargo, a pesar de buscar anualizar las subas, la primera readecuación sería aplicada dentro de los tres meses de entrada en vigencia del nuevo contrato. Además, las empresas tendrán derecho a reactualizaciones adicionales aplicando el llamado CER, cuando la variación computada desde el último aumento supere el 10%.
De hecho, la extensión de las concesiones hasta el 2030 fue la fórmula elegida por el Gobierno para que las empresas logren recuperar las inversiones que consideraban perdidas, evitando así tener que autorizar mayores subas de los peajes que, en definitiva, terminan recayendo en los bolsillos de los automovilistas.
El contrato incorpora además nuevos planes de inversiones: GCO deberá destinar u$s430 millones hasta el final de su concesión, en tanto que Ausol tendrá que disponer de otros u$s250 millones. Los fondos se usarán en obras para actualizar y modernizar la infraestructura de las rutas concesionadas y para mejorar los tiempos de demora en las cabinas de peaje con nueva tecnología.
En el caso de los ingresos provenientes de los peajes, se eliminará el llamado Recurso de Afectación Específica (RAE) que fue creado para que parte de lo recaudado en los peajes pase a formar un fondo para financiar obras. Ahora, ese dinero será un ingreso de la concesionaria.
El Estado nacional se llevaría los fondos que queden luego haberse cubierto los costos, el repago al concesionario y realizadas las inversiones. Adicionalmente, se reducirá la tasa interna de retorno en dólares del concesionario, que originalmente era del 13,06%, y se la lleva al 8%.