El Gobierno acaba de abrir una negociación con importantes bancos de los Estados Unidos con el objetivo de obtener fondos para financiar obras licitadas en el marco de los proyectos de participación público privada (PPP).

Se trata de una decisión de urgencia por la cual el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, viajó a Washington para intentar convencer a un grupo de bancos de inversión para que aporten fondos al fideicomiso creado el mes pasado para evitar que se frenen las obras de los PPP que involucran la construcción de más de 7.200 kilómetros en rutas y autopistas con inversiones por casi u$s12.500 millones.

El instrumento financiero, cuya estructura legal ya fue publicada en la página de Transporte, busca garantizar el avance de las obras en medio de la crisis que sufre este sector por los problemas financieros de la Argentina y también por la causa de los cuadernos.

Ocurre que el dinero asegurado para soportar estas obras ahora se esfumó porque los bancos internacionales no quieren prestar fondos a empresas sospechadas de corrupción y tampoco miran a la Argentina como un destino atractivo para sus dólares.

Por ese motivo, la función del fideicomiso será la de negociar con la banca extranjera los fondos para los proyectos y canalizarlos a las empresas con el objetivo de asegurar el inicio de las obras pactadas para fines de este mes y principios de noviembre.

En este marco, Dietrich ya tiene agendados encuentros con los máximos ejecutivos de Citibank, el Banco Itaú, Goldman Sachs, JP Morgan y Deutsche Bank. También visitará las oficinas de la compañía suiza de servicios financieros UBS.

El funcionario, quien ya se encuentra en Washington, viajó acompañado de José Luis Morea, secretario de Participación Público Privada, y Manuela López Menéndez, secretaria de Obras de Transporte.

Además de estos bancos de inversión, los tres se reunirán con entidades multinacionales de fomento como son el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarollo (BID), la Corporación Interamericana de Inversiones.

La agenda contempla también un encuentro con con representantes d la Overseas Private Investment Corporation, institución gubernamental estadounidense de desarrollo financiero.

La maratón de reuniones tiene que ver básicamente con la necesidad de obtener fondos de manera urgente. De hecho, se suma un encuentro con autoridades de las empresas CCA y Green, que forman parte del consorcio que ya se encuentra operando, a través del contrato de PPP, el corredor vial de la ruta nacional 5 en Buenos Aires y La Pampa.

Se trata de las pocas empresas que comenzaron ya con los trabajos iniciales de mantenimiento y que entre octubre y noviembre deben dar inicio a las obras de autopista y ruta segura contempladas en el contrato.

Hasta ahora, las obras comenzaron con capital propio de seis los consorcios que se adjudicaron los contratos viales mediante los cuales deben construir más de 7.200 kilómetros de rutas nacionales, autopistas, rutas seguras, variantes y obras especiales, en el marco del Plan para la nueva Red de Autopistas y Rutas Seguras.

La primera etapa, que ya está en marcha, comprendió la licitación de seis nuevos corredores viales (A, B, C, E, F y Sur) que abarca más de 3.300 kilómetros de rutas nacionales de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Mendoza y Santa Fe.

En este caso, el plan implica obras en más de 2.500 kilómetros con una inversión para la primera etapa superior a u$s8.000 millones.

El proceso licitatorio de esta etapa contó con 32 ofertas que realizaron 10 consorcios, compuestos por 19 empresas nacionales y 7 internacionales.

Pero Dietrich no solamente se dedicará a garantizar el éxito del proceso colocando a la Argentina y su acuerdo con el FMI como garante, sino que además asegurará a los bancos que no prestarán fondos a empresas corruptas.

Lo hará explicando el nuevo Programa de Integridad, delineado por la Oficina Anticorrupción que se acaba de publicar en el Boletín Oficial y que apunta a reforzar la transparencia en los procesos licitatorios.

La norma impulsa la colaboración entre el sector público y privado en la prevención e investigación de la corrupción, elabora lineamientos de ética tendientes a fomentar y promover canales internos de denuncia, investigación interna y la protección de los denunciantes.

También obliga a separar a los empresarios imputados o condenados en causas de corrupción como la que investiga el juez Claudio Bonadío por el pago de coimas a ex funcionarios kirchneristas para adjudicarse obras de infraestructura durante 10 años.