Luego de más de dos horas de indagatoria, Paolo Rocca salió de los tribunales de Comodoro Py de la misma manera en la que llegó, rápidamente y sin hacer declaraciones ante los medios periodísticos que desde hace meses siguen las instancias de la causa que llevan adelante el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli y en la cual se investiga el pago de coimas y sobornos a ex funcionarios del gobierno kirchnerista.

Rocca debió concurrir al cuarto piso del edificio de la zona porteña de Retiro precisamente para ser indagado por Bonadio, quien ahora debe analizar si lo procesa en el marco de este caso que se inició en los primeros días de agosto, cuando se dieron a conocer una serie de cuadernos escritos por un ex chofer de Roberto Baratta, el número dos del Ministerio de Planificación Federal de Julio De Vido.

Considerado uno de los hombres más ricos y poderosos de la Argentina, Rocca habría repetido en su declaración la misma estrategia que adoptó cuando se dieron a conocer los datos que invlucran a su holding, Techint, en la entrega de bolsos con millones de dólares a ex funcionarios de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner a quienes Bonadío ya acusó de liderar una asociación ilicíta creada para recaudar dinero proveniente de coimas y sobornos entre firmas ligadas a la obra pública durante por lo menos una década.

Poco acostumbrado a tratar con jueces y con escasas visitas a los tribunales, el dueño de uno de los grupos productores de acero de mayor influencia del mundo y el hombre más rico de Argentina no se habría movido del discurso que vino preparando desde que se conoció la citación de Bonadío para que preste declaración en su despacho. En principio, la cita había sido concertada para el próximo 16 de octubre, pero por pedido del propio Rocca se anticipó para esta jornada.

Con sus empresas cotizando en Wall Street y la bolsa de Milán y con una fortuna personal calculada en torno a los u$s4.700 millones, a Rocca no le serán fáciles los próximos días. Por lo menos hasta que sepa qué decisión tomará Bonadío tras haberlo escuchado durante estas horas. En fuentes judiciales se dejó trascender que el magistrado se tomará algunos días antes de adoptar alguna medida en torno al futuro judicial del CEO de Techint. Sin embargo, la sensación que quedó de esta jornada es que el magistrado se volcará por procesar al empresario, tal como ya lo hizo con otros ejecutivos implicados en la causa.

De hacerlo, la figura procesal que utilizará será la misma que en los otros casos. La de involucrarlo como partíicipe de la asociación ilícita, tal como ya lo hizo con Enrique Pescarmona, ex dueño de IMPSA, y también imputado en la causa. Para el juez y el fiscal Carlos Stornelli, los empresarios y ex funcionarios integraron esa asociación ilícita como partícipes necesarios y se beneficiaron de los negocios generados a la par de esas maniobras.

En el caso de Rocca, el magistrado decidió llamarlo a indagatoria como parte de ese entramado de ilícitos luego de comprobarse el pago de sobornos por parte de ejecutivos de Techint a ex funcionarios K en el 2006.

Sin embargo, la estrategia de Rocca fue la de insistir en que los fondos no fueron pagados para ganar licitaciones de obras públicas. Es más, el grupo ya hizo público un informe en el que se detalla que durante el anterior gobierno tuvieron una escasa participación en esos negocios con el Estado. El argumento para justificar las coimas se vincula con fondos que habrían sido entregados a un grupo de ex funcionarios kirchneristas para lograr que el gobierno de Venezuela le reconociera el pago por la expropiación de Sidor, filial de Techint que operaba en ese país hasta que Hugo Chávez decidió nacionalizarla.

Dichos que ya fueron admitidos publicamente por el propio Rocca durante un encuentro empresario llevado a cabo a fines del mes pasado y que antes habían sido aportados a la causa por Luis Betnaza, otro importante ejecutivo de Techint. Ambos sostuvieron que el dinero fue entregado al sentirse amenazados por el gobierno venezolano y para resguardar la integridad de los trabajadores de Sidor y sus familias.

En su declaración, Betnaza ya había reconocido los pagos que figuran en los cuadernos de Oscar Centeno, el ex chofer de Roberto Baratta. También admitió haberle dado la orden a Héctor Zabaleta, otro ejecutivo de Techint, para que entregara los bolsos con dinero a Claudio Uberti, ex funcionario kirchnerista y por esos años a cargo de la llamada embajada paralela de Argentina en Venezuela. 

Ante Bonadío, Rocca habría repetido la versión, argumentando que las coimas le fueron pedidas por los funcionarios del gobierno anterior para interceder ante Chávez por la expropiación de Sidor.

Lo cierto es que mas allá del destino del dinero que Techint acercó como coimas a los ex funcionarios del kirchnerismo, el futuro empresario de Rocca y Betnaza no está del todo claro.

Más cuando el Gobierno acaba de publicar una resolución en la cual casi obliga a las empresas que quieran seguir participando de licitaciones que organiza el Estado a desprenderse de los ejecutivos imputados, procesados o condenados por actos de corrupción.

En el holding evitan hacer comentarios sobre la decisión que adoptarán Rocca y Betnaza, más que nada al considerar que en los últimos años Techint solamente participó poco en esos procesos públicos, concentrando sus esfuerzos en negocios casi exclusivamente generados en el exterior.

Sin embargo, Techint puede también ser castigada por el comportamiento de los inversores y accionistas, teniendo en cuenta que el holding cotiza en Nueva York y Milán. Y que los organismos reguladores de ambos mercados bursátiles ya abrieron sumarios para investigar el comportamiento del conglomerado bajo el amparo de normas de ética y compliance que deben cumplir las empresas cotizantes para poder continuar participando de esos mercados.

De manera adicional, pero no menor, Rocca y Betnaz también deberán analizar su presencia en el mundo corporativo, en donde ya son muchos los hombres de negocios que empezaron a tomar distancia de quienes usaron su poder para sobornar y coimear durante los últimos 12 años.

Una condena “moral” que a modo de bandera, ya levantan ejecutivos de grandes cámaras empresariales como IDEA, desde donde se aclara que no todos los empresarios son iguales y se reclama a la justicia actuar hasta las últimas consecuencias a la hora de investigar estos delitos.