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Crean un blindaje legal para evitar nuevos casos de corrupción en la obra pública

Crean un blindaje legal para evitar nuevos casos de corrupción en la obra pública
Se trata de un marco anti corrupción que deben cumplir las empresas para poder recibir asistencia financiera de la banca extranjera
Por Andrés Sanguinetti
12.11.2018 05.31hs Negocios

Para asegurar la participación de bancos extranjeros en la asistencia financiera a las empresas que participan en los mayores contratos de obra pública del país, el Gobierno debió crear una especie de blindaje legal que impida nuevos casos de corrupción del estilo de la causa de los cuadernos K.

Se trata de un manual elaborado por expertos del Ministerio de Transporte de la Nación en base a recomendaciones acercadas por dos estudios de abogados internacionales.

Del proceso también participó el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La entidad crediticia internacional fue la encargada de recolectar los informes de los bufetes legales y entregar las conclusiones a la cartera que orienta Guillermo Dietrich.

El marco legal será usado con las empresas que soliciten asistencia financiera para llevar adelante en el esquema de participación público privada (PPP) que abarca obras para modernizar más de 7.200 km de rutas nacionales, mediante la construcción de autopistas, rutas seguras, variantes y obras especiales.

El esquema crea la denominada nueva Red de Autopistas y Rutas Seguras y abarca inversiones mayores a los u$s12.500 millones durante los próximos 10 años.
El tramo inicial de este proceso ya comenzó a principios de noviembre, con obras por u$s8.000 millones que apuntan a construir 2.500 kilómetros, que representan el 35% de los 7.200 que totalizan los PPP.

Para garantizar el comienzo de este proyecto, el Gobierno creó un nuevo fideicomiso que canalizará fondos de bancos extranjeros como el Citi, Itaú, Goldman Sachs, JP Morgan y el Deutsche Bank, entre otros. Habrá además líneas adicionales de entidades multinacionales de fomento como es el Banco Mundial y también el BID, y la Corporación Financiera Internacional (CFI).

La necesidad de contar con este instrumento financiero se debe a que los PPP corrieron riesgo de fracasar debido al cambio de escenario del país y también a que varias de las empresas adjudicatarias de las obras están imputadas en la causa de los cuadernos de Oscar Centeno.

En la mira están Cartellone; Vial Agro; JCR y Rovella Carranza, que forman parte de los consorcios a cargo de los seis corredores viales en los que se dividieron los PPP y que también tienen como protagonistas a otras empresas como Paolini; Helport (del grupo Eurnekian); Green S.A; Panedille; Eleprint; Copasa; y el grupo asiático China Construction América.

Tanto la causa judicial como la inestabilidad financiera del país fueron razones que frenaron las intenciones de las instituciones extranjeras que se habían comprometido a inyectar ayuda a los consorcios que participan del proceso.

Por eso, Transporte creó el nuevo fideicomiso y Dietrich viajó en agosto pasado a Estados Unidos para convencer a los bancos de no bajarse. Llevó a cabo un raid de conversaciones que se plasmaron en la obtención de u$s1.200 millones para sostener la liquidez necesaria para los consorcios que soliciten ayuda monetaria de corto plazo con la intención de sostener las obras. Además, habrá fondos extras que provendrán de los impuestos sobre el gasoil y del cobro de peajes.

Pero, para poder acceder a esos fondos, los consorcios empresarios deberán cumplir con una serie de requisitos legales que eliminen cualquier posibilidad de actos de corrupción. Tendrán que suscribir el nuevo marco de integridad que tiene sugerencias de abogados expertos en transparencia para aplicar a los PPP.

Posee también cláusulas que concuerdan con las mejores prácticas internacionales en la materia y es un instrmento considerado por el Gobierno como pionero en Latinoamérica para facilitar el financiamiento de obras públicas en la región.

"Esto resuelve los problemas que atentaban al avance de las obras que son son troncales y fundamentales para bajar los costos logísticos y mejorar la seguridad vial", argumenta el propio Dietrich en un comunicado del Ministerio de Transporte en el cual se explica el alcance del nuevo manual anti cuadernos.

El marco incorpora programas destinados a prevenir prácticas prohibidas que deberán comprometerse a cumplir los consorcios que requieran participación en el fideicomiso. Tendrán además que ejecutar un plan de integridad que será monitoreado por un supervisor independiente y que contempla medidas preventivas contra prácticas ilegales que puedan afectar el desarrollo de los PPP.

En su elaboración trabajaron técnicos de la Secretaría de PPP, del BICE, del Ministerio de Transporte, del Banco Nación y la Oficina Anticorrupción.
Según el comunicado oficial, El marco de integridad abarca tres aspectos:

-Determinación de un evento de integridad: cuando se cometan delitos contra la administración pública y exista un procesamiento judicial firme, una sentencia o exista un miembro de la empresa que se acoge al régimen de arrepentimiento.

-Prevención: la empresa deberá presentar un manual de integridad y una declaración jurada estableciendo que no está alcanzada por eventos de corrupción.

-Reparación: de producirse un caso de soborno, la empresa afectada deberá presentar un plan de acción y apartar al afectado o sufrirá la suspensión del préstamo y la aceleración del repago.

Como las compañías involucradas en el caso que investigan el juez Claudio Bonadío y el fiscal Carlos Stornelli ya apartaron a los ejecutivos imputados, pueden seguir participando de las obras, aunque serán monitoreadas de manera más cercana por el Gobierno.

Más que nada porque el nuevo fideicomiso actúa de intermediario entre el sector financiero y las empresas constructoras para asegurar el comienzo de las obras en seis corredores viales.

El fideicomiso permitirá un préstamo equivalente al flujo necesario para las obras del primer año, de u$s1.200 millones.  La primera etapa, que ya está en marcha, comprendió la licitación de los corredores viales A, B, C, E, F y Sur) que abarca más de 3.300 km de rutas nacionales de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Mendoza y Santa Fe.

El plan implica obras en más de 2.500 km a través de la construcción de nuevas autopistas (813 km), rutas seguras (1.494 km) y obras especiales (252 km), así como 17 variantes a distintas localidades.

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