Después de una década, YPF y el Gobierno acordaron el pago de 265 millones de pesos como resarcimiento a una provincia por incumplimiento de los compromisos de exploración.

El detalle de esa historia es que las áreas Ñacuñan y San Rafael no fueron otorgadas originalmente a YPF, sino a las empresas Ketsal y Kilwer, dos petroleras del grupo Vila-Manzano. Pero el resarcimiento por no haber cumplido con las condiciones de aquella concesión lo termina pagando YPF, publicó losandes.com.ar.

Aquella licitación se inició en el gobierno de Julio Cobos y fue concesionada por el de Celso Jaque, en Mendoza. El dato de aquellos años es que la compulsa prohibía que una empresa se quedara con más de cinco de las 12 áreas licitadas; pero Ketsal y Kilwer se quedaron con siete.

La historia

En el decreto de adjudicación Jaque hizo el cambio en las reglas de juego que le permitieron a las petroleras del grupo Vila-Manzano quedarse con siete áreas: San Rafael y Ñacuñan, Pampa del Sebo, Zampal Norte, Malargüe, El Coirón I y II, y la estrella de ese lote: Chachahuen.

Todas las áreas fueron concesionadas para exploración, las siete que obtuvieron Ketsal-Kilwer y las cuatro restantes que completan las 11 otorgadas en esa oportunidad: Payún oeste (concesionada originalmente a YPF), Los Tordillos oeste (YPF en UTE con la petrolera Occidental Argentina), Río Diamante (concesionada a OIL M&S, la petrolera de Cristóbal López) y Cerro Los Leones (Compañía General de Combustibles y Piedra del Aguila Desarrollos Energéticos).

En aquellos días, Los Andes informó que las propuestas eran compromisos de inversión durante tres años de concesión. Ketsal-Kilwer ofrecieron 5,3 millones de pesos para realizar pesquisas en el subsuelo de Ñacuñan, un área que se extiende por Santa Rosa y La Paz; mientras que la oferta para buscar petróleo en San Rafael llegó a 3,6 millones de pesos. El área abaca una parte de San Rafael y el este de San Carlos.

En 2011 Ketsal-Kilwer cerraron un negocio inmobiliario cuando se deshicieron de varias áreas en las que no hubo inversión. Las vendieron a YPF, entre ellas Chachahuén, considerada el área estrella y hoy una de las que más produce. Justamente en esa zona se conformó una sociedad.

En aquellos días las petroleras del grupo Vila-Manzano se reservaron un 20% de Chachahuen, mientras que la hoy empresa estatal se quedó con el 70% de la producción y otro 10% quedó en manos de Energía Mendocina SA, una empresa del grupo Alvarez.

El final de la historia de San Rafael y Ñacuñan empezó a escribirse en 2015. El 6 de agosto de 2017, se informó que ambas áreas volvían al Estado, junto a otras cinco que estaban en la mira. La devolución se empezó a gestar en un convenio firmado por Fracisco Pérez, ratificado por la Legislatura en 2016.

Quedaba el resarcimiento por el incumplimiento. El viernes, el Gobierno provincial informaba que YPF se comprometió a pagar 265 millones de pesos por no haber buscado petróleo en las áreas. Es cierto que YPF no hizo la búsqueda desde 2011, pero también es cierto que la pesquisa debieron iniciarla Ketsal-Kilwer en 2008 y tampoco lo hicieron.