Luego de haber logrado convertir en ley un proyecto para que los taxis cambien sus relojes por tablets, comiencen a cobrar con tarjetas de crédito y débito y puedan ser pedidos a través de aplicaciones al estilo Uber, ahora el gobierno porteño avanza con el cambio de empresa encargada de la revisión de las unidades.

Es decir del llamado Servicio de Verificación Técnica de Vehículos (VTV) para vehículos comerciales. Es decir, para taxímetros, remises, transporte de escolares, vehículos clásicos, pesados, entre otras unidades comerciales.

En la actualidad, se encuentra en manos de la Sociedad Argentina de Control Técnico Automotor (SACTA), controlada por el grupo SGS, de capitales suizos, que también opera sistemas sistemas similares en Córdoba y en varias localidades bonaerenses como Avellaneda, Lanús y Lomas de Zamora.

Pero el gobierno porteño llevó a cabo una nueva licitación para cambiar el concesionario de este servicio de control y ya se asegura que un grupo español sería el ganador de la convocatoria oficial.

Se trata de Applus, considerada entre las más grandes del mundo en ensayos, evaluaciones técnicas y homologaciones de vehículos con presencia en más de 25 países. De hecho, en el ámbito porteño se encarga de una de las terminales donde se llevan a cabo las VTV para autos particulares.

Fuentes oficiales confirmaron la información a iProfesional. Pero aclararon que todavía no se cerró el período de evaluación de la oferta presentada por Applus, aunque admitieron que el contrato ya fue preadjudicado a esta firma española.

“Con Applus confiamos que la última tecnología estará disponible para el servicio de verificación de los transportes en la Ciudad de Buenos Aires”, agregaron fuentes cercanas a Horacio Rodriguez Larreta.

En la actualidad, el servicio que mayores ingresos le genera a la VTC para vehículos comerciales es el de los taxis, si se tiene en cuenta el padrón de 38.600 unidades registradas que deben realizar el control técnico una vez por año.

SACTA también es la encargada del expendio de los carnés que habilitan a propietarios y peones a manejar los taxis. Lo hace desde 1989, cuando el entonces intendente de la ciudad, Carlos Grosso, licitó el sistema y la subsidiaria de SGS se quedó con la concesión. Dos años después inició una demanda contra la ex Municipalidad de Buenos Aires por considerar que no se había cumplido el contrato, lo que habría provocado el quiebre de su ecuación económico financiera y solicitó una millonaria indemnización.

Sin embargo, la causa no prosperó y la empresa obtuvo varios fallos adversos de la justicia en el 2007, en el 2010 y en el 2014. Ahora, la empresa se prepara para abandonar la concesión y traspasar el negocio a Applus que, una vez que sea aprobada su propuesta, se encargará del control de la aptitud técnica de los vehículos comerciales, el otorgamiento de las licencias para taxis, remises, transportes escolares, transporte de pasajeros de oferta libre para recreación y excursión en vehículos de fantasía y vehículos pesados.

La concesión se adjudicará por un período de cinco años contados a partir de la fecha de firma del contrato y Applus deberá pagar un canon mensual al gobierno porteño. Además y por pliego de licitación, fue obligada a presentar una propuesta económica, que incluye el Ingreso mensual previsto inicialmente (que podrá variar durante la duración de la concesión); un porcentaje que afectará el ingreso mensual obtenido (que se mantendrá constante) y que se destinará al canon mensual.

En el caso de este monto, surge de la relación entre el ingreso (previsto en la propuesta económica) y el porcentaje de la recaudación bruta de la prestación del servicio que destinará al canon, deducido el IVA e Ingresos Brutos.

La empresa tuvo además que acreditar un patrimonio neto superior o igual $30 millones y se hará cargo del predio ubicado en Avenida Coronel Roca 4.590 con segundo frente a la Avenida Escalada.

Se trata de una superficie total de 16.740 m2 y construida de 11.613 m2 que, por pliego, Applus tendrá la obligación de realizar mejoras en la edificación e instalaciones.

En cuanto a los cuadros tarifarios, se tomarán como unidad el valor de la ficha del taxi vigente que hoy es de $2,77, pero que será incrementado en un 40% para verificaciones técnicas de vehículos que configuren el parque automotor del pliego. Para el resto de los trámites, la tarifa posterior se incrementa en un 15% de fichas taxis.

En el caso de otros trámites como la emisión de tarjetas originales, licencias o habilitaciones, transferencias, altas o renovaciones, cambios de relojes, suspensiones, tendrán diferentes precios vinculados a una determinada cantidad de fichas que oscilan entre las 50 y las 539 unidades.

La Ciudad de Buenos Aires tiene desde el 21 de septiembre del 2006 una ley que implementa la VTV obligatoria que de todos modos no fue puesta en vigencia hasta el 2016 para el caso de los autos particulares pero que si funciona para los vehículos comerciales.

La concesión de SACTA lleva casi 30 años de vigencia y dos prórrogas automáticas del contrato original. Fue Aníbal Ibarra en 2000 quien decidió extenderle el contrato. Y, luego en 2005, otra vez el Ibarra volvió a darle cinco años más de concesión. En 2008, el ex subsecretario de Transporte Eduardo Moreno, quiso llamar a licitación para remover a Sacta S.A. pero fue frenado. Además de la VTV, la empresa suiza maneja el RUTAX, el registro único de taxis que también pasará a manos de Applus.