Con su decisión de dejar de cotizar en el mercado bursátil local y avanzar en la venta de sus acciones en una empresa de separación de gas natural, Petrobras apura los plazos para abandonar de manera definitiva sus operaciones en la Argentina.

La petrolera estatal brasileña considera como "no estratégico" al mercado de hidrocarburos local y busca no tener actividad alguna antes de que finalice 2019.

La decisión forma parte de la liquidación de una gran cantidad de activos a nivel internacional, uno de los vectores de su proceso de desinversiones que viene llevando a cabo en los últimos años.

El plan pretende "la optimización de la cartera y la mejora de la asignación de capital de la empresa, con el objetivo de generar valor para nuestros accionistas".

En el caso de la salida de la bolsa local, fue aprobada durante una reunión de su Consejo de Administración que se llevó a cabo el último jueves, en la cual se trató la cancelación del listado de sus acciones ordinarias y preferidas en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (ByMA), y el retiro del régimen de oferta pública en Argentina.

En el mismo encuentro se decidió pasar a la segunda etapa de la venta del 34% de las acciones que controla en la procesadora de gas Mega, en la que comparte la propiedad con YPF (38%) y Dow Argentina (28%).

En este caso, informó que avanza en el inicio de la fase no vinculante relacionada con las ofertas por su tenencia accionaria y anticipó que ofrecerá a los grupos interesados "instrucciones sobre el proceso de venta", incluidas las pautas para preparar y enviar las propuestas.

Cierre para un ciclo de 17 años

Cuando esta operación se concrete, Petrobras ya no tendrá presencia en el mercado local, donde desembarcó en el 2002 con la compra de PeCom, la petrolera del grupo Perez Companc, por la cual abonó cerca de u$s1.000 millones.

En 2010 tomó la iniciativa de vender en un mismo paquete todos los activos que controlaba en el país con su filial Petrobras Argentina (PESA), con la cual supo ser la cuarta empresa productora de petróleo y gas más importante del mercado local.

En ese proceso, que estará culminado cuando venda sus acciones en Mega, se desprendió de 30 reservorios petroleros en Neuquén; una refinería en Bahía Blanca; una red de más de 600 estaciones de servicios; participación mayoritaria en Transportadora Gas del Sur (TGS); de la central térmica Genelba; de la hidroeléctrica Pichi Picún Leifú; y de plantas petroquímicas en Bahía Blanca y Santa Fe.

En la actualidad, solamente cuenta con una pequeña oficina en el micro centro con alrededor de cinco empleados. El plan de desinversión ya lleva casi una década y se inició en 2011, cuando traspasó sus campos petroleros de Santa Cruz a manos de Compañía General de Combustibles (CGC), la petrolera de Eduardo Eurnekian.

Un año después, vendió su negocio de refinación ubicado en la localidad santafesina de San Lorenzo y 380 estaciones de servicio al empresario kirchnerista Cristóbal López.

La operación se cerró en u$s110 millones y marcó el principio del fin del desguace de Petrobras Argentina (PESA), que hasta ese momento competía por el mercado con YPF, Shell y Pan American Energy (PAE).

Pero la venta estuvo plagada de sospechas y hasta formó parte de las investigaciones del Lava Jato, el caso de corrupción de mayor gravedad en la historia de Brasil y que tuvo a Petrobras como una de las empresas más involucradas junto al holding constructor Odebrecht.

De hecho, el traspaso de esos activos al Grupo Indalo de Cristóbal López y Fabián De Sousa fue investigado por la justicia argentina y la brasileña en el marco de procesos vinculados a evasión impositiva y pago de sobornos a ex funcionarios y empresarios de ambos países.

Sin embargo, los empresarios K lograron hacerse cargo de las actividades y Petrobras pasó a mantener nada más que sus operaciones de exploración y producción de petróleo en el país.

En esos años, Petrobras aceleró su salida del mercado argentino, acuciada por la necesidad de achicar una deuda global que ascendía a los u$s90.000 millones y refinanciar su déficit con los bancos acreedores. Eso, en momentos en los que varios de sus máximos ejecutivos desfilaron por los tribunales brasileños acusados de enriquecimiento ilícito.

El caso incluso fue uno de los detonantes de la destitución de Dilma Roussef como presidenta de Brasil y de la llegada de Michel Temer en su reemplazo. El objetivo era salir de mercados no estratégicos y refundar la petrolera tanto en imagen como en sus finanzas con la venta de sus operaciones en Argentina, al igual que de actividades en otros países.

Por eso, a fines del 2015 volvió a reducir su presencia en el país con el traspaso de todos los activos de PESA que finalmente quedaron en manos de Pampa Energía. El grupo que comanda Marcelo Mindlin pagó u$s897 millones por el total de las acciones de Petrobras Participaciones S.L. -a su vez, dueña del 67,1% de PESA-, mientras que el resto cotizaba en la bolsa porteña.

Como parte de esa transacción, Pampa Energía debió vender las acciones de PESA en Transportadora de Gas del Sur (TGS), para cumplir con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley Nº 24.076 que regula el transporte y distribución de gas natural.

Se los cedió a Grupo Inversor Petroquímica S.L. (integrantes del Grupo GIP, liderado por la familia Sielecki), WST S.A. (integrantes del Grupo Werthein) y PCT L.L.C., que pagaron u$s233 millones por la compra del paquete accionario y derechos que tenía PESA en TGS.

De manera adicional, Pampa promovió y concretó una oferta pública de adquisición obligatoria en efectivo de las acciones de la petrolera que cotizaban en el Merval.

En el mismo momento, Petrobras cedió el área Aguaragüe a Tecpetrol, empresa del grupo Techint con la que participaba de la explotación de esta zona hidrocarburífera.

Un mercado "no esencial"

Ahora, el actual directorio de la brasileña ultima la salida de la casa matriz tanto de Mega como del mercado bursátil local por entender que, dada la modernización de los sistemas y el acceso de los inversionistas a las bolsas internacionales, la relevancia del mercado argentino no es esencial para la liquidez de las acciones de la compañía.

También estima que costos asociados a la cotización y el mantenimiento de la negociación de las acciones de Petrobras en Argentina ya no eran ventajosos.

Las conclusiones forman parte de un informe elaborado por el board de Petrobras y en el cual también se advierte que aunque en el pasado Petrobras ya había considerado la posibilidad de retirar sus acciones de la bolsa de valores argentina, la legislación aplicable entonces requería una Oferta Pública de Acciones (OPA).

"Esto involucraría un alto costo y estimularía la venta de acciones por parte de los inversionistas argentinos, que no es el objetivo buscado con dicha operación", agrega el paper.

Sin embargo, con la publicación de la resolución CNV 779 del 27 de diciembre de 2018, que permitió a las empresas extranjeras el retiro sus acciones en la bolsa de valores sin la necesidad de una OPA, la retirada de la cotización se ha convertido en una opción conveniente tanto para Petrobras como para sus accionistas.

Es más, en el informe Petrobras entiende que dicha retirada está en línea con su nueva dirección estratégica, que prevé la reducción de costos; centrarse en actividades que le agregan valor; maximizar el retorno del capital y reducir su presencia en el exterior, con la venta de activos y cierre de oficinas, concentrando sus operaciones en sus mercados principales.

Petrobras había lanzado sus acciones en el Merval en 2006 con los códigos APBR (ordinarias) y APBRA (preferenciales). En mayo pasado, 26.047.510 acciones ordinarias y 34.683 acciones preferenciales, que representan el 0,20% del capital social total de la compañía, se custodiaban en la Caja de Valores.

El volumen de negociación diario promedio el año pasado fue de $75,5 millones, equivalente a u$s2,6 millones, lo que representa solo el 0,3% del valor promedio diario negociado en acciones de Petrobras considerando todas las bolsas que tienen cotizados los papeles de la compañía.

Para sus ejecutivos, este nivel de movimiento no justifica los gastos en el pago de comisiones, la traducción de sus estados financieros y otros documentos, ni el mantenimiento de un representante legal en Argentina, que llegaban a los $5,5 millones por año. A esto le agregaba muchas horas de trabajo de funcionarios propios, lo que representa costos indirectos significativos.