El ex Correo Argentino privatizado, que durante años manejó la familia Macri, tendrá una última oportunidad antes de quedar al borde de la quiebra al darse a conocer en esta jornada un fallo que decreta la apertura del proceso de "cramdown" o salvataje.

A partir de esta figura legal que permite brindar una solución preventiva para evitar su muerte comercial, la justicia deberá abrir un registro por cinco días para inscribir a todos los interesados en adquirir la empresa, incluso los acreedores y hasta el propio deudor y los mismos trabajadores.

La decisión quedó plasmada en un fallo emitido por la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial que ratifica una resolución de primera instancia que ordenaba la apertura de este procedimiento.

La determinación está firmada por las juezas Matilde Ballerini y María Gómez Alonso de Díaz Cordero, quienes rechazaron el pedido de los propietarios de la ex empresa postal para evitar el cramdown y aclararon que el Estado Nacional, el mayor acreedor, no incurrió en actitudes abusivas en el proceso sino que se limitó a ejercer su derecho a no aceptar la propuesta de acuerdo que le había acercado la familia Macri.

"Sentado ello, y no habiendo sido obtenida la conformidad requerida al Estado Nacional, no cabe más que confirmar la resolución de Primera Instancia en cuanto decide la apertura del Registro de cramdown (art. 48 LC)", asegura el fallo de la Cámara.

Se trata de la misma metodología usada en el concurso preventivo de Oil Combustibles, la petrolera de Cristóbal López que supo ser la nave insignia del grupo Indalo y que también se buscó rescatar a partir de posibles ofertas de compras.

En ese caso, no hubo solución y la compañía fue declarada en quiebra, un camino que se le anticipa para el ex Correo Argentino, teniendo en cuenta que no se trata de una empresa en actividad y que su deuda supera los $6.000 millones.

También, la existencia de una demanda por la decisión del anterior gobierno de Cambiemos de aceptar una propuesta para condonar la deuda de la sociedad a través de un plan de pago a largo plazo y por el cual el Estado Nacional solamente iba a recibir cerca de $253 millones a fines del 2033.

Cuando se dio a conocer la negociación, la fiscal del fuero comercial Gabriela Boquin rechazó la oferta que Correo Argentino SA mantiene con la Nación desde el 2001 y que contrajo mientras tenía la concesión de la principal empresa postal de la Argentina.

Esto fue entre 1997 y el 2003, cuando la familia Macri, a través del Grupo Socma, operó la concesión del Correo oficial hasta que el gobierno de Néstor Kirchner rescindió el contrato en el marco de un decreto en el cual se acusaba a la familia del ex presidente Macri de haber pagado solamente una vez el canon anual, considerando que a esa fecha la empresa debía $296 millones que en ese entonces equivalían a u$s296 millones, ya que todavía regía la Ley de Convertibilidad.

La causa por esta deuda se inició en el 2001, luego de que el Correo Argentino entró en concurso preventivo de acreedores. Y entre el 2003 y el 2015 los Macri acercaron varias propuestas de pago que fueron sistemáticamente rechazadas por los representantes del Estado nacional, que es el acreedor mayoritario ya que acumula el 33% de las deudas.

Pero en junio del 2016, ya con Macri al frente de la Casa Rosada, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial convocó a una audiencia de la empresa con los acreedores para lograr un acuerdo. Y tras haberse rechazado una oferta inicial, los representantes del Estado aceptaron la segunda.

La idea era pagar el 100% del capital verificado, sobre los $296 millones, en 15 cuotas anuales y consecutivas desde fines del 2017 y que una vez canceladas llegarían a la suma de $555 millones.

Sin embargo, los rechazos generados en la entonces oposición peronista y kirchnerista, y las investigaciones de la fiscalía volvieron a congelar el acuerdo hasta que ahora se ordena abrir un eventual proceso de salvataje que seguramente va camino al fracaso y a la inevitable quiebra de la ex compañía de los Macri.

Corresponde en este estado tratar el recurso de apelación "deducido por la concursada a fs 21.343/21.344 concedido a fs. 21.345, contra la resolución de fs. 21.306/33 que decidió la apertura del cramdown", dice el fallo emitido este 18 de diciembre.

Recuerda que en esa oportunidad la justicia de primera instancia entendió que no se habían obtenido las conformidades a la propuesta y que a lo largo de las actuaciones se sucedieron diversas mejoras de la primera oferta no contando ninguna de ellas con la conformidad del Estado Nacional, razón por la cual tanto el Poder Ejecutivo como la fiscal solicitaron varias prórrogas de plazos fijándose nuevas audiencias.

Se asegura que nunca el Estado aceptó las propuestas por lo que "no se han obtenido las mayorías legales requeridas por lo que fatalmente corresponde confirmar la resolución objeto de recurso rechazándose la apelación interpuesta, tornándose abstracto efectuar mayores consideraciones sobre las cualidades de propuesta alguna".

Se cuestionó también al Grupo Macri por haber acusado al Estado Nacional de ser un acreedor "hostil", y se decidió no decretar la nulidad de la decisión sometida a consideración de este Tribunal.