El gobierno porteño pisó el freno en el desarrollo de una gran cantidad de obras que viene llevando a cabo desde hace varios años para mejorar la infraestructura de la Ciudad.

La decisión tiene que ver con cuestiones de incertidumbre presupuestaria pero que no están vinculadas directamente con la generación de fondos propios sino más bien con las partidas que debe recibir de la Nación y que, en la actualidad, el Gobierno de Alberto Fernández puso en revisión.

Lo hizo tanto con lo que la Ciudad recibe de la coparticipación federal como del dinero proveniente de la venta de lotes, terrenos e inmuebles que la anterior gestión de Mauricio Macri había traspasado a la administración de Horacio Rodriguez Larreta.

De todos modos, el objetivo de la administración porteña es continuar con el cronograma ni bien se aclare el panorama presupuestario con el que contará la Ciudad para este año y que ahora se mantiene bajo incertidumbre por las disputas con la Nación.

Se trata de una millonaria partida de dinero que, en estos momentos, no estaría ingresando al Tesoro de la Ciudad y que por consiguiente genera dudas sobre esas obras.

Dos son las estrategias que usa el Gobierno para confrontar con a administración porteña del PRO. Por un lado, ya avisaron que le reducirán un punto los fondos que se coparticipan de manera automática a las provincias. Y por otro, comenzaron las advertencias sobre la posibilidad de no cumplir con el traspaso de inmuebles y terrenos que el ex presidente Mauricio Macri cedió a la administración porteña para financiar la construcción del Paseo del Bajo y de los viaductos, entre otras obras.

En el caso de la coparticipación, el presidente Alberto Fernández tomó una decisión más política que económica si se tiene en cuenta que considera que la Capital Federal recibe un porcentaje desproporcionado, que genera una situación de inequidad con las provincias.

Para el Jefe de Estado, la Ciudad es "rica y opulenta" pero inequitativa con sus habitantes y distante de los problemas que sufren otros distritos. Sus colaboradores argumentan que se trata del distrito que más fondos propios vuelca para cancelar gastos y que en sus barrios viven quienes ostentan el mayor poder adquisitivo del país.

Dicen también que los $80.000 millones por coparticipación que viene recibiendo representan nada más que el 11% del presupuesto total y que, por lo tanto, un "pequeño" recorte de la coparticipación no le generaría mayores inconvenientes en sus cuentas.

Por eso, ordenó la reducción de los fondos coparticipables, que para la Ciudad equivaldría al 7,5% del presupuesto de este año que es de $480.833 millones. En números, serían $36.000 millones los que la Ciudad dejaría de contar para afrontar compromisos.

En este caso, hay conversaciones entre los equipos políticos y técnicos designados por Rodriguez Larreta y Alberto Fernández para avanzar en un acuerdo definitivo que quizá se cierre en una cifra menor.

Lo que en el fondo el Gobierno nacional busca es retrotraer parte de la suba que dispuso Mauricio Macri en enero del 2016 con el argumento de que debía financiarse la creación de la policía porteña y absorber el costo del traspaso de la Federal.

En ese momento, la Ciudad pasó de recibir el 1,4% al 3,75% sobre el total de recursos que se distribuyen entre las provincias mediante la llamada coparticipación federal que ahora la Nación quiere renegociar.

Negociando el recorte a "la ciudad opulenta"

En la Ciudad mantienen el optimismo en cuanto a las negociaciones, según transmitieron a iProfesional varias fuentes cercanas al titular del Ejecutivo porteño. Las razones para esa cuota de positivismo tienen que ver con varios argumentos.

Uno es que el aumento en el porcentaje de la coparticipación se debió al costo del traspaso de la Policía. Ni un peso más, ya que la Ciudad recibe los mismos recursos que se ahorra la Nación por el servicio de seguridad a los porteños.

Los funcionarios porteños agregan que incluso, esos fondos no alcanzan y que por eso la Ciudad debe destinar partidas propias. También se asegura que este incremento no afecta en nada los fondos que reciben las provincias en el reparto de la renta coparticipable.

"No somos una ciudad rica, somos eficientes porque administramos con planificación y en el tiempo los recursos a partir de políticas sostenidas", señalan desde la Ciiudad.

Pero a estas discusiones se le acaban de sumar otras vinculadas a la posibilidad de que la Nación no respete los acuerdos de traspaso de una gran cantidad de inmuebles de la Nación a la Ciudad de Buenos Aires, varios de los cuales Macri firmó unos días antes de dejar la Casa Rosada.

En este caso, el emisario de las amenazas es Martín Cosentino, el nuevo titular de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), ente que durante el macrismo se encargó de poner en valor inmuebles de la Nación en desuso y de transferir 31 lotes que la Ciudad debía vender para financiar obras de infraestructura.

Para el flamante funcionario se trató de un "negocio inmobiliario" con una "clara intención de beneficiar a la Ciudad".

En este caso, el argumento del gobierno porteño para rebatir la acusaciones se basa en que los traspasos de inmuebles se usaron para compensar a la Ciudad el costo de obras en las que debía participar la Nación y que no pudo afrontar, como el Paseo del Bajo o los viaductos San Martín y Mitre. Los funcionarios están tranquilos porque entienden que todo el proceso fue a derecho. "No hicimos nada que estuviera mal ni hay nada raro en los procedimientos que están debidamente documentados, de manera transparente", aseguran.

Por caso, para financiar la construcción del Paseo del Bajo, la Nación transfirió 11 inmuebles para que la Ciudad asumiera la deuda de u$s175 millones del Gobierno Nacional con la Corporación Andina de Fomento (CAF).

Otro ejemplo que se usa es el de las playas ferroviarias de Palermo y Caballito, en donde la Ciudad debe ejecutar obras en el espacio público y donde Nación le cedió 10 inmuebles como compensación por los trabajos que ascienden a u$s36 millones.

Y en el caso de los viaductos, se trata de una obra que el Estado Nacional le encomendó hacer a la Ciudad. Pero, debido a restricciones presupuestarias y para que continuaran esas obras se convino que con el ingreso de las ventas de 19 inmuebles se pagaría el remanente del costo que Nación dejó de transferirle a la Ciudad.

Obras en peligro

Nada de estos argumentos parece importar en la AABE, donde sus nuevas autoridades utilizan como estrategia para "apretar" a la Ciudad la de analizar si este accionar no está alcanzado por la Ley de Responsabilidad Fiscal que impide la cesión de bienes y recursos a otros distritos durante los últimos seis meses antes de la finalización de un mandato.

La lupa está más que nada puesta en el acuerdo que firmó Macri dos semanas antes del cambio de mando para traspasar terrenos vip ubicados en varios barrios por alrededor de $8.000 millones.

Son lotes, parcelas y edificios que la Nación había puesto en valor y que no pudo subastar por la inestabilidad económica del país. Lo recaudado debía ser usado para financiar las obras de viaductos ferroviarios.

La mayoría de esos predios están ubicados en terrenos ferroviarios de Retiro, Constitución, Colegiales, Villa Urquiza y Nuñez y van desde los 954 m2 a los 16.219 m2 y en conjunto suman 40.686 m2.

Cuando fueron ofrecidos en subastas, sus precios de base oscilaban entre los u$s5 millones y los u$s40 millones y englobaban un total de u$s129 millones.

Sin embargo, la crisis económica y las devaluaciones impidieron concretar el objetivo. Y como la Ciudad necesitaba de los fondos y ante la sospecha de que el cambio de gobierno modificara los objetivos, Macri decidió traspasarlos antes de irse.

Redactó un contrato de compraventa que se firmó el 28 de noviembre pasado y que se basa en un convenio marco en materia de transporte ferroviario del 2007 y en la resolución 510 del ex Ministerio de Planificación Federal redactada en el 2008 que le permitían a la Ciudad y a la Nación proyectar y concretar, en conjunto, "soluciones eficaces y definitivas para los inconvenientes que presenta el desenvolvimiento del servicio de transporte público ferroviario en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".

En la cláusula tercera, se establece que las inversiones y gastos que cada parte eventualmente ocasione para cumplir con los objetivos podrían ser compensados entre sí, previo acuerdo.

Se hace referencia también a un convenio complementario que fue emitido por la Nación en el 2014 y que declaró de interés estratégico la construcción de un viaducto sobre la traza existente del Ferrocarril General San Martín.

Tuvo un presupuesto inicial para encarar la obra en el tramo comprendido desde la Estación Palermo hasta la Estación Paternal a través de AUSA y financiada por la Nación por hasta $3.909 millones.

Adicionalmente, el 16 de noviembre del 2017 se firmó otro convenio para iniciar las obras del viaducto ferroviario elevado en las vías del Mitre, en el tramo comprendido desde la Avenida Dorrego hasta Congreso", con un presupuesto de $2.600 millones y también ejecutado por AUSA.

Pero todos estos montos debieron ser readecuados, producto de los mayores gastos generados por la cambiante situación económica del país a un total de $13.083 millones para el viaducto del San Martín, de otros $2.018 millones para el del Mitre.

De manera paralela a estos acuerdos, la AABE y el Ministerio de Transporte convinieron en poner a la venta inmuebles y terrenos subutilizados o innecesarios para su función, acordando su rezonificación y posterior enajenación para el pago de obras ferroviarias entre las que se encontraban las de los viaductos del San Martín y Mitre.

Dichos convenios fueron debidamente aprobados por la Legislatura porteña por lo que se efectuaron transferencias con el destino de pagar $2.500 millones por el mayor valor.

También se autorizó a la AABE a subastar los predios para destinar lo recaudado al pago de obras de infraestructura ferroviaria, entre ellas, las de ambos viaductos.

Pero en el último año, varias de las licitaciones quedaron desiertas por falta de interés de parte de los inversores. Esto llevó a que se redujeran los fondos para continuar con los viaductos al no tener la Nación posibilidad de asistir financieramente a la Ciudad para la ejecución y pago de las obras.