El gobierno bonaerense activará a más tardar el próximo martes la suspensión a la norma 246 que, promovida en tiempos de María Eugenia Vidal al frente de la Provincia, habilita las pulverizaciones con agrotóxicos junto a poblaciones y escuelas rurales en toda la geografía de la provincia de Buenos Aires.

El marco en cuestión, de no resultar congelado otra vez, también avalaría el uso de plaguicidas pegado a cursos de agua, sitios de bombeo, reservas naturales y áreas de esparcimiento. La 246 entró en vigencia el 1° de enero de 2019, pero tras el rechazo generalizado resultó suspendida por un año. Dicha interrupción vence el 18 de este mes.

La nueva pausa se destinará a la conformación y puesta en funcionamiento de una mesa que integrarán científicos de universidades y el CONICET, organismos como el INTA, y representantes de las entidades del agronegocio, con vistas a definir nuevos criterios de uso de plaguicidas y el desarrollo de políticas sanitarias para la preservación de poblaciones y escuelas rurales.

Esto último fue confirmado a iProfesional por fuentes vinculadas a organismos públicos que tomarán parte de la convocatoria multisectorial. "Habrá invitados de todos los sectores. Primero, las universidades, el INTA e instituciones científicas como el CONICET. Luego se convocará a productores y otros actores de la sociedad", indicaron las fuentes interpeladas.

También se indicó que, por lo pronto, la administración que encabezan Axel Kicillof y Verónica Magario no derogará el marco.

La resolución 246 estimula el uso irrestricto de glifosato, clorpirifos, atrazina, 2,4-D, dicamba, glufosinato de amonio, cletodim, picloram y otros venenos. Fue promovida por Leonardo Sarquís, ex ministro de agroindustria bonaerense con pasado en el área de ventas de uno de los actores clave de la producción de plaguicidas y transgénicos a nivel planetario: la estadounidense Monsanto, hoy bajo control accionario de la alemana Bayer.

En concreto, el marco -que ahora se volverá a aplazar, por ende no entrará en vigencia- legaliza la aplicación de agrotóxicos sin especificar distancias mínimas de centros urbanos o escuelas rurales. Y tampoco fija límites de protección de ríos, arroyos, lagos y lagunas bonaerenses.

Para los establecimientos educativos ubicados fuera de los ejidos urbanos el único criterio pro alumnos que contempla es el veto a las fumigaciones en horario escolar. Quienes utilizan plaguicidas, de acuerdo al marco, pueden aplicarlos junto a las escuelas hasta un minuto antes del inicio de clases. Y, por supuesto, 60 segundos después de vaciadas las aulas.

Semejante decisión va a contramano de toda la bibliografía científica independiente generada tanto en Argentina –sobre todo por la Universidad de La Plata, con el doctor Damián Marino a la cabeza– como en el resto del mundo.

Un amplio volumen de trabajos técnicos demuestra el alto grado de persistencia en el ambiente que ostentan estos compuestos así como su capacidad para desplazarse –la deriva, una de sus formas– por varios kilómetros vía aspectos atmosféricos y climáticos como el viento, la lluvia, humedad del suelo y la misma temperatura, por citar algunos factores.