En medio de la dramática situación que atraviesa el país por el coronavirus y de las consecuencias económicas que el virus está generando al país, el Gobierno acaba de anular una millonaria licitación que había ordenado el ex presidente Mauricio Macri para obtener casi u$s2.000 millones con la concesión del puerto de Buenos Aires.

La decisión era conocida en el sector y en esta jornada de jueves 19 de marzo fue oficializada a través de la Resolución 65/2020 del Ministerio de Transporte publicada en el Boletín Oficial. En concreto, el documento redactado anula el Decreto 870 del 27 de septiembre del 2018 que llamó a licitación pública nacional e internacional para la concesión construcción, conservación y explotación de la terminal portuaria de Puerto Nuevo.

Se trataba de obras descriptas en los pliegos de la licitación que comprendían obras que se iban a extender a 50 años, a partir de una inversión pública y privada total de u$s1.910 millones. El objetivo era modernizar y ampliar el puerto porteño para llegar a una capacidad de 1,4 millones de TEU en 2020 y a 2,7 millones de TEU en 2030.

Pero el plan siempre dejó muchas dudas, incógnitas y preocupación sobre el proceso y por eso también se dejó sin efecto la Resolución 256 del 3 de mayo del 2019 del ministerio que dirige Mario Meoni por el cual se había aprobado el pliego de la licitación y se le encomendaba a la Administración General de Puertos (AGP) la determinación de la fecha, hora y lugar de las presentaciones y de la apertura de las ofertas que se habían fijado inicialmente para el 2 de octubre de ese año pero luego se postergó para el 2 de diciembre.

Sin embargo, el cambio de gobierno y la llegada del Frente de Todos a la Casa Rosada frenó todo el proceso y se estiraron los plazos para el pasado 20 de marzo. Esa fecha tampoco fue respetada, más que nada teniendo en cuenta que la mayoría de los sectores vinculados al negocio portuario se manifestaron en contra de la estrategia del anterior gobierno de otorgar la terminal porteña a un solo operador internacional modificando la actual estructura por la cual la operación de la zona se reparte entre tres grupos operadores.

Es decir, Terminales Río de la Plata (TRP), que tiene a su cargo las zonas 1, 2 y 3 de Puerto Nuevo y que está formada por Dubai Ports Word, un holding estatal de Emiratos Árabes, y el grupo local propiedad de Alfredo Román. También Maersk, que está a cargo de la Terminal 4, y Hutchinson Ports, que controla la Terminal 5. Los cuestionamientos y las críticas, sumadas a la crisis que también sufre el puerto porteño con una fuerte caída en sus volúmenes de operación hicieron que la nueva administración dejara de lado todo el proceso.

"Es público y notorio el rechazo que ha manifestado la comunidad portuaria en general, respecto del proyecto de concesión ordenado por el Decreto N° 870/2018, y cuyos pliegos licitatorios fueran aprobados por el Ministerio de Transporte a través de la mencionada Resolución N° 256/2019, lo cual torna necesario avanzar con una revisión integral de las bases técnicas que encausaron la licitación en trato", se sostiene en la resolución conocida durante esta jornada.

Se hace referencia además a que las nuevas políticas de productividad que desarrolla el Poder Ejecutivo "exigen un nuevo y riguroso examen por parte de las distintas áreas y sectores involucrados, como lo amerita una licitación pública de la envergadura y complejidad e interés público comprometido como la presente".

Si bien hasta ahora no se conoce la estrategia que el Gobierno adoptará para la nueva licitación que, según algunas fuentes oficiales, buscaría reducir de tres a dos los operadores actuales de las terminales portuarias. En la definición tendrá mucha relevancia la opinión de los gremios que representan a los trabajadores del sector y que siempre estuvieron en contra del proceso iniciado por el ex presidente Macri.

De hecho, en la resolución se asegura que las nuevas autoridades pretenden llevar adelante una política "que equilibre la futura concesión de las con las fuentes laborales comprometidas, todo ello a los fines de motorizar el aparato productivo de la Argentina en sano desarrollo y crecimiento, velando, además, por un incremento favorable de la balanza comercial del comercio exterior de la Nación".

En ese marco, Transporte instruye a la AGP para que "efectúe un análisis y evaluación exhaustiva de la situación actual y futura del Puerto de Buenos Aires y proceda a la elaboración de nuevas bases licitatorias que contengan un sano equilibrio entre el negocio que se pretende concesionar y la conservación de las fuentes de trabajo sobre las cuales incide la jurisdicción portuaria nacional".

La nueva licitación también coincide con una fuerte disputa entre dos de los grupos operadores como son Maerks y Dubai Ports World, principales accionistas de dos de las tres terminales con actividades del puerto porteño.

El primero, es accionista a de la Terminal 4 junto a Hamburg Sud y APM Terminals, y es también uno de los mayores clientes de las terminales porteñas y líder mundial en el negocio de la operación de terminales portuarias y de buques.

En el caso del segundo, el holding estatal de Emiratos Árabes está asociado con la empresa local propiedad de Alfredo Román en Terminales Río de la Plata (TRP), a cargo de la concesión de las áreas 1,2 y 3 del puerto porteño. El tercer operador es Hutchinson Ports, a cargo de Terminal 5 pero sin participación en el conflicto que por estos días enfrenta a sus otros dos competidores.

Se trata de una disputa anticipada por iProfesional que se origina en la decisión de Maersk de retirar las cargas que actualmente dirige hacia las dársenas controladas por TRP a partir del próximo 15 de mayo para concentrar todas sus actividades en la Terminal 4.

Es decir, el mismo día en el que vencen las actuales concesiones el conglomerado danés pretende concentrar los envíos de los buques en su propia terminal, decisión que ya había sido anticipada en el 2018. Ese año, la disputa entre ambos grupos estuvo vinculada a la caída en los volúmenes de operaciones que venía sufriendo TRP y que, según sus ejecutivos, tenía estrecha vinculación con la fusión de Maersk y Hamburg Sud y la concentración del envío de los contenedores en la Terminal 4.

En ese momento, desde TRP se argumentó que el volumen de sus negocios había caído casi un 35% y que, por lo tanto, su ecuación económica y financiera se encontraba en crisis y la ponía al borde del default. Con este escenario, ejercieron presión ante los sindicatos que operan en el puerto porteño y también ante el anterior gobierno de Mauricio Macri que, por entonces promocionaba una millonaria licitación para dejar en manos de un solo operador todas las terminales de Puerto Nuevo a partir de este año.

Es más, TRP se presentó ante el Ministerio de Trabajo para solicitar la apertura de procedimiento preventivo de crisis con el cual amenazaba con despedir a la mitad de sus casi 1.000 trabajadores pagando el 50% de las indemnizaciones.

También había acusado a Maersk ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) a través de un documento en el que describía la existencia de una supuesta "posición dominante y de abuso de la misma derivada de una concentración económica reciente que tiene por objeto, precisamente, restringir y distorsionar la competencia en ese mercado con afectación al interés general".

En ese contexto, logró ayuda de parte de las autoridades de la Administración General de Puertos (AGP) y de algunos sindicatos que amenazaron con la toma de medidas de fuerza si finalmente la terminal propiedad de Dubai Ports reducía su flota laboral.

Este formato de coerción ejercido por parte de los accionistas de TRP logró sus frutos y forzó a Maersk a continuar con los envíos de los buques de Hamburg Sud provenientes del norte de Europa y de la costa este de América latina hacia las terminales controladas por el holding árabe. Además, debió retrotraer el volumen de sus operaciones a mayo del 2018. Por su parte, TRP desistió de despedir personal y de presentar un procedimiento preventivo de crisis.