En el mismo momento en el cual se oficializaba el decreto que prohíbe suspensiones y despidos por 60 días, los empresarios vinculados con el transporte automotor de pasajeros salieron a advertir que no podrán pagar los salarios del personal en abril y que el sector se encuentra en riesgo de tomar medidas más drásticas si no recibe ayuda del Estado nacional.

La Federación de Transporte Automotor de Pasajeros (FATAP) fue la vocera de los reclamos a través de una carta enviada al jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, para solicitar una audiencia con dce carácter de urgente.

"Aistencia económica para el transporte público por automotor de pasajeros de todo el país" se titula la misiva dirigida al funcionario y en la cual el secctor pide ayuda "para afrontar la crítica situación del Transporte Público de Corta, Media y Larga Distancia provinciales".

Los empresarios le piden a Cafiero que implemente "de inmediato" una batería de herramientas de urgente reconocimiento para contener el derrumbe del sector, que hoy se encuentra con servicios paralizados o ejecutándose a pérdida y con serio riesgo de continuidad empresaria y laboral.

"Por estas horas, desde todas las jurisdicciones del país y sin distinción de jerarquía, en sintonía con lo promovido por el Estado Nacional, están adoptándose medidas cada vez más restrictivas para evitar el contagio del Covid-19, las que consideramos sanitariamente atinadas y necesarias, pero que ciertamente importan limitaciones severas al trasporte público de pasajeros por ómnibus", agrega la carta de la FATAP.

En ese marco, le explican al funcionario "la real situación que padece nuestra actividad en su faz social, laboral y económica, toda vez que muchas familias dependen de la comprensión de lo que a continuación se expone".

Aseguran que hoy las empresas que operan en Capital Federal y la provincia de Buenos Aires están dejando de recibir más del 55% de sus ingresos genuinos, siendo este el que es aportado por el pasajero que efectivamente abona su viaje.

Agregan que durante estos primeros 12 días del "aislamiento social, preventivo y obligatorio"

en el caso de las empresas del interior la reducción de ingresos llegó al 38,7% por el mismo motivo. Y advierten que la reciente decisión de prolongar la cuarentena profundizará el déficit que ya acumula el sector.

"Somos, y queremos seguir siendo, una de las actividades que más fuentes de trabajo le ofrece a los habitantes de este país. De forma directa registramos más de 33.700 familias y otra significativa cantidad lo hace indirectamente", asegura la carta de FATAP.

Por eso mismo le solicitan que el Gobierno tome las acciones que estime pertinentes para que el sector pueda afrontar los costos producidos por la pandemia y las restricciones dispuestas, declarando la emergencia sectorial.

Entre las medidas, con carácter de urgentes, reclaman asignación de montos con destino específico al pago de los sueldos y cargas sociales de todo el personal. También, facilitar el otorgamiento de subsidios adicionales que permitan el funcionamiento de las empresas del transporte público de corta, media y larga distancia del interior abocadas a la asistencia de movilidad esencial.

Agregan que se le exija a las jurisdicciones provinciales y/o municipales que transfieran los fondos por los subsidios acordados respetando los plazos establecidos; que se las exima del pago de impuestos de cualquier tipo y categoría mientras dure la emergencia, en particular el Impuesto a los Combustibles Líquidos.

Las medidas solicitadas por la FATAP incluyen la suspensión del canon que se abona en concepto de toque de dársena en las terminales de todo el país y de los pagos de alquileres y expensas por locales de las mismas infraestructuras, cuando no estén en funcionamiento.

Que se promueva a suspensión del pago del cualquier tipo de canon o tasa de imputación directa, el no pago de peajes en rutas nacionales y provinciales como así también de las cargas sociales y que puedan seguir circulando con el parque móvil actual aun cuando los seguros sean dados de baja de forma transitoria y/o tengan la RTO / VTV vencida durante el cese total o parcial de servicios.

Los empresarios del sector añaden la "inmediata asignación del REPRO sin limitación de cantidad de empleados beneficiarios para el sector; eliminación del pago de comisiones del sistema SUBE; suspender la exigencia del pago de aportes y contribuciones patronales para el otorgamiento de las compensaciones económicas afectadas a la actividad".

La carta argumenta la necesidad de recibir compensación de los pasajes para personas con discapacidad, estudiantes de todos los niveles, del personal afectado a tareas esenciales, y otros beneficiarios de gratuidades o bonificaciones vigentes, utilizando la base tarifaria de aplicación real.

Que se faciliten todos los elementos de prevención del contagio a todos los agentes que realicen tareas de conducción y fiscalización; que se otorgue combustible sin cargo y conforme a cupos ajustados de compras históricas de cada empresa y exigencias de movilidad ocasionales, para el funcionamiento considerado esencial mientras dure la emergencia, así como también el otorgamiento de combustible a precio diferencial a aquellas prestadoras

que no son beneficiarias de las compensaciones complementarias.

En un apartado titulado "Medidas de carácter laboral, judicial, fiscales y bancarias", le reclaman a Cafiero otra serie de ayudas:

# Refinanciación y otorgamiento de nuevos planes de regularización de impuestos, incluidos los planes que por cualquier motivo se hayan caído con anterioridad a la declaración de emergencia;

# Suspensión de ejecuciones por cualquier tipo y naturaleza, incluidas las ejecuciones de multas

# Suspensión de la aplicación de sanciones dispuestas por el Ministerio de Trabajo y de los embargos múltiples de cuentas bancarias por parte del BCRA.

# Implementación de trámites urgentes para acceder al Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC)

# Establecimiento de mecanismos que permitan adaptar la dotación de mano de obra a la nueva realidad operativa de los servicios, vía jubilación de aquellos conductores que cumpliendo las condiciones para el acceso al beneficio de la jubilación a los 55

años optan por no hacerlo y establecimiento de esquemas de licenciamiento rotativo del personal;

# Reasignar los créditos fiscales disponibles de cada prestador para ser afectados al pago de impuestos;

# Arbitrar instancias de negociación que convaliden la inmediata sanción de Conciliación Obligatoria, en plena atención a la situación de descripta, ante reclamos que se susciten durante y posteriores a la duración de la Emergencia.