Acorraladas por la política de congelamiento de las tarifas que impuso el Gobierno desde principios de año y ahora por las consecuencias que las medidas sanitarias para combatir en coronavirus están generando en sus operaciones, las empresas del sector energético están al borde del default.

Si bien la crisis del sector es de larga data, la emergencia por la pandemia del Covid-19 está agravando la situación al punto que han dejado de pagar por la energía proveniente de la generación y transporte entregados por los agentes del mercado eléctrico mayorista que administrar la sociedad conocida por sus siglas de Cammesa.

En medio de un fuerte derrumbe de la recaudación por el cobro de las facturas, que bajó a más del 60% durante marzo y se espera que se repita en abril, empresas como Edenor, Edesur y Edelap, entre otras, están poniendo en marcha planes de salvataje que les permitan preservar sus recursos y servicios.

Una de las herramientas para sostener su operatoria y preservar las fuentes laborales es la de retrasar el cumplimiento de sus obligaciones con Cammesa por la energía que la sociedad les entrega para sostener la demanda de los consumidores de todo el país.

De hecho, según fuentes del mercado, las principales distribuidoras ya vienen pagando solamente el 50% del total, mientras que la totalidad del sistema arrastra una deuda cercana a los $70.000 millones.

Este preocupante escenario obliga al Estado nacional a tener que destinar más dinero a subsidiar para sostener el funcionamiento del sistema energético nacional y a sostener la caída de ingresos que sufre Cammesa frente a los fondos que esperaba recaudar.

"Estamos cobrando un 50% de lo habitual y tenemos igual que pagar sueldos y seguir operando con menos ingresos", señalan desde una de las distribuidoras desde la cual también se admite que están reteniendo parte de los fondos destinados a Cammesa porque se incumplió el acuerdo que debía regir desde enero pasado con la sociedad estatal.

La decisión genera un efecto cascada en la cadena de pagos en el sector que vincula el masivo incumplimiento de abonar las facturas de electricidad con la no cancelación de la energía que las distribuidoras le compran a Cammesa.

De hecho, desde la propia sociedad se admite la gravedad del problema. Una carta de Cammesa enviada a la asociación de entes reguladores hace referencia a las consecuencias que le impiden pagar a las distribuidoras.

Se mencionan a la restricción general de actividades; el aislamiento obligatorio y la imposibilidad de suspender el suministro eléctrico por falta de pago como las causales de la caída en la recaudación.

Son las mismas causales que identifican las cartas que las distribuidoras ya enviaron a las autoridades de Cammesa para avisar que van a diferir los pagos.

Un caso es el de Edelap, que difundió una nota a través de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires en la cual el directorio de la principal distribuidora de electricidad de la provincia de Buenos Aires reconoce que va a postergar sus pagos vinculados a los saldos pendientes que tiene con el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), comprometiéndose a regularizar la deuda "en la medida de la normalización de los ingresos de la distribuidora".

De esta forma, Edelap blanqueó una situación que también se da en las otras distribuidoras que prefieren entrar en default con su principal acreedor para priorizar de esta manera la aplicación de los ingresos a la seguridad y mantenimiento de la red, pago de sueldos y los gastos necesarios para la adecuada prestación del servicio eléctrico que resulta esencial para toda la población.

Pero no es solamente el efecto económico del cepo sanitario el que está agravando la operatoria de las distribuidoras. También se vieron afectadas por el congelamiento tarifario dispuesto por las autoridades desde enero pasado por al menos 180 días en virtud de la Ley N° 15.165 de Emergencia Social, Económica, Productiva y Energética.

Esta falta de adecuación de ingresos hace que no puedan cubrir el incremento de sus gastos y menos en un contexto como el actual de agravamiento derivado de la necesidad de instrumentar e implementar protocolos de emergencia y medidas necesarias enfrentar la pandemia del Covid-19.

De hecho, en la carta de Edelap se hace referencia también a un cúmulo de problemas que arrastran todas las empresas de este sector como el retraso de un año de ajuste de valor agregado de distribución en un entorno con alta inflación; caída esperada de la recaudación producto de la pandemia y sus normativas y falta de acceso al sistema financiero.

En el interior, el escenario es el mismo, tal como lo evidencia la nota en este caso enviada por Edesa, la distribuidora de Salta, también a Cammesa.

En su misiva, la firma recuerda que debe brindar sus servicios con un marco complicado derivado, por ejemplo, de la imposibilidad de aplicar cortes de servicios a ciertos usuarios, que se mantendrá como mínimo por 180 días, una caída de la recaudación, sumada a la situación macroeconómica previa que se agravó con la pandemia, el no acceso al sistema financiero, retraso de un año de ajuste de sus tarifas con alta inflación, más el cumplimiento de pago de impuestos incluidos en las facturas pero no percibidos que no han sido prorrogados en este contexto.

"A fin de asegurar la prestación del servicio, el directorio tomó conocimiento y aprobó lo actuado en relación a la solicitud a Cammesa para el diferimiento de las obligaciones de pago frente al Mercado Eléctrico Mayorista", agrega la nota de Edesa, casi repitiendo el mismo comunicado de Edesa.

Frente a esta preocupante situación, desde el Gobierno se le encomendó a los entes reguladores del sistema que verifiquen si los problemas planteados por las empresas tienen asidero, teniendo en cuenta que el propio Estado nacional está comprometido a evitar que se produzca una situación que afecte la cadena de pagos que termine dañando la operación del Sistema Argentino de Interconexión (SADI).

Lo que se busca es establecer las reales dificultades que atraviesan las distribuidoras y cuál es la magnitud de la caída de recaudación que está produciendo el combate contra el coronavirus.

"Lo que se busca es analizar el verdadero impacto que se asegura y saber a ciencia cierta cuál es la disminución de la recaudación que cada distribuidora invoca a partir de las medidas de restricción general de actividades y el aislamiento obligatorio de la población", explicaron las autoridades.

Pero el agravamiento de los problemas también está causando un impacto en las calificaciones de riesgo de las empresas del sector energético. Un ejemplo es el de Edenor, que se vio afectada por el cambio de perspectivas de riesgo crediticio de la Argentina, y que provocó que Moody’s Investors Service le modificara la calificación de las Obligaciones Negociables (ON) de la empresa con vencimiento en el 2022.

La calificadora la cambió de Baa3 a Caa1 en escala nacional, y de Caa1 a Caa3 en escala global. Lo mismo hizo con la calificación de las acciones de Edenor de Categoría 2 a 3; siendo las perspectivas futuras negativas.