Con la premisa de revertir un parate que no ha hecho más que agravar el estado de situación de un segmento signado, sobre todo en el último bienio, por los malos resultados, los desarrolladores inmobiliarios ya comenzaron a definir estrategias para la etapa siguiente a la salida de la cuarentena.

En las filas del empresariado del ladrillo manda la urgencia. Ocurre que, según datos aportados a iProfesional por fuentes de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (CEDU) y la Asociación de Empresarios de la Vivienda (AEV), las obras privadas en situación de parálisis suman, a nivel nacional, alrededor de 5 millones de metros cuadrados.

Puestos en valores económicos, desde ambas entidades aseguraron a este medio que los emprendimientos en "stand by" representan inversiones perdidas del orden de los 2.500 millones de dólares.

Semejante volumen de metros frenados, indicaron desde CEDU y AEV, tiene una incidencia negativa directa en la demanda de mano de obra directa. Desde las organizaciones expresaron que por la crítica situación de los proyectos inmobiliarios, hoy al menos 400.000 operarios se encuentran sin actividad alguna.

Más del 60% de los obreros de la construcción depende, ciertamente, de los desarrollos privados. El resto corresponde a la obra pública, también paralizada en su enorme mayoría por falta de financiamiento oficial. En ese ámbito, vale aclararlo, la incidencia de la maquinaria es determinante, de ahí el peso de, justamente, los privados en la torta total de la construcción.

Para las compañías del ramo, la cuarentena por la expansión del coronavirus ha sido fulminante: los empresarios reconocen que bajaron directamente a cero con la desaparición del pago de boletos y los aportes a los fideicomisos. La ausencia del permiso para operar mantiene en vilo financiero a las más de 150 empresas nucleadas en CEDU y AEV, la mayoría de ellas compañías Pyme con un promedio de empleados en torno a los 20 profesionales.

Precisamente, ambas entidades activaron un trabajo combinado con el fin de presentarle propuestas al Gobierno para retomar el ritmo de labor una vez culminada la prolongada etapa de aislamiento total.

La acción de CEDU y AEV coincide con los movimientos de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), cuyos ejecutivos vienen sosteniendo diálogo fluido con Gabriel Katopodis, ministro de Obras Públicas, y María Eugenia Bielsa, titular de la cartera de Desarrollo Territorial y Hábitat, con el fin de destrabar el trabajo en la construcción y de esa forma erradicar la proliferación de los despidos.

Según pudo saber iProfesional, el bloque CEDU-AEV inició tratativas con el fin de concretar reuniones con Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo, y la misma María Eugenia Bielsa, para acercarles iniciativas de trabajo conjunto con el Estado como camino de reactivación de la actividad.

La propuesta sobre la que más ponen énfasis los desarrolladores comprende el relanzamiento de planes de viviendas promovidos por el Gobierno pero concretados por estos actores del segmento inmobiliario. Se trata, en la práctica, de implementar un esquema de trabajo similar al modelo chileno de promoción oficial de soluciones habitacionales pero con concreción por parte de compañías privadas seleccionas previa licitación.

Desde las entidades que aglutinan a los desarrolladores también proponen el asesoramiento de actores públicos relacionados siempre con planes de viviendas. A la par de esto, el segmento procurará alzarse con oxígeno impositivo hasta tanto se consolide la recuperación de la construcción y retornen las inversiones a los emprendimientos hoy en estado de suspensión.

El peor escenario

"La situación para el sector no podría ser peor. Estamos en medio de una crisis imposible de cuantificar y que a los desarrolladores nos agarró con las defensas bajas. Veníamos de dos años de actividad baja y a la espera de que la renegociación de deuda que impulsaba el Gobierno nos devolviera inversores. No sólo eso no ocurrió: al freno se sumó la pandemia de coronavirus", comentó a iProfesional Gustavo Llambías, vicepresidente de la AEV.

"Hoy tenemos un contexto de parate absoluto en todas las obras privadas. La inactividad va desde la construcción a la cuestión comercial. Todo el circuito de inversiones está interrumpido. Sin dudas, estamos entre los sectores con mayor afectación. La facturación está en cero, siendo que en otras crisis jamás tuvimos grandes problemas en términos de cobrabilidad", añadió.

Llambías sostuvo que los cinco millones de metros cuadrados de obras paralizadas "es un cálculo que probablemente quede corto", y señaló que el gremio de UOCRA viene aportando sucesivos detalles de los trabajadores que pasaron a la inactividad a partir de la cuarentena.

"El fuerte de la construcción en términos de empleo está en el desarrollo de emprendimientos de viviendas, oficinas. Si tomamos además de los trabajadores de UOCRA al personal que desempeña funciones en carpintería, sanitarios, grifería y otras actividades siempre vinculadas con nuestro rubro, hoy estamos con al menos 400.000 operarios parados", precisó.

En cuanto a la extensión de la cuarentena, el directivo remarcó que, si bien por el momento no existe una situación masificada de compañías desarrolladoras en convocatoria de acreedores, "por más solvente que sea una empresa no puede vivir por mucho tiempo sin facturación y pagando sueldos".

"Los desarrollos inmobiliarios son llevados a cabo por compañías Pyme en su gran mayoría. Se depositaron los sueldos correspondientes a marzo y ahora se está definiendo el pago para cuando termine abril. El inconveniente grande está en que no se ha logrado el acceso a los créditos promovidos por el Gobierno. Ninguno de los desarrolladores que tramitó la opción logró hasta ahora hacerse con esa ayuda. La preocupación es enorme en ese sentido", dijo.

En cuanto a las propuestas de trabajo conjunto con el Estado pensadas por la cúpula de CEDU y AEV, Llambías comentó que las reuniones "están pedidas" y que el sector entiende que la actividad puede también garantizarle fondos frescos al Gobierno en tanto "casi la mitad de nuestros precios de venta corresponden a impuestos".

"Si nos ayudan a trabajar nosotros podemos lograr que vuelvan las inversiones. Nos servirían mucho ciertos diferimientos impositivos hasta que recuperemos el impulso. Podemos participar en los planes públicos de viviendas, que por lo general terminan siendo un gran pendiente en la mayoría de las gestiones. Desde el asesoramiento a la construcción, entendemos que podemos ser actores clave de una política concreta en vivienda", enfatizó.

Opción pero con reservas

Consultado respecto del estado de situación de los desarrolladores y la posibilidad que abre un eventual trabajo conjunto con el Estado, José Rozados, CEO de Reporte Inmobiliario, destacó el intento de las entidades. No obstante, sostuvo que las políticas de viviendas requieren de una planificación de largo plazo y no necesariamente deben asumirse como una posibilidad de recuperación inmediata para el ladrillo.

"Trabajar con el Estado no es tan sencillo: requiere de escala, infraestructura y también cierta financiación propia. Esto último, para sostener los pagos mientras se realizan las obras y también para esperar los desembolsos estatales, que siempre suelen demorarse. El desarrollo de viviendas requiere de una planificación fuerte y una mirada a largo plazo. No tanto entender a la alternativa como una salida del momento", dijo a iProfesional.

Rozados sostuvo que, de cara a lo que viene, hay que hacerse a la idea que la destrucción de capital intensificada por la pandemia anulará cualquier atisbo de mejora rápida de la construcción. "Se generará muy poco excedente, no es que habrá un flujo fuerte de capital", comentó.

El experto recomendó como objetivo para lo que queda del año "tratar de minimizar al máximo las consecuencias adversas" que dejará la expansión del Covid-19.

"Lo mejor sería apuntar a eso y prepararse lo mejor posible para un crecimiento pequeño ya a partir del próximo año", concluyó.