Mientras el Gobierno decidió congelar precios de alimentos y una serie de tarifas de servicios públicos por las nefastas condiciones económicas que las medidas para combatir el coronavirus están generando, el principal operador de autopistas de la Argentina salió a reclamar un aumento en los valores de los peajes.

Se trata del grupo español Abertis, que controla en el país a las sociedades Autopistas del Sol (Ausol) y Grupo Concesionario del Oeste (GCO), a su vez a cargo de las concesiones de las rutas Panamericana y Acceso Oeste, además de la Avenida General Paz.

Ambas sociedades volvieron a cobrar los peajes desde hace un par de semanas luego de haber recibido el aval del Gobierno que, al inicio de la cuarentena obligatoria y de las medidas de restricciones para circular, había establecido la obligación de abrir las barreras y permitir la circulación gratis en las autopistas concesionadas.

Sin embargo, deben mantener los mismos precios establecidos en abril del año pasado, cuando la anterior gestión de Mauricio Macri congeló los pajes como parte de las medidas tomadas en ese momento para combatir la recesión económica.

Ese congelamiento debía desaparecer en enero pasado, pero el presidente Alberto Fernández decidió extender la medida para luego, con el inicio de la lucha contra el Covid-19, directamente prohibirlos.

Peajes: pedido de subas a Vialidad Nacional

Ahora, ambas sociedades reclamaron a las autoridades nacionales que se aplique un incremento en los precios actuales a través de sendas notas enviadas a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), el organismo estatal a cargo del control de este tipo de contratos.

Según los comunicados, que tanto Ausol como GCO también publicaron en la página web de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, las dos concesionarias "tienen derecho a que se haga efectiva una Redeterminación Tarifaria anual que correspondería aplicar durante el año en curso".

En la carta argumentan que ese derecho se los otorga lo establecido por el Art. 4.2, incisos (a) y (b), y el Art. 4.3 inciso (a) del Acuerdo Integral de Renegociación (el "AIR") suscripto entre las dos sociedades y el Estado nacional que fue aprobado por el Decreto N° 607/2018.

Tanto Ausol como GCO reclaman una "Redeterminación Tarifaria".

"Habiéndose cumplido las condiciones previstas en tales disposiciones del AIR, la Sociedad puso en conocimiento del Órgano de Control, perteneciente a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), los nuevos valores de los cuadros tarifarios resultantes de la referida Redeterminación Tarifaria 2020, a los efectos de posibilitar su entrada en vigencia", se repite en ambas cartas redactadas por los principales ejecutivos tanto de Ausol como de GCO.

Pero hasta ahora no hubo respuesta por parte de las autoridades nacionales dentro del plazo contractualmente fijado para que se formulasen las observaciones de cálculo que pudieran corresponder.

Frente a esa situación, el 22 de mayo pasado, las dos concesionarias realizaron nuevas presentaciones en las que expusieron que, "ante la falta de avance en el procedimiento previsto para la efectivización de la aplicación de los cuadros tarifarios resultantes de la Redeterminación Tarifaria 2020, esta Sociedad —tal como ocurrió durante la vigencia del congelamiento tarifario anunciado el 17 de abril de 2019 y mantenido durante todo ese año—, se ve en la necesidad de interpretar que, a criterio del Órgano de Control y de la DNV y sin que ello implique su consentimiento por la Sociedad, persiste una Medida de Congelamiento Tarifario que impide aplicar los cuadros tarifarios que correspondería aplicar según el AIR, sin que a la fecha el Órgano de Control o la DNV se hayan expedido tampoco sobre la última presentación realizada".

¿Se viene una pelea judicial por los peajes?

Si bien las dos empresas no modificarán los precios actuales de los peajes de manera unilateral y mantendrán las tarifas vigentes, advierten que comenzaron a analizar qué posibilidades legales tienen para revertir esta situación.

"Ante lo expuesto, la firma se encuentra analizando los remedios previstos en el AIR y los posibles pasos a adoptar en defensa de sus derechos; ello sin perjuicio de continuar aplicando el cuadro tarifario que fuera publicado oficialmente con fecha 5 de enero de 2019", aclaran desde Ausol y también desde GCO.

A principios de año, tanto Ausol como GCO habían calculado que, de no regir el freno tarifario, los autos particulares estarían pagando entre $90 y más de $100, lo que representa una actualización del 50% en el peaje para autos de la Panamericana. Si se aplicara el mismo porcentaje para los valores de hora pico, actualmente en $75, llegaría a $112,5.

Las empresas evalúan posibilidades legales para lograr los aumentos.

 Se trata de valores actualizados por inflación a ese momento, por lo que a la actualidad el reclamo sería por precios aún mayores que, además se deberían sumar a los retoques que exigen Ausol y GCO por el acuerdo de renegociación contractual que firmaron con el anterior gobierno.

En ese momento, las autoridades habían accedido a compensar parte de los reclamos de las dos empresas por el congelamiento del peaje durante parte de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández que alcanzaba los u$s540 millones.

Ese contrato es actualmente investigado por supuestas irregularidades denunciadas desde el Ministerio de Obras Públicas que conduce Gabriel Katopodis.

Luego de asumir su cargo, el funcionario avisó que pondría la atención en todos los contratos firmados por Macri y abrió una auditoría por entender que los contratos firmados en el 2018 por Ausol y GCO acumulan una importante serie de irregularidades.

Ese año, Abertis negoció con los funcionarios de Cambiemos la extensión de las operaciones de Ausol y GCO por otros 12 años en el marco de un acuerdo integral de renegociación contractual, por el cual se les extendió el negocio hasta el 31 de diciembre del 2030.

El contrato contempla inversiones por más de $16.500 millones, suma que el grupo deberá destinar para mejorar las rutas que tiene a cargo y que quedó establecido por el Decreto 607. Un detalle: no fue firmado por Macri, sino por la vicepresidenta Gabriela Michetti el 27 de junio del 2018. El ex presidente se excusó de rubricarlo para evitar un eventual conflicto de intereses, teniendo en cuenta que la empresa de su familia, Sideco, fue accionista de Ausol hasta mayo del 2017, cuando vendió sus tenencias. Abertis posee el 31,59% del capital accionario y la italiana Impregilo otro 19,82%. Por esto, la Oficina Anticorrupción le recomendó al ex Presidente no intervenir en la negociación.

Sin embargo, en la actualidad todas esas obras se encuentran paralizadas o a medio hacer y en su mayoría también forman parte de las investigaciones que se abrieron contra ambos grupos concesionarios.