A contramano de las suposiciones en tanto el segmento nunca dejó de operar a lo largo de la cuarentena, las farmacias en el territorio de la provincia de Buenos Aires atraviesan una tormenta financiera que afecta de forma contundente la provisión de medicamentos en tiempos de Covid-19. Debido a la profundización en el incumplimiento de pagos oficiales correspondientes al Programa Federal Incluir Salud -antes PROFE-, el sector acaba de interrumpir prácticamente por completo los descuentos a familias numerosas, desempleados, beneficiarios de planes sociales y discapacitados.

Se trata, justamente, de los beneficiarios de Incluir Salud, una iniciativa que contempla la cobertura del 100 por ciento del costo de los remedios. El programa en cuestión perdió lugar en las farmacias a partir de una deuda del orden de los 400 millones de pesos que la Provincia de Buenos Aires mantiene con estos comercios desde hace prácticamente un año.

El corte de la cobertura en cuestión fue confirmado a iProfesional por autoridades de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), desde donde se indicó que hasta el momento el segmento político no ha dado señales de al menos intentar achicar de alguna forma parte el monto multimillonario.

En el seno de la organización señalan que, en más de una reunión concretada con representantes del área de Salud bonaerense, los funcionarios expusieron que la imposibilidad de pagar responde a que la Nación no gira los fondos correspondientes.

"Lo último que cobramos por la prestación fue en julio del año pasado. El incumplimiento nos llevó a este momento de prestación prácticamente inexistente. Nadie puede sostener una cobertura por la que no se paga a lo largo de un año. Es muy grave que no se atienda una deuda así en tanto estamos hablando de una cobertura específica para personas en situación de alta vulnerabilidad", dijo a iProfesional Isabel Reinoso, presidenta de COFA.

"Hemos intentado todas las gestiones para tratar de encontrar algún tipo de solución. No se nos ha dado una sola respuesta. Casi la totalidad de las 450 farmacias que atendían con Incluir Salud interrumpieron los descuentos. Se hace imposible brindar una cobertura del 100 por ciento siendo que los farmacéuticos deben cumplir con los laboratorios o droguerías en el transcurso del mes. La misma farmacia venía cubriendo el descuento dada la ausencia del reintegro", añadió.

Reinoso remarcó la relevancia social y sanitaria del programa y el impacto que genera la falta de respuesta oficial a la deuda que reclama el sector que representa.

"Incluir Salud es una cobertura pensada para los sectores más vulnerables, aquellos que hasta la puesta en marcha del programa carecían justamente de toda cobertura. Los beneficiarios del descuento son personas que no tenían otra obra social, mucho menos acceso", precisó.

Por último, la directiva sostuvo que la pérdida de poder adquisitivo por efecto de la pandemia también viene impactando de forma negativa en los números económicos del rubro.

"En mayo sufrimos una caída de casi el 10 por ciento en cuanto a venta de unidades de medicamentos. Y en junio también ocurrió lo mismo. Mucha gente dejó de controlarse patologías crónicas: diabetes, hipertensión. Se abandonaron tratamientos, se interrumpió la demanda de algunos remedios. Todo eso generó un dolor de cabeza adicional en un momento complicado para la economía en general", expresó.

Las farmacias reclaman una deuda de $400 millones que empezó a tomar cuerpo a mediados del año pasado.

Batalla contra las recetas

A la par de este escenario, sendos propietarios de farmacias se encuentran inmersos en una batalla contra una potencial ley orientada a las recetas digitales. Advirtieron que, en caso de aprobarse el marco, peligrarán 100.000 puestos de trabajo.

A través de un comunicado, la Mesa Coordinadora de Farmacias de AMBA, que nuclea a distintas cámaras del sector, alertó que, de prosperar en el Senado el proyecto de Ley de Receta Digital, "podrían correr peligro alrededor de 100.000 puestos de trabajo en forma directa e indirecta y la continuidad de 14.000 farmacias".

La iniciativa ya recibió la media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación, y un dictamen favorable por parte de la Comisión de Salud del Senado, por lo que se presta para ser aprobada en la próxima sesión de la cámara alta.

La Mesa, que representa a la gran mayoría de las farmacias de todo el país, aseguró que "si bien nosotros promovimos y apoyamos la puesta en marcha de la receta electrónica, consideramos que, de no realizar los cambios necesarios en dicho proyecto, podrían correr peligro los 100 mil trabajadores del sector".

Dueños de farmacias aseguran que, tal como está redactada, la eventual normativa habilita la venta de medicamentos por parte de cualquier comercio.

"El proyecto, tal cual está redactado, deja abierta la posibilidad de que pueda venderse medicamentos en otros establecimientos que no sean una farmacia. Es decir, clínicas, sanatorios, geriátricos, vacunatorios y hasta plataformas online. ¿Cuál es el principal problema de esto? De esta manera se esta desvirtuando la ley vigente de farmacias, la 17.565, la cual manifiesta que los medicamentos, solo pueden ser vendidos en farmacias habilitadas por la autoridad responsable", expuso la organización a través de un comunicado divulgado en días recientes.

"La venta de medicamentos debe tener un control profesional y riguroso. No puede venderse en una plataforma online, cono si se tratase de un mueble, un electrodoméstico o un juguete. Las farmacias deben seguir manteniendo el estatus de centro primario de salud al servicio de la comunidad", concluye el texto en cuestión.