En medio de un fuerte debate con el Gobierno por la continuidad de la concesión, de una investigación judicial que involucra a sus principales ejecutivos y con los precios de los peajes congelados desde hace más de un año, el mayor operador de autopistas del país acumula pérdidas superiores a los $3.200 millones durante lo que va del 2020.

Se trata de holding español Abertis, accionista mayoritario en Autopistas del Sol (Ausol) y Grupo Concesionario del Oeste (GCO), sociedades a su vez a cargo de las operaciones de los accesos Norte y Oeste, de la Panamericana y de la avenida General Paz.

Según información que ambas empresas enviaron a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el primer semestre del año fue totalmente preocupante para la continuidad de sus operaciones.

Cómo se reparten los malos resultados

La mayor pérdida la registró GCO con $2.425 millones, mientras que Ausol informo un rojo de $791 millones.

Con respecto a igual período del 2019, se trata de un incremento de $1.134 millones en el resultado negativo, ya que en dicho semestre el rojo acumulado por Ausol y GCO había sido de $2.066 millones.

Las dos sociedades sufrieron una drástica reducción de sus ingresos no solamente por el congelamiento de los peajes, sino también por una drástica caída del 50% del tránsito en sus concesiones, producto de las medidas de aislamiento tomadas por el Gobierno para combatir la pandemia del Covid-19.

A esto le suman dos meses (marzo y abril) donde no tuvieron ingresos porque las barreras permanecieron levantadas también por decisión oficial en el marco de la cuarentena por el coronavirus.

Ausol y GCO operan con peajes congelados desde febrero de 2019.

Además, se vieron afectadas por los efectos de la devaluación con sus consecuentes incrementos de costos operativos y administrativos que deben soportar para mantener los servicios.

Tanto Ausol como GCO vienen operando con peajes congelados desde febrero del 2019, cuando aplicaron el primer aumento establecido en el nuevo contrato de concesión acordado con el anterior gobierno del ex presidente Mauricio Macri.

A partir de ese mes, las tarifas para los autos particulares que transitan entre Capital y la zona Norte por la Panamericana en las horas de mayor circulación se mantiene en $60 (ramal Debenedetti Márquez; $65 (Tigre) y $75 (Pilar-Campana). Mientras tanto, el peaje del Acceso Oeste asciende a $65.

Luego, las mismas autoridades decidieron frenar las subas posteriores en el marco de "medidas económicas y sociales" que se aplicaron para mitigar los efectos de la recesión en los bolsillos de los argentinos.

Y en diciembre del mismo año, el nuevo gobierno del presidente Alberto Fernández optó por mantener el congelamiento. En realidad, las autoridades del Frente de Todos frenaron los aumentos hasta que se haya realizado una evaluación de la necesidad y el impacto de una actualización tarifaria, y se abran nuevas instancias de diálogo con las empresas concesionarias.

Con este escenario de fondo, el movimiento de Ausol y GCO no llega a cubrir los costos operativos y compromete la liquidez de las concesionarias, generando un agujero en la caja difícil de recuperar y colocando a las dos empresas en una situación complicada.

En realidad, profundiza la crisis si se tiene en cuenta que el año pasado ambas empresas acumularon pérdidas por $4.145 millones, de las cuales Ausol aportó $3.384 millones y GCO los restantes $761 millones.

En ese momento, los directorios de las dos sociedades decidieron hacer frente al quebranto absorbiendo las pérdidas mediante la desafectación de parte de la reserva facultativa para la futura distribución de dividendos por hasta $500 millones por cada sociedad.

De hecho, las fuertes pérdidas contrastaron con los millonarios ingresos que ambas sociedades lograron en el 2018: $7.750 millones en el caso de Ausol, y $6.265 millones de GCO. Es decir, un global de $14.015 millones.

Ese año, lograron renegociar sus contratos de concesión con importantes beneficios que ahora el Gobierno puso bajo la lupa por entender que existen irregularidades y cláusulas sospechosas.

Entre otras medidas, el nuevo acuerdo estableció una ampliación del plazo de la concesión hasta el 31 de diciembre del 2030; un ambicioso plan de inversión y un mecanismo de compensación de las inversiones no amortizadas que fueron reconocidas en dicho contrato.

También le puso fin a una demanda que la Argentina enfrentaba en los tribunales internacionales del Ciadi por u$s1.240 millones. La denuncia fue presentada por Abertis ante el incumplimiento del contrato de concesión en el que había incurrido el Estado nacional durante el gobierno de Cristina Kirchner.

En su momento, se consideró que el acuerdo de renegociación ponía fin a años de incertidumbres y dificultades que vivieron Ausol y GCO. Sin embargo, las actuales autoridades consideran que se trata de un mal acuerdo para el país que fue concretado a partir de maniobras ilegales.

Peajes: el Gobierno cuestiona los acuerdos de la administración anterior con Abertis.

Causa penal por los peajes

En la actualidad, existe una causa penal bajo la carátula "Macri, Mauricio y Otros s/ abuso de autoridad y violac, Deb.Func. Púb.", que tramita ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 6, Secretaría N° 11, a cargo de Julián Ercolini.

Hasta ahora, se encuentran procesados ex funcionarios del gobierno de Cambiemos y se llamó a indagatoria, aunque si fecha, al presidente de Ausol y GCO, Andrés Barberis Martin.

Hace unos días, el propio ejecutivo presentó un escrito ante el magistrado en la cual efectúa una detallada explicación, respuesta y valoración sobre los hechos de la denuncia y las pruebas producidas por el juzgado.

Según un comunicado de ambas empresas, del análisis de las pruebas "se desprende con claridad la improcedencia de la denuncia."

Barberis acompañó su presentación con carácter de prueba diversa información y documentación respaldatoria de las explicaciones aportadas a las actuaciones. "Tanto el Sr Barberis como la Sociedad han intentado en todo momento colaborar con la investigación y brindar toda la información y documentación que corrobora la legalidad de lo actuado durante el proceso de renegociación del Contrato", asegura la carta.