La concreción de la represa hidroeléctrica de Portezuelo del Viento, mencionada en Cuyo como la "obra del siglo", entró en un callejón de controversias e indefiniciones y cada vez hay más dudas respecto de la continuidad del proyecto.

Al freno dispuesto por la Corte Suprema para la realización de nuevos estudios de impacto ambiental, solicitados por los gobiernos de La Pampa, Neuquén, Río Negro y Buenos Aires que se oponen al emprendimiento, ahora se conoció que Mendoza -impulsora de la usina- decidió suspender por "tiempo indeterminado" la continuidad del proceso de licitación para el desarrollo concreto de la represa.

Según indicaron a iProfesional fuentes ligadas al proyecto, el parate dispuesto por el gobierno provincial responde a "la necesidad de evaluar mejor los antecedentes de los únicos oferentes que se encaminaban a quedarse con el proyecto" y, también, "para atender el reclamo de las empresas que quedaron afuera, que se quejaron de las condiciones que se les pusieron para participar de la licitación".

"Hay mucho malestar entre los popes de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC). Muchos empresarios del rubro consideran que las exigencias establecidas para ser calificados, los avales que se solicitaron, terminaron operando a favor de los únicos que quedaron en competencia. Cumplir con todas las pautas oficializadas demoraba al menos 6 meses más de desarrollo de las propuestas. El gobernador Suárez no quiso extender más el proceso", señalaron las voces consultadas.

La suspensión llega a menos de un mes de que Mendoza recibiera más de 18,5 millones de dólares provenientes del Gobierno nacional para el inicio de obras.

"La decisión de parar la licitación le generará a Suárez más de un reproche desde Buenos Aires. En medio de la presión del resto de las provincias por frenar la represa, el Gobierno tiene el gesto de seguir girando los fondos. En señal de acompañamiento político. Y ahora Mendoza dispone frenar todo porque hay ruido en los antecedentes de los oferentes. Es un escenario que bordea el escándalo", sostuvo ante iProfesional un referente del ámbito de la construcción.

El "ruido" en cuestión refiere a los cuestionamientos que pesan sobre empresas como CEOSA, una de las integrantes de la UTE que se encamina a quedarse con el proyecto.

"Su dueño tiene un historial de escándalos judiciales. Tampoco hay que olvidar la situación financiera en la que está IMPSA, otra integrante de la UTE. No resulta muy oportuno que compañías con inestabilidad financiera estén a un paso de abrochar un proyecto tan extenso como multimillonario. Tal como se están dando las cosas, y por efecto de las críticas y aspectos poco claros, Portezuelo podría entrar en una indefinición prolongada", dijo la fuente.

Valuado en más de 1.000 millones de dólares, el proyecto de Portezuelo del Viento comprende la instalación de una central hidroeléctrica a construir sobre el Río Grande, en el departamento cuyano de Malargüe.

En concreto, el emprendimiento implica el desarrollo de un embalse de casi 200 metros de altura por 500 de largo sobre el Río Grande, el cual estará dotado con una potencia instalada de 210 megavatios.

La obra contempla la modificación de una parte de la traza de la ruta nacional 145 y la instalación de una línea de alta tensión con llegada a Malargüe. La central generará alrededor de 890 gigawatts de energía al año, cantidad suficiente para abastecer a unos 130.000 hogares. Se estima que el desarrollo total de la megaobra demandaría trabajos sostenidos por un lapso de al menos cinco años.

El proyecto de Portezuelo del Viento demandará desembolsos superiores a los 1.000 millones de dólares.

Competencia de uno solo

El único oferente en competencia por el desarrollo de Portezuelo del Viento es una UTE que conforman las firmas IMPSA -cuyo 35 por ciento del capital continúa en poder de Pescarmona-, Obras Andinas SA, CEOSA y el gigante estatal chino Sinohydro.

"Las empresas que conforman la UT diseñaron un esquema que permitió presentar una oferta con más de 80 por ciento de contenido local. Se firmaron subcontratos con más de 50 pyme mendocinas y se prevé la incorporación de más empresas locales a lo largo de la construcción de la represa a través de cuatro anillos concéntricos de subcontratación, generando puestos de trabajo para más de 20.000 personas y una amplia integración de la industria y servicios locales", indicaron desde IMPSA a iProfesional.

"El consorcio trabajó durante diez meses en la preparación de su oferta. Participaron 100 personas, con una inversión de más de 2 millones de dólares. Las limitaciones de la pandemia que afectaron a Asia y luego a Occidente no impidieron la preparación no solo de las ofertas Básica y Alternativa Obligatoria indicadas en el Pliego, sino también la generación de seis Variantes, cumpliendo los plazos y requerimientos", se añadió.

Obras Andinas SA, otra integrante del consorcio, pertenece a Omar Álvarez, un empresario que mantiene asociaciones con José Luis Manzano en el ámbito de los medios de comunicación mendocino. Sin ir más lejos, a principios de este año relanzaron el canal 6 Telesur de la ciudad de San Rafael.

En cuanto a CEOSA, la empresa es propiedad de Fernando Porretta, un inversor marcado por la polémica: en 2018 resultó investigado por la Oficina Anticorrupción y la Justicia Federal en Buenos Aires por presuntos actos de corrupción. En ese momento, se lo vinculó a supuestas maniobras para quedarse con licitaciones de proyectos -entre los años 2010 y 2015- cotizados en más de 1.500 millones de pesos.

Sólo en Mendoza y durante ese período, Porretta llevó a cabo iniciativas como la construcción de una cárcel federal, el estadio de la villa olímpica, la doble vía Luján-Tunuyán, la recuperación del hotel Potrerillos y el metrotranvía, entre otros emprendimientos.

El único oferente es una UTE integrada por IMPSA, Obras Andinas SA, CEOSA y el gigante estatal chino Sinohydro.

Por último, Sinohydro es una estatal china del rubro de la ingeniería y la construcción que ya posee negocios en la Argentina. Por ejemplo, el año pasado logró quedarse -en consorcio- con la construcción de El Tambolar, una central hidroeléctrica en San Juan que demandará una inversión superior a los 480 millones de dólares.

En su país de origen, el gigante en cuestión controla más de 45 unidades orientadas justamente a la construcción y casi 60 empresas de electricidad. Factura, en términos anuales, cerca de 60.000 millones de dólares y ostenta un plantel de operarios y técnicos del orden de los 220.000 empleados.