En el marco de un polémico concurso preventivo y hasta con denuncias penales contra su dueño, una de las mayores desarrolladoras inmobiliarias de la Argentina acaba de presentar una propuesta para reestructurar una deuda que se acerca a los u$s200 millones.

Se trata de Ribera Desarrollos, que es propiedad del empresario Carlos De Narváez y que desde finales del año pasado viene atravesando por un complejo proceso concursal para hacer frente a una deuda con importantes acreedores entre los que se destacan un grupo de bancos y una de las mayores distribuidoras de electricidad del país.

La sociedad es, a su vez, dueña de uno de los proyectos inmobiliarios más ambiciosos de los últimos años. Es decir, de Al Río, ubicado en la intersección de las avenidas Libertador y General Paz, del lado de la localidad bonaerense de Vicente López.

El proyecto nació con la idea de levantar en esa zona un mega emprendimiento inmobiliario en 16 hectáreas donde hasta ahora solamente se instalaron algunos edificios para residencia, oficinas, bancos, locales comerciales y la sede del diario La Nación, todo junto al predio del supermercado Carrefour.

La idea era mucho más abarcativa y hasta contemplaba un centro comercial; dos torres de oficinas en el lado norte y sur del predio; locales para pymes; residencias de lujo y un hotel cinco estrellas.

Qué pasó con Al Río

De Narváez incumplió con los contratos firmados con los particulares y las empresas que le fueron acercando dinero para asegurarse un lugar en el mega emprendimiento. Solamente construyó la torre sur y algunos locales comerciales y dejó sin hacer 80.000 metros en los cuales se proyectaban edificios de 36.000 metros cada uno que ya están vendidos pero que no se han iniciado ni los cimientos todavía.

Entre los perjudicados por esta maniobra figuran casi todos los bancos más importantes de la City porteña como son el Patagonia; HSBC e Hipotecario, que fueron inversores del emprendimiento Al Río. También la distribuidora energética Edenor, propiedad del empresario Marcelo Mindlin, que pagó u$s50 millones para la construcción de un edificio al cual iba a mudar su sede pero que nunca se concretó.

En este marco, el concurso preventivo se tramita en el Juzgado Comercial 12, Secretaría 23, de Hernán Papa, y la representación de De Narváez había quedado en manos del Estudio Grispo. Sin embargo, por diferencias en los criterios para manejar la causa, Jorge Grispo se desvinculó de De Narváez, quien lo reemplazó por otro abogado, Sebastián M. Paz.

El empresario Carlos de Narváez.

La nueva propuesta de De Narváez

Hace unas horas, la sociedad presentó ante el juzgado una propuesta de reestructuración de la deuda que ya fue considerada "inviable" por la mayoría de los acreedores consultados por iProfesional, quienes también la calificaron como "insuficiente" y en algunos casos hasta se animaron a predecir que el proceso va a culminar en lo que legalmente se denomina cramdown.

Es decir, en una figura comercial prevista en el artículo 48 de la Ley Nacional de Concursos y Quiebras, N° 24.522, mediante la cual no se podrá decretar la quiebra de la sociedad sino que se debería abrir un registro en el cual deberán inscribirse todos aquellos interesados en adquirir la empresa, sean o no acreedores.

En el caso de la propuesta de Ribera Desarrollo, a la que iProfesional accedió, propone la creación de varios fideicomisos, o en su caso, sociedades que se integren con bienes que se escindan de Ribera Desarrollos para constituir patrimonios separados "que otorguen mayor seguridad jurídica a los acreedores en relación al cobro de sus acreencias".

La presentación divide las propuestas según la categoría de los acreedores, teniendo en cuenta además que el juzgado a cargo del concurso preventivo ha excluido de la categorización a los acreedores cuyos créditos consisten en "obligaciones de hacer" y que deben negociar con la empresa de De Narváez las escrituras traslativas de dominio que correspondan en cada caso.

Al Río: la idea original del proyecto era mucho más abarcativa.

Para los acreedores incluidos en la Categoría A (acreedores quirografarios con derecho a percibir sumas de dinero), De Narváez plantea tres opciones. La primera se reserva a quienes reclamen créditos denominados en pesos y se les ofrece el pago del 50% en dos cuotas anuales iguales y consecutivas con un período de gracia de un año desde que quede firme la homologación del concurso preventivo para el pago de la primera cuota.

Se devengará una tasa de interés equivalente a la prevista por el Banco Central para el financiamiento de las pymes.

En cuanto a los créditos denominados en dólares, la primera opción es la de también abonar el 50% pero en pesos al tipo de cambio vendedor que publica el Banco de la Nación Argentina, en la fecha de pago, con primer vencimiento un año después de que quede firme la homologación del acuerdo preventivo. Y la cuota restante al segundo aniversario de dicha fecha.

También ofrece devengar un interés equivalente a la tasa del 6% anual sobre saldos, por todo concepto, desde la fecha en que quedará firme el auto de homologación del acuerdo preventivo.

La segunda opción para los mismos créditos en pesos consiste en el pago del 70% del total en seis cuotas iguales y consecutivas en pesos. En este caso, los vencimientos son similares a los de la primera opción. Es decir, con un impasse de un año y luego por cada año hasta completar los seis períodos. Y también devengarán una tasa similar a la que el Central le aplica a las pymes.

Con respecto a la deuda en dólares, la oferta es similar pero pesificando los montos, abonando en la misma cantidad de cuotas y devengando un interés equivalente a la tasa del 6% anual sobre saldos, por todo concepto.

En cuanto a la tercera opción, se encuentra en análisis pero está reservada para créditos verificados y/o declarados admisibles, que implican el pago a través de la cesión en pago de metros cuadrados construidos, considerándolos a valor histórico de mercado en dólares para inmuebles de similares características en la zona donde se encuentra ubicado el proyecto Al Río.

Además, la propuesta recién será instrumentada con posterioridad a que quede firme la homologación del acuerdo preventivo.

En lo que hace a las deudas con organismos fiscales como la AFIP, Ribera Desarrollos propone acogerse a los planes de moratoria.

Con respecto a otras categorías de acreedores, como los laborales, también busca acordar con importantes quitas, mientras que a los acreedores privilegiados no les propone ningún mecanismo de acuerdo.