Por orden del Ministerio de Obras Públicas que conduce Gabriel Katopodis, la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) busca convertirse en querellante de la causa penal por la concesión de los peajes a las empresas Autopistas del sol (Ausol) y Grupo Concesionario del Oeste (GCO) durante el gobierno de Mauricio Macri.

Se trata de una causa que corre en paralelo con la investigación iniciada para analizar la viabilidad de los contratos que le permitieron a las dos compañías propiedad del grupo español Abertis extender sus concesiones hasta el 2035.

El organismo acaba de enviar un escrito al juzgado que dirige Julián Ercolini y se conoce luego de que la Sala 2 de Cámara Federal anuló los procesamientos de los ex funcionarios macristas Guillermo Dietrich; Javier Iguacel; Nicolás Dujovne y Bernardo Saravia Frías.

A pesar de esta decisión, la DNV dirigida por Gustavo Arrieta acaba de presentar una querella criminal por la comisión de los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público; cohecho y tráfico de influencias; malversación de caudales públicos; negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública; estafa y fraude contra la administración pública y asociación ilícita.

Nuevas acciones judiciales

De esta forma, el ente a cargo del ministro Katopodis se quiere sumar al pedido de la Unidad de Información Financiera (UIF), que se presentó en el juzgado Federal 6 para solicitar ser aceptada como querellante y reclamó la inhibición de bienes de Ausol; GCO y de Abertis. En caso de ser aceptado, el organismo podría darle mayor impulso a uno de los expedientes que más compromete al ex presidente Macri y sus exfuncionarios y que ahora tuvo un importante retroceso por un planteo formal.

En el caso del escrito de la DNV, hace referencia a la denuncia presentada por los diputados nacionales Leopoldo Moreau; Carlos Castagneto; Adrian Grana y Rodolfo Tailhade para que se investigue si en el marco del procedimiento de renegociación integral del contrato de concesión del acceso Norte con Ausol, que se inició mediante la Resolución de la DNV N.º 886/2016 del 4 de julio del 2016 y que culminó con la firma del Decreto presidencial N° 607/2018 del 2 de julio del 2018.

Mauricio Macri: Vialidad busca impulsar un expediente que podría comprometerlo.

Para los actuales funcionarios del ente, "existió por parte de alguno o algunos de los funcionarios públicos intervinientes la exteriorización de un interés en miras de un beneficio propio y/o de terceros, como así si con los actos llevados a cabo en tal proceso se pudo haber configurado una violación de los deberes a su cargo con el fin de procurar para sí o para la empresa concesionaria un lucro indebido defraudando las arcas estatales cuyo manejo, administración o cuidado les competía".

La DNV también reclama a la justicia que se investigue si en el marco del proceso de renegociación contractual respectivo, se habría actuado "interesadamente" en beneficio de GCO y en perjuicio del Estado Nacional.

Para los querellantes, la renegociación contractual le reconoció a las empresas (24 años después y a poco de vencer sus contratos) "mediante una maniobra que encubriría una adjudicación directa, es decir un nuevo contrato de concesión, u$s499 millones en concepto de compensación del Estado por el supuesto desequilibrio generado por la crisis económica entre el 2001 y el 2002.

"La maniobra instrumentada, estructurada sobre un andamiaje de compensación y condonaciones de multas y penalidades, requiere sin dudas del conocimiento de las máximas autoridades para su realización, que justamente resultaban los que tenían intereses manifiestos en las empresas concesionarias", argumenta la DNV en su presentación ante Ercolini.

La polémica por los peajes todavía no se disipa.

Vialidad, presunta afectada por los contratos

Según Arrieta, los supuestos delitos afectan directamente a la DNV, por ser la autoridad de aplicación de los contratos de concesión.

"Cabe apuntar que no puede desconocerse la extrema gravedad que –de comprobarse conforme a los estándares y exigencias que impone al proceso penal nuestra Constitución Nacional y las leyes que reglamentan sus preceptos- tendrían los hechos que están siendo investigados, los cuales podrían ser calificados en los términos de la Convención Interamericana contra la Corrupción y de la Convención de la Organización de las Naciones Unidas contra la Corrupción, en cuyos Preámbulos se pone de manifiesto la preocupación de los Estados por diversas cuestiones que importan actos de corrupción de funcionarios", sostiene el paper.

También se asegura la certeza de que la DNV es la principal y directa afectada por las maniobras investigadas en, que comprometen seriamente al Erario Público Nacional. "Este argumento por sí mismo sustenta la querella que aquí se peticiona", detalla.

Fuentes oficiales explicaron a iProfesional que, desde el Gobierno se buscará hacer todo lo posible para que la causa judicial llegue hasta las últimas consecuencias. "Los hechos son gravísimos y el perjuicio al Estado y al patrimonio de los argentinos fue enorme" advierten.

"Creemos que las anteriores autoridades de Vialidad Nacional, del ministerio de Transporte y de otras áreas, pusieron en práctica un modelo de negocios fraudulento que deberá ser sancionado por la Justicia", añaden las fuentes.

De hecho, consideran que los ex funcionarios desprocesados por la Cámara Federal volverán a rendir cuentas ya que se los excluyó por detalles técnicos o formales que serán subsanados y que tienen que ver con que no pudieron acceder a una parte de las pruebas en su contra.

"El juez Canicoba Corral, que estuvo a cargo de la causa hasta su retiro, en su momento, dijo que era prueba suficiente para procesarlos", señalaron.