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Carlos De Narváez pide tres años de plazo para empezar a pagar una millonaria deuda

Carlos De Narváez pide tres años de plazo para empezar a pagar una millonaria deuda
El empresario no logra convencer a importantes acreedores que financiaron su mega proyecto inmobiliario Al Río que nunca se terminó de construir
Por Andrés Sanguinetti
29.10.2020 19.03hs Negocios

Después de haber dejado una millonaria deuda impaga y haber incumplido con importantes bancos locales e internacionales; proveedores e inversores, ahora Carlos De Narváez pide un plazo de tres años para cumplir con los compromisos que asumió para levantar un mega complejo inmobiliario en la localidad bonaerense de Vicente López.

El empresario y hermano del ex diputado Francisco De Narváez, solicitó en forma personal y para su holding inmobiliario Ribera Desarrollos la apertura del concurso preventivo de acreedores.

El 18 de febrero del año pasado, la Justicia falló a favor de ese procedimiento para que De Narváez pueda presentarle a sus acreedores una propuesta lógica de reestructuración y pago de un pasivo por u$s250 millones.

El procedimiento se encuentra en el Juzgado en lo Comercial 12 de la Ciudad de Buenos Aires y entre los acreedores figuran casi todos los bancos más importantes de la City porteña, además de varias empresas, proveedores, inversores y propietarios de dos torres que la empresa vendió pero que no construyó nunca. Por caso, los bancos Patagonia, HSBC e Hipotecario, que fueron inversores del emprendimiento Al Río que debía construir Ribera Desarrollos pero que nunca terminó.

También la distribuidora energética Edenor, propiedad del empresario Marcelo Mindlin, quien le pagó u$s50 millones a De Narváez para la construcción de un edificio en el emprendimiento que tampoco se concretó.

De los u$s250 millones de deuda, u$s90 millones fueron aportados por los bancos; otros u$s50 millones se deben a Mindlin y una importante suma en cheques rechazados, además de u$s15 millones adicionales con la sociedad de bolsa del Grupo Cohen.

El fracaso de Al Río

El detonante de este proceso es el fracaso del emprendimiento de oficinas Al Río, ubicado en la intersección de las avenidas Libertador y General Paz, en Vicente López.

Se trata de un millonario proyecto para levantar en esa zona un mega emprendimiento inmobiliario dividido en varias parcelas en un terreno de 16 hectáreas en donde se instalaron por ahora desde edificios para residencia, oficinas, bancos, locales comerciales y la sede del diario La Nación, todo junto al predio del supermercado Carrefour.

La iniciativa también contemplaba un centro comercial, dos torres de oficinas en el lado norte y sur del predio, además de locales para pymes y residencias de lujo.

Sin embargo, hasta ahora se construyó la torre sur y algunos locales comerciales y le restan cerca de 80.000 metros en los cuales se proyectan levantar edificios de 36.000 metros cada una que ya están vendidas pero que no se han iniciado ni los cimientos todavía.

El emprendimiento fracasó, De Narváez no pudo hacer frente al pago de toda la deuda, y decidió presentar concurso preventivo de acreedores tanto en forma personal como para Ribera Desarrollos.

Proceso que ya llevan un año y medio sin resolución y al que ahora, a través de su abogado Sebastián Paz, el empresario le acercó al juez un plan para modificar y mejorar la propuesta concursal en la causa "De Narváez Steuer, Carlos Luis S/ Concurso Preventivo" (Expediente N° 6933/2019).

"Este concursado se encuentra trabajando intensamente con el objetivo de alcanzar un acuerdo preventivo con sus acreedores", argumenta la carta enviada al juzgado en la cual se advierte que la posibilidad de arribar a un acuerdo en este concurso depende, en gran medida, de alcanzar el mismo objetivo en el concurso preventivo de Ribera Desarrollos ya que ambos procesos tienen los mismos acreedores.

El empresario Carlos de Narváez.
El empresario Carlos de Narváez.

Nueva alternativa para los acreedores

Si bien, Ribera Desarrollos ya acercó una propuesta de pago inicial, ahora, y por pedido del propio De Narváez, se agrega una nueva alternativa para ofrecer a los acreedores quirografarios, mediante la cual se intenta contemplar las diversas acreencias que integran dicha categoría.

En la carta, se explica que se mantienen las alternativas de pago a) y b) ya exteriorizadas en las actuaciones judiciales, pero se aclara que quedan superadas por la nueva variante.

En el caso de la opción a), había propuesto el pago del 50% del crédito verificado o declarado admisible en dos cuotas anuales, iguales y consecutivas en pesos al tipo de cambio que publica el Banco Nación Argentina, tipo vendedor, en la fecha de pago, con vencimiento la primera de ellas a los seis meses del primer aniversario de la fecha en que quede firme el auto de homologación del acuerdo preventivo y la segunda a los seis meses del segundo aniversario de aquella fecha.

Se devengará un interés equivalente al 6% anual, sobre saldos por todo concepto, desde la fecha en que quedare firme el auto de homologación del concurso preventivo.

Para la opción b) se proponía pagar el 70 % del crédito verificado o declarado admisible en seis cuotas anuales, iguales y consecutivas y con las mismas condiciones que la anterior variante, con un interés equivalente al 6% anual, sobre saldos por todo concepto, desde la fecha en que quedare firme el auto de homologación del concurso preventivo.

Ahora, De Narváez quiere que sus acreedores acepten una tercera posibilidad, la opción c), en la cual incluye una alternativa específica para acreedores "verificados y/o declarados admisibles en el concurso preventivo de Ribera Desarrollos y en el concurso preventivo del propio empresario.

En este sentido, ofrece que sus créditos sean pagados mediante la propuesta prevista en el concurso preventivo de Ribera Desarrollos, dado que se prevé en ese proceso que las deudas serán pagadas prioritariamente en el plazo de un año, máximo dos años y excepcionalmente tres años o a través del desarrollo inmobiliario previsto en la opción d).

Al Río: el fracaso del proyecto derivó en los problemas actuales.
Al Río: el fracaso del proyecto derivó en los problemas actuales.

"En el supuesto de que dichas acreencias no sean canceladas en el referido concurso preventivo de Ribera Desarrollos o sean parcialmente abonadas, serán canceladas en todo lo no pagado en el marco de este proceso universal y de acuerdo a los términos y condiciones ofrecidos por este concursado", señala el paper presentado a la justicia.

Advierte que la falta de pago de tales obligaciones en este concurso preventivo implicará un incumplimiento al concordato y habilitará la intimación bajo apercibimiento de decretar la quiebra del empresario, con todos sus efectos y en un plazo acotado de tiempo previsto en el ordenamiento concursal.

A la vez, agrega la opción c), que implica el pago del 100% del monto de los créditos verificados y/o declarados admisibles de acuerdo a un esquema que diferencia entre créditos denominados en pesos y en dólares.

Para el primer caso, De Narváez propone pagar el 100% del monto en dos cuotas anuales iguales y consecutivas, con vencimiento la primera a los tres años de la fecha en que quede firme el auto de homologación del acuerdo preventivo y la segunda a los cuatro años. Se devengará un interés equivalente a la tasa pasiva del Banco Nación para créditos en pesos desde la fecha en que quede firme el auto de homologación del acuerdo preventivo.

Para la deuda dolarizada también se compromete a cancelar el 100% en dos cuotas anuales iguales y consecutivas en pesos al tipo de cambio que publica el Banco Nación, tipo vendedor, en la fecha de pago.

La primera cuota vencerá a los tres años de la fecha en que quede homologado el acuerdo preventivo y la segunda a los cuatro años, con un interés equivalente al 1% sobre saldos.

Para la deuda declarada admisible en el concurso preventivo de Ribera Desarrollos y que también fueron declaradas de la misma manera en el proceso concursal del empresario, propone cancelarlos mediante la propuesta ya hecha para reestructurar el pasivo de la compañía inmobiliaria.

Asoma la quiebra

De no ser así, el abogado de De Narváez admite que la falta de pago implicará un incumplimiento y habilitará la intimación bajo apercibimiento de decretar la quiebra del empresario que, según la nota, no es el objetivo buscado, sino el de "superar las circunstancias que condujeron a la cesación, con todas las dificultades que ello acarreó a dichos acreedores".

Pero si finalmente la quiebra se concreta, por aplicación de la ley 24.522, los acreedores podrán exigir el cumplimiento del 100% de lo que se les adeuda, pero con los montos pesificados para el caso de los acreedores en moneda extranjera al tipo de cambio oficial vigente a la fecha del decreto de quiebra.

Además, no se aplicarán intereses y el cobro de los pasivos quedará sujeto al remate judicial y a las distribuciones de fondos que se realicen, todo lo cual puede insumir un tiempo prolongado.

"Es claro que la alternativa propuesta luce y es ampliamente más favorable para los acreedores que un eventual proceso de quiebra, que implicaría una merma seguramente muy relevante para los acreedores, mientras que esta propuesta implica el pago del 100% de lo adeudado", asegura el abogado de De Narváez en su presentación ante la justicia.

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