Como parte del plan de "desgaste" contra los dueños de Edesur para obligarlos a retirarse de la concesión que la empresa tiene en una vasta zona de la Capital Federal y de la provincia de Buenos Aires, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) prometió aplicarle nuevas sanciones a la distribuidora por el importante apagón de mediados de diciembre.

De hecho, el ente que es controlado por sectores kirchneristas del Gobierno, acaba de formularle cargos a la compañía propiedad del grupo italiano Enel y abrió una auditoría técnica para investigar las causas del corte de martes 22 de diciembre pasado.

Lo hizo a pesar que desde la empresa aseguraron que se trató de un sabotaje generado a partir de un incendio intencional debajo de una doble línea de alta tensión y con el uso de gomas y gasolina sobre los pastizales ubicados debajo del tendido de Alta Tensión 61 y 62 "Ezeiza-Perito Moreno", y que ocasionó la salida de servicio de la Sub Estación 048 Perito Moreno, del porteño de Parque Avellaneda.

Según pudo saber iProfesional, la distribuidora está preparando una contundente respuesta a las acusaciones del ENRE para demostrar, a partir de sus propias pericias e investigaciones, que fue víctima de un ilícito que provocó el corte del servicio a cerca de 300.000 usuarios que representan el 28% del total de la demanda de la empresa y que fue resuelto en dos horas.

¿Estatización?

Si bien desde Edesur evitan identificar a los responsables del hecho, fuentes del mercado energético señalan que se trató de un acto vinculado a una campaña de desprestigio llevada a cabo por algunos sectores políticos afines a la vicepresidenta, Cristina Kirchner, y al Instituto Patria.

El objetivo es ir preparando el camino para la estatización de la concesión que tiene la compañía desde la década del 90, tal como el kirchnerismo intentó lograr durante la presidencia de CFK.

En ese camino se ubica la estrategia del ENRE de formular cargos contra Edesur con la excusa de que se verificaron incumplimientos a las obligaciones contractuales en materia de seguridad pública.

A través de un comunicado, el organismo informó haber realizado una inspección "in situ" en el lugar del siniestro dejando, de este modo, de lado las explicaciones de la compañía y mostrando que no comparte la denuncia de sabotaje.

A esta inspección, el ENRE le suma la realización de una auditoría técnica para determinar las causas que motivaron las interrupciones de suministro en esa jornada y verificar el cumplimiento de las obligaciones y compromisos contractualmente asumidos por la empresa.

Más allá de este anuncio está claro que el resultado de la auditoría ya está escrito y que definirá que Edesur fue la responsable del apagón para aplicar una fuerte multa o hasta asegurar que se siguen acumulando faltas al cumplimiento del contrato que permiten disponer la rescisión de la concesión.

"El ENRE podrá proponer las medidas pertinentes para prevenir fallas de este tipo o similares y determinar acciones para minimizar los tiempos de reposición del suministro de energía eléctrica", destaca el informe del organismo que se encuentra intervenido y que preside Soledad Manín.

El ENRE presentó cargos contra Edesur por el corte masivo de luz

La funcionaria fue designada a principios de diciembre en reemplazo de Federico Basualdo, quien fue nombrado como Subsecretario de Energía Eléctrica.

La ahora interventora del ENRE se desempeñó antes como coordinadora de Protección de Usuarios y Usuarias y Participación Ciudadana del ENRE, además de ser docente, abogada y tener una maestría en Derecho Administrativo y Administración Pública.

Para los inspectores que dependen de Manin, de la primera inspección se desprende que el cañaveral y pastizal donde se originó el incendio se encontraba sin mantenimiento de poda, raleo y desmalezamiento, lo cual configura una situación anómala que "resulta peligrosa a la seguridad pública por posibles descargas".

Para la División de Inspección Técnica (DIT) del ente hay motivos para iniciar un sumario administrativo y formular cargos contra Edesur por incumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad, a fin de determinar su responsabilidad ante posibles sanciones.

Ahora, la empresa debe presentar los registros de mantenimiento de la franja de servidumbre e informes de inspección; realizar y acreditar las mediciones de altura de conductores y de su distancia a la vegetación; y acompañar la documentación con el Informe de Bomberos para la determinación de las causas de lo que fue el primer corte fuerte de energía de los últimos años.

La estrategia es similar a la que utilizó un grupo de intendentes bonaerenses para reclamar la estatización del servicio por entender que Edesur lleva 28 años con la concesión "y nunca hizo inversiones". Dicen que con Macri "se llenaron de plata y es el Gobierno el que, como debe poner la cara con cada corte de luz", tal como lo sostuvo uno de los intendentes del conurbano bonaerense que, en julio pasado, encabezó la cruzada estatizadora.

El intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, fue el principal impulsor de visibilizar los reclamos contra Edesur e incluso compartió un video criticando a la empresa con la canción Oh L'Amour, de Erasure.

Fuentes oficiales dicen que heredaron alrededor de 40.000 reclamos contra Edesur del gobierno anterior, lo que se suma a que durante este año el ENRE le aplicó cuatro multas a la distribuidora por un total que se acerca a los $500 millones, en todos los casos por reclamos de años anteriores.

Si bien es común que las empresas no cancelen la sanción de manera inmediata, sí lo es que este tipo de decisiones deterioran el balance de las empresas limitando sus posibilidades de inversión y manutención.

Esta avanzada se complementa con la presión que lo sectores kirchneristas le imponen al Gobierno para que lime los ingresos de Edesur y del resto de las distribuidoras eléctricas, al mantener el congelamiento de las tarifas que se extenderá hasta abril del año próximo, cuando el freno a los aumentos en las facturas cumplirá dos años.

De todos modos, nada parece indicar que a partir de esa fecha se vaya a descongelar el costo del kilowatt, teniendo en cuenta que la política del kirchnerismo en este sentido será la de seguir pisando la actualización de los costos.

Al punto que CFK ya avisó a sus funcionarios que solamente permitirá un pequeño retoque de hasta el 9% en el marco de aumentos transitorios que se permitirán a partir de la sanción del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), firmado por el presidente Alberto Fernández para reabrir las negociaciones tarifarias con las distribuidoras.

La estrategia K es ir preparando el camino para la estatización de la concesión que tiene la compañía desde los 90

Para las compañías, ese porcentaje suena a "limosna", teniendo en cuenta la inflación acumulada en estos dos años de congelamiento que supera el 100%, además de las subas de otros costos.

De hecho, vienen advirtiendo que de continuar esta política, no aseguran el proceso de inversiones necesario para mejorar el servicio y evitar nuevas interrupciones.

El vocero de esta advertencia viene siendo el country Manager de Edesur, Nicola Melchiotti, para quien el sector eléctrico se encuentra en una situación crítica y necesita con urgencia soluciones regulatorias que permitan sostener un servicio esencial en periodo de pandemia.

"Sin tarifa, sin subsidio y sin reglas no se pueden hacer milagros", suele decir el ejecutivo para explicar las millonarias pérdidas que la distribuidora acumula en lo que va del año y que llegan a los $3504 millones, entre enero y septiembre pasados.

Por el lado de Edenor, la exposición pública de sus ejecutivos es menor. Más ahora que habrá un cambio de control en la propiedad de la empresa que pertenecía a Pampa Energía y que acaba de pasar a manos de una sociedad creada por los empresarios Daniel Vila y José Luis Manzano.

Se supone que ambos tienen un mejor diálogo con el Gobierno que Marcelo Mindlin, el dueño de Pampa Energía, por lo que podrán mejorar los indicadores de la distribuidora a partir de negociaciones que se llevarán a cabo en mejores términos que con el dueño anterior.

De la operación se desprenden varias dudas, más que nada porque la dupla Vila-Manzano pagaron u$s100 millones por Edenor, cuando solamente el market cap de la compañía se ubica actualmente en los u$s330 millones, según la última cotización de sus accione en la Bolsa de Nueva York.

También debido a que, un par de días antes a la firma del contrato de compra-venta el ENRE decidió pagar una deuda que el Estado tenía con las distribuidoras por el servicio de electricidad de una gran cantidad de barrios carenciados de la provincia de Buenos Aires.

Se trata de algo más de $4000 millones que ahora el Gobierno cancelará con Edenor y Edesur que, a su vez, se comprometieron a volcar esos f fondos en nuevas inversiones. Un compromiso que nadie en el Gobierno asegura que se vaya a cumplir dada las urgencias de caja mostradas por las compañías para poder mantener sus operaciones en un contexto de congelamiento tarifario.

En este contexto, hasta ahora ningún funcionario del ENRE se comunicó con las empresas para encarar las negociaciones por la adecuación del costo de la electricidad, congelado desde hace dos años que se acumularán a los 13 años que también fueron frenados los aumentos durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

Solamente durante los cuatro años de gestión de Mauricio Macri hubo algunas adecuaciones como parte de negociaciones que las distribuidoras llevaron a cabo para renegociar tarifas y los contratos de concesión.

Siendo hoy la energía argentina la más barata de toda América latina, la estrategia oficial considera a la energía como esencial para el desarrollo del país y entiende que su devenir debe estar controlado por el Estado y no por el libre mercado de la oferta y la demanda.

¿El objetivo?. Cumplir con el plan que quedó trunco en el 2015, cuando Mauricio Macri ganó las presidenciales, impidiendo al kirchnerismo estatizar o expropiar las operaciones de la distribuidora.

De todos modos, no se trata de un objetivo fácil de alcanzar por varios motivos vinculados a razones legales que deberían sustentar semejante acto. Sin embargo, todo es posible en un país que acostumbra a violar las normas, o al menos modificarlas sustancialmente con cada cambio de gobierno.