Mientras las distribuidoras de electricidad y gas esperan las definiciones del Gobierno sobre posibles subas en las tarifas de ambos servicios públicos, el mayor concesionario de autopistas del país también salió a reclamar aumentos en los precios de los peajes.

Se trata del grupo español Abertis, accionista mayoritario de las empresas Autopistas del Sol (Ausol) y Grupo Concesionario del Oeste (GCO), que tienen a cargo las operaciones de las rutas Panamericana; General Paz y Acceso Oeste.

Con peajes congelados desde abril del 2019, es decir hace ya dos años, y con el acuerdo de extensión de las concesiones hasta el 2030 puesto bajo revisión por el gobierno del presidente Alberto Fernández, el holding europeo reclama una urgente recomposición tarifaria para este año, entendiendo que se trata de la única forma que le permitirá restablecer el equilibrio de la ecuación económica de su contrato de concesión.

El titular de la concesión reclama una urgente recomposición tarifaria para este año

Delicada situación financiera

De hecho, los resultados que ambas sociedades presentaron ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) correspondiente al ejercicio 2020 evidencian la delicada situación financiera que atraviesan sus operaciones.

Si bien para el caso de Ausol informó una ganancia de $53 millones contra pérdidas por $3.384 millones en el 2019 que, si bien podrían evidenciar una mejora en sus resultados, lo cierto es que sus ingresos se han derrumbado en más de un 55% en un año producto, tanto del cepo de tarifas como de las medidas adoptadas por el Gobierno para combatir el Covid-19 que afectaron el desarrollo de sus actividades.

Lo mismo ocurre con GCO, que en el mismo período arrojó pérdidas por $3.365 millones que fueron mayores al rojo que también sufrió en el 2019 por $2.327 millones.

La concesionaria se vio afectada fundamentalmente por una caída de sus ingresos por $1.353 millones, producto del congelamiento y de las medidas sanitarias.

Asimismo, las dos empresas estiman que las pérdidas de ingresos durante el 2020 producidos por la cuarentena y el congelamiento, reflejaron una disminución del 57% respecto del año anterior.

A partir del deterioro de sus cuentas es que los respectivos directorios de las dos compañías propiedad de Abertis advierten sobre la "significativa incidencia" que el mantenimiento indefinido del congelamiento tarifario tiene y tendrá "sobre la situación económica y financiera de la sociedad, que se proyecta en las posibilidades de afrontar los importantes costos operativos de la concesión".

Cuestionan las negativas oficiales a permitir una actualización de los peajes siendo que tanto en el 2019 como en el 2020, "los cuadros tarifarios han sido significativamente inferiores a los que habría debido aplicar en virtud de lo previsto en el Acuerdo Integral de Renegociación y también tienen un marcado retraso respecto de la inflación registrada en todo ese período".

También recuerdan que la suspensión del cobro de peajes dispuesta por el Gobierno entre el 20 de marzo del 2020 y el 18 de mayo del mismo año generaron un déficit de ingresos en relación con lo que les habría correspondido percibir de no haber estado vigente esa medida.

En este caso, reclaman una compensación por entender que la situación se encuentra comprendida en el contrato de concesión pero que hasta ahora no les fue cancelada y que, según las cuentas de las propias sociedades, superaría ampliamente los u$s100 millones.

De manera adicional, tanto Ausol como GCO sufrieron una fuerte disminución de tránsito en las rutas que tienen a cargo.

En el caso de la concesionaria de la Panamericana esa caída llegó a un promedio de 299.000 vehículos equivalentes diarios o una baja del 29.1% en comparación al año anterior, debido a las medidas de aislamiento y a la suspensión del cobro del peaje.

"El tránsito equivalente pagante disminuyó el 38,3% con respecto al 2019, por las medidas del Gobierno Nacional y la reducción de la actividad económica en el país, a raíz de la pandemia", detalla Ausol en una nota enviada a la Comisión Nacional de Valores (CNV). En tanto, el derrumbe de ingresos por menor tránsito en el Acceso Oeste osciló el 38%, como consecuencia de los mismos motivos que afectaron a Ausol.

A partir de este escenario, desde ambas concesionarias también reclaman al Gobierno que respete el acuerdo de renegociación integral que concretaron en el 2018, durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri y que estableció una ampliación del plazo de la concesión hasta el 31 de diciembre de 2030; un mecanismo de compensación de la inversión no amortizada de la concesión y un plan de inversiones a financiarse según los mecanismos establecidos al efecto.

Sin embargo, el acuerdo fue puesto en revisión por las autoridades actuales que además iniciaron un proceso de investigación y presentaron una demanda ante la Justicia por supuestas irregularidades.

"Ausol viene solicitando, a través de notas y reuniones con las autoridades, que se cumpla con el acuerdo en materia de ajustes y redeterminaciones tarifarias, incluyendo la aplicación de los mecanismos compensatorios previstos frente a la pérdida de ingresos provocadas por las medidas oficiales y de los demás remedios contractuales destinados a la obtención de los reequilibrios económicos que le corresponden a la sociedad", dice la nota de la concesionaria de la autopista Panamericana.

Del mismo modo, la carta de GCO advierte que, a pesar de dichas acciones, "las autoridades continúan sin hacer efectivo los ajustes previstos en el régimen tarifario y compensaciones acordadas en el AIR".

Ambas empresas coinciden además en adelantar que para este año tendrán que seguir enfrentándose al congelamiento de las tarifas y falta de compensación del Gobierno por la pérdida de ingresos, así como a los efectos generados y a generarse por la prolongación de la pandemia.

Durante el año pasado, el tráfico en la Panamericana se derrumbó en casi un 40%

"Estos factores hacen imprescindible que el gobierno nacional, haciendo lugar a los numerosos y reiterados pedidos formulados por la sociedad, proceda al cumplimiento del régimen tarifario del Acuerdo Integral de modo de restablecer el equilibrio de la ecuación económica del Contrato de Concesión", reclaman de manera simultánea Ausol y GCO desde sus respectivas cartas enviadas a la CNV.

Agregan que sus esfuerzos se centrarán especialmente "en la obtención de un incremento en la tarifa de peaje que permita, hasta tanto se acuerden los remedios contractuales, ir recomponiendo el equilibrio de la ecuación económica contractual y paliar los efectos inflacionarios sufridos hasta la fecha".

Asimismo, solicitan que se dejen sin efecto las medidas dispuestas y que en lo sucesivo no se impida la entrada en vigencia y aplicación de las actualizaciones tarifarias aplicables.

Incluso en enero pasado, solicitaron readecuaciones de los cuadros tarifarios que fueron rechazadas por el Ministerio de Obras Públicas de la Nación.

Por el momento, no hay señales de que el Gobierno quiera modificar la decisión de descongelar los peajes si se tiene en cuenta que ya se anticipó que la medida regirá hasta que se haya realizado una evaluación de la necesidad y el impacto de una actualización tarifaria, sin preverse plazos estimados.

El propio Presidente, durante su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso nacional, el 1° de marzo del año pasado, reiteró la vigencia del congelamiento por tiempo indeterminado.

Causa judicial

A los problemas financieros, Abertis enfrenta un proceso tramita ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 6, Secretaría N° 11, a cargo de Julián Ercolini en el cual se encuentran procesados ex funcionarios del gobierno de Cambiemos y en el que se llamó a indagatoria, aunque si fecha, al presidente de Ausol y GCO, Andrés Barberis Martin.

El ejecutivo presentó un escrito ante el magistrado en la cual efectúa una detallada explicación, respuesta y valoración sobre los hechos de la denuncia y las pruebas producidas por el juzgado, argumentando que, del análisis de las pruebas "se desprende con claridad la improcedencia de la denuncia."

Barberis acompañó su presentación con carácter de prueba diversa información y documentación respaldatoria de las explicaciones aportadas a las actuaciones.

"Tanto el Sr Barberis como la Sociedad han intentado en todo momento colaborar con la investigación y brindar toda la información y documentación que corrobora la legalidad de lo actuado durante el proceso de renegociación del Contrato", asegura la carta.

Este proceso surgió luego de que las autoridades oficiales pusieron en marcha un proceso de revisión de la concesión y abrieron una investigación al entender que varias de las cláusulas del contrato de extensión de los plazos firmado por Macri son sospechosas, contienen irregularidades o son demasiado ventajosas para los concesionarios en desmedro de los intereses del Estado nacional.

Esto llevó a que se abriera la causa judicial N° 4730/2019, caratulada "Macri, Mauricio y Otros s/ abuso de autoridad y violac, Deb. Func. Púb.", que tramita ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 6, a cargo del Juez Rodolfo Canicoba Corral, Secretaría N° 11.

La denuncia hace referencia a supuestos beneficios otorgados por el gobierno de Cambiemos a Ausol y GCO a partir de que una de las empresas accionistas en ambas sociedades era propiedad de la familia Macri. La demanda se refiere a Sideco, que fue accionista de Ausol sociedades hasta el 2001 cuando vendió su participación para quedarse solamente con un 7% de acciones comunes sin derecho a designar directores, según explicaron a este medio desde la propia empresa concesiionaria. Y en mayo del 2017 también se desprendió de esas acciones a la empresa Natal.

En este marco, a fines del año pasado, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, recibió en su despacho el diagnóstico final elaborado por el ministerio que conduce Gabriel Katopodis y por funcionarios de Vialidad Nacional.

Como la auditoría servirá de base a la determinación final que tomará el Gobierno sobre el futuro de estas concesiones, se guarda bajo siete llaves por orden de Cafiero. De todos modos, el documento ya está también en manos de Alberto Fernández y de otros pocos funcionarios cercanos al Presidente.