El Gobierno ya definió que los nuevos cuadros tarifarios para los servicios de gas y electricidad serán anunciados a fin de mes, comenzarán a aplicarse a partir de mayo próximo y también serán los únicos del año. Es decir, el porcentaje de incremento que anunciarán las autoridades nacionales regirá durante lo que resta del año.

De este modo, se dará por finalizado el congelamiento de los cuadros tarifarios que ya lleva casi dos años y medio. Sin embargo, será la única suba del 2021 que deberán pagar los casi nueve millones de usuarios de las distribuidoras de electricidad y gas Edenor; Edesur y Metrogas que brindan sus servicios en lo que se conoce como AMBA y que abarca a la Ciudad de Buenos Aires y más de 14 municipios bonaerenses.

En la actualidad, los entes oficiales que marcan el camino regulatorio de ambos sectores como son el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), y el Ente Nacional de la Electricidad (ENRE), se encuentran analizando los resultados que dejaron las audiencias públicas que se llevaron a cabo a mediados de marzo pasado para establecer los parámetros de subas que se aplicarán para lo que queda del año.

Una vez que se termine ese proceso, el Gobierno nacional dará a conocer los aumentos que se trasladarán a las tarifas de luz y gas.

El Gobierno definió un solo aumento de tarifas para este año

Si bien hasta ahora no hay información oficial sobre el porcentaje que se establecerá, fuentes oficiales ya anticipan que no superará las dos cifras y que se ubicaría en torno a lo que ya se autorizó para las distribuidoras que operan exclusivamente en la provincia de Buenos Aires y que llegó al 7%.

De ser así, las subas quedarán lejos de los reclamos que las distribuidoras hicieron durante las audiencias públicas y que, en promedio, se ubicaron en torno al 35% y 60% según la categoría de los clientes.

En las empresas ya saben que sus pedidos no serán escuchados y se preparan para resignarse a aceptar retoques tarifarios muy inferiores y que el Gobierno entienden que son los adecuados para evitar que los usuarios no puedan abonar o deban elegir entre cancelar las facturas de luz y gas o ir al supermercado.

Rentabilidad y justicia social 

Esta postura es la que el presidente Alberto Fernández ya dejó establecida cuando asumió en diciembre del 2019 y cuando cuestionó la política tarifaria del anterior gobierno de Mauricio Macri que, según las autoridades actuales, sumió a millones de argentinos en la pobreza energética debido a los fuertes incrementos que se aplicaron entre el 2016 y el 2018 y que estuvieron también atados a la evolución del dólar.

Para los funcionarios del ENRE y el ENARGAS las tarifas deben ser "justas y lógicas" para que puedan pagar los usuarios y para que las empresas tengan la posibilidad de recuperar sus índices de rentabilidad y mantener sus planes de inversiones.

Para el gobierno del Frente de Todos, los servicios públicos deben ser considerados como un derecho social y humano tal como, sostienen los funcionarios, los consagra la propia Constitución Nacional.

Para el Gobierno, más de 3,5 millones de hogares ingresaron en la pobreza energética entre el 2016 y el 2018

Una mirada que es fomentada desde el Instituto Patria, la usina de pensamiento del kirchnerismo en la cual se basa la vicepresidenta Cristina Kirchner para sostener una estrategia de cepo al sinceramiento tarifario que reclaman las empresas luego de un período de congelamiento que, en esta etapa, ya lleva casi dos años y medio y que llevó al valor del kilowatt o del metro cuadrado de gas a ser menor al precio de una pizza o de un maple de huevos.

A partir de este concepto, el Gobierno mantendrá las políticas de subsidios a parte del costo de las facturas por considerar que se trata de un derecho social adquirido por los usuarios de luz y gas y que tienen el mismo status que los que se otorgan a la educación o a la salud pública.

La misma postura es la que impregna las negociaciones con las empresas del sector para comenzar a discutir el nuevo esquema de tarifas que debería comenzar a aplicarse de manera definitiva a partir del 2023, teniendo en cuenta el decreto presidencial que ordenó el inicio de conversaciones entre el sector público y el privado para establecer una nueva renegociación tarifaria integral que se negociará durante dos años.

Mientras tanto y teniendo en cuenta que el aumento que se aplicará desde mayo será el único del año, a partir del 2022 habrá un nuevo recálculo tarifario que debería contemplar la situación de las compañías y de los usuarios para poder fijar el margen de incrementos que deberán regir durante ese período.