Crece el intervencionismo oficial en las empresas: ahora habrá sanciones si no se usa toda la capacidad instalada

A través de medidas que se publican casi todos los días, el Gobierno profundiza su estrategia de control sobre las grandes empresas, especialmente las del sector de consumo masivo que van desde el congelamiento de precios; control sobre las etiquetas y el stock; regulación de los mecanismos de producción hasta el manejo de la ubicación de los productos en una góndola.

Desde el sector empresario vienen advirtiendo que se trata de medidas que impactan en los costos, restando competitividad, y que se suman a un conjunto de regulaciones vigentes en materia cambiaria y de comercio exterior que dificultan la llegada de inversiones, desalientan las exportaciones y generan obstáculos para la obtención de insumos importados.

Sumado a la resolución de Precios Cuidados y Máximos y al aumento de costos, sin previsibilidad como es el caso de los combustibles y la energía, entre otros, estos mecanismos de control conducen inexorablemente a la desaparición del mercado formal de muchas empresas, advierten los hombres de negocios que apuntan sus cañones al Ministerio de Desarrollo Productivo que conduce Matías Kulfas.

Al funcionario lo culpan de instalar nuevos regímenes de control e información de precios, muchas veces superpuestos y que estresan la gestión, incrementan tareas administrativas de las empresas, las desenfocan de su finalidad y no ofrecen resultados efectivos para la sociedad, y en muchos casos significan una intromisión o limitación injustificada en la libertad de ejercicio de la actividad empresarial consagrada por la Constitución.

Sin embargo, Kulfas acaba de responder a esas críticas profundizando la política intervencionista oficial a partir de una nueva resolución publicada durante esta jornada de viernes 9 de abril que se orienta a obligar a las compañías que facturen más de $3.300 millones al año a que utilicen el máximo de su capacidad instalada, a pesar de que el consumo se encuentra retraída y la demanda no recupera los niveles de años anteriores.

Es un argumento que la Secretaría de Comercio Interior ya utilizó el año pasado cuando se lanzó el programa de Precios Máximos durante la peor etapa de la cuarentena por el Covid-19. Ahora se usaron los mismos argumentos para justificar esta nueva medida que incrementa la tensión entre el Gobierno y los principales grupos empresarios. Es decir, el de prevenir, en el contexto de recrudecimiento de la pandemia, una reducción "injustificada en la oferta de productos para el mercado interno".

En este sentido, el Gobierno no parte de una decisión aislada o justificada por el accionar de las empresas ya que la decisión de fabricar más o menos se encuentra históricamente relacionada a la demanda y al consumo que en la actualidad se encuentran retraídos y lejos de los índices de hace algunos años.

De hecho, en la industria de la alimentación se ubica en torno al 60% gracias a una mejor performance de la necesidad de consumo, mientras que en otros rubros puede estar por debajo o por encima de ese porcentaje pero siempre teniendo en cuenta que la economía argentina se encuentra en recesión y no permite incrementar la producción.

Sin embargo, la Resolución Nº330/2021 publicada en el Boletín Oficial por el Ministerio de Desarrollo Productivo que comanda Matías Kulfas intenta obligar a las empresas a desarrollar el máximo de su capacidad para la provisión de insumos hasta los bienes finales, el transporte, la distribución y comercialización.

Una orden que deberían cumplir alrededor de 2.500 empresas nacionales y multinacionales que se encuentran en el rango de la facturación anual estimada por las autoridades y entre las que se encuentran marcas que hace unos días fueron sancionadas por los mismos funcionarios por supuestas irregularidades en el estilo de comercialización como son Pepsico, Mondelez y Bagley que es propiedad de Arcor.

También se extiende a todas las compañías de gran tamaño que ya han recibido multas de Desarrollo Productivo mediante las cuales además ese ministerio lleva recaudados más de $100 millones en un año.

En ese grupo de empresas sancionadas se encuentran Despegar; Glovo; PedidosYa; Telefónica de Argentina; Falabella; Frávega; Walmart e Iguatemi (Key Biscane).

Todas, acusadas de incumplimientos en sus servicios y de violar varios artículos de la Ley de Defensa del Consumidor, de informar de manera poco clara sobre los servicios que ofrecen, y de incluir cláusulas abusivas en los términos y condiciones a los que adhieren las y los consumidores.

De esta forma, es de esperar que la política de sanciones se acelere a partir de las acusaciones que en febrero pasado se le hicieron a grandes empresas de consumo masivo por generar desabastecimiento

Las alimenticias imputadas son players importantes de este sector como Mastellone; Fargo; AGD; Danone; Molinos Cañuelas; Bunge; Molinos Río de la Plata; Unilever; P&G; Paladini y Potigian. Se las imputa de retención en sus volúmenes de producción o falta de entrega de determinados productos de consumo masivo para su comercialización.

Inflación y elecciones

Es decir, se las acusa de no haber cumplido con la orden que ahora se vuelve a reiterar. Es decir, la de incrementar su producción hasta el más alto grado de su capacidad instalada y arbitrar los medios a su alcance para asegurar su transporte y distribución con el fin de satisfacer la demanda.

Ni la empresa de Miguel Acevedo, titular de la Unión Industrial Argentina (UIA) logró esquivar las multas. Se trata de Aceitera General Deheza (AGD) a la cual se le acreditó una baja de inventario en su totalidad de marcas y presentaciones. De igual modo, a Molinos Río de la Plata se la acusó de una importante reducción de inventarios de harinas, productos a base de arroz, arroz y aceites.

De hecho, la casi totalidad de las empresas de consumo masivo se encuentran bajo las regulaciones oficiales. Y por eso aseguran que el Gobierno viene incrementando su política de "intervencionismo" a partir de la aceleración de la inflación y la cercanía del calendario electoral.

Hasta advierten que estos mecanismos de control, generarán una mayor cantidad de multas y sanciones a partir de lo que consideran, "una mirada parcial del Gobierno que tiende a responsabilizar a un solo sector de la suba inflacionaria".

En las últimas horas se conoció la intención de varias compañías alimenticias de judicializar los reclamos contra los controles oficiales por entender que no solo implican más carga administrativa, sino que también afectan el ejercicio de la libertad comercial y la intervención en las decisiones.

Por caso, desde la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) ya se envió a las autoridades nacionales un reclamo administrativo contras las nuevas normativas de la secretaría que orienta Paula Español lanzadas a partir del SIPRE.

"En el marco de una emergencia sin precedentes se definen reglas de juego que van más allá de la misma, lejos de reconocer la situación crítica que atraviesan los sectores. Más burocracia, más carga tributaria y desincentivos a la creación de empleo e inversiones, no hacen más que alterar el normal desenvolvimiento de las actividades económicas e incentivar la informalidad", afirmaron la semana pasada las autoridades de la Copal.

Sin embargo, la respuesta de Comercio Interior fue explicar que las medidas para obligar a las empresas a usar toda su capacidad se basa la existencia de situaciones de escasez de insumos y bienes finales que son particularmente perjudiciales en la coyuntura de emergencia sanitaria.

"Buscamos resguardar el interés económico general y evitar situaciones de desabastecimiento que puedan perjudicar a las y los consumidores", aseguraron desde el organismo ante una consulta de iProfesional desde donde rechazaron todas las acusaciones de las empresas y les advirtieron que, de no cumplir, podrán recibir sanciones previstas en la Ley de Abastecimiento (N° 20.680).