En medio de la disputa con la Nación por las clases presenciales, el gobierno porteño acaba de aprobar un convenio urbanístico que le permitirá obtener fondos para financiar la compra de vacunas contra el Covid-19.

En realidad, se trata de un acuerdo con empresas constructoras para levantar torres de hasta 150 metros en Puerto Madero a cambio de la cesión de un terreno en dicho barrio porteño por u$s2,5 millones.

Como paso previo, a fines del año pasado la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires votó favorablemente una ley que modifica la altura de construcción en la zona más cara de la Capital Federal, cambio que habilita el desarrollo de estos nuevos rascacielos.

Ahora, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodriguez Larreta, emitió un decreto que refrenda el llamado "Convenio Urbanístico celebrado entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Profidu S.A., Mitre Construcciones S.A. y el Sr. Pedro Lionel Marsiglia", que había sido suscripto el 9 de septiembre del 2020.

En el acuerdo se aclara que los fondos que reciba la Ciudad deberán destinarse para solventar los gastos erogados como consecuencia de la "Emergencia Sanitaria establecida por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1/2020 (ratificado por Resolución de la Legislatura N° 10-2020, aprobada el 7/4/2020) y sus sucesivas prórrogas, con motivo del coronavirus (COVID 19), y de la Emergencia Económica y Financiera declarada por la Ley 6301 y prorrogada por Ley 6384".

De manera adicional, el gobierno porteño se comprometió a utilizar el remanente de esos fondos para financiar la construcción de una plaza pública en homenaje a las víctimas del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).

Se trata del tercer convenio en el que se cambia la zonificación para permitir la construcción de más metros y que desde la oposición denuncian como "extractivismo urbano".

Rodríguez Larreta permite rascacielos a cambio de fondos para la compra de vacunas

Qué dice la oposición

Según informes de legisladores del Frente de Todos, a fines del año pasado, la Ciudad autorizó otros dos convenios urbanísticos similares con el objetivo de extender la capacidad constructiva de terrenos ubicados en Villa Crespo y en Palermo, propiedad de Sastrería Militar y que están ubicados entre la avenida Dorrego y las calles Clay, Báez, Huergo y el Campo Argentino de Polo.

Esos acuerdos habilitaron a las empresas Kilómetros S.A y Arkinver S.A, dueñas de los terrenos, a construir una torre de 96 metros de alto a cambio de u$s2.5 millones y la cesión de una de las parcelas para construir una plaza.

El segundo contrato se firmó para ceder el polígono ubicado en las calles Fitz Roy, Vera, Ramírez de Velasco y las vías del ferrocarril San Martín donde la Koolhaas S.A aumentará la superficie de construcción de 40.000 a 51.000 m2 con una altura de 37,60 metros a cambio de un pago de u$s1 millón y la cesión de una parcela destinada a espacio público.

Pero a pesar de los cuestionamientos, ya quedó habilitado el camino para que Profisur y Mitre Construcciones inicien las obras para levantar torres de hasta 50 pisos en un predio ubicado en la calle Juana Manso 350, en el Dique 4, de Puerto Madero. Es un lote de 3.593 m2 que era propiedad de la Corporación Antiguo Puerto Madero SA y que fue subastado por u$s14 millones en noviembre del 2019.

El convenio con ambas constructoras se enmarca en el Plan Urbano Ambiental estructurado por el gobierno porteño para promover la participación de iniciativas privadas en la gestión urbana de la Ciudad y así facilitar la modernización y diversificación del tejido económico y el incremento, recuperación y mejoramiento del espacio público y de la circulación peatonal de los parques, plazas y paseos.

En este marco y además de las torres, se deberá levantar en el mismo predio una plaza pública en homenaje a las víctimas de la AMIA en el mismo lugar donde ahora funciona un depósitos de escombros generados por el atentado contra la mutual judía.

En el caso de las obras para construir las dos torres, las empresas tienen 10 meses para iniciar los trabajos y cinco años para finalizarlos, según el convenio que también lleva la firma de Felipe Miguel, jefe de Gabinete del gobierno porteño.