El Gobierno pone en marcha un mega ente para controlar los precios y la producción

El Gobierno pone en marcha un mega ente para controlar los precios y la producción
El organismo fue creado en el 2015 y ahora comenzará a controlar y sistematizar los precios y la disponibilidad de insumos, bienes y servicios
Por Andrés Sanguinetti
20.04.2021 09.24hs Negocios

Tras haber adoptado medidas que profundizan su estrategia de vigilancia sobre las empresas que van desde políticas de congelamiento; control sobre las etiquetas; regulación de los mecanismos de producción hasta el manejo de la ubicación de los artículos en una góndola, ahora el Gobierno puso en marcha la creación de un mega ente cuya función será la de monitorear, relevar precios y la producción de todos los sectores.

Se trata de un ente que fue creado en enero del 2015, a partir de la Ley N° 26.992, en pleno gobierno de Cristina Kirchner, pero que hasta el momento nunca había sido puesto en marcha.

Pero la Resolución 397/2021 publicada este martes 20 de abril en el Boletín Oficial pone en funcionamiento el llamado Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios que formará parte de la estructura organizativa del Ministerio de Desarrollo Productivo que conduce Matías Kulfas.

El objetivo del nuevo ente es el de controlar y sistematizar los precios y la disponibilidad de insumos, bienes y servicios que son producidos, comercializados y prestados en el país.

El organismo quedó a cargo de Georgina Pessagno, actual jefa de Gabinete de la Secretaría de Comercio Interior, que lidera Paula Español. Pero también tendrá representantes de la Jefatura de Gabinete de Ministros; de los ministerios de Agricultura, Ganadería y Pesca; Ciencia, Tecnología e Innovación y de Economía.

De hecho, la reciente resolución reclama a todos estos organimos a que designen a su representante titular y suplente, en el plazo de cinco días hábiles administrativos para poner en marcha en la práctica las funciones que deberá cumplir el Observatorio.

Sin dudas que se trata de otra herramienta que usará el gobierno del presidente Alberto Fernández para presionar sobre las empresas de todos los sectores, en especial sobre las de consumo masivo, a las cuales se acusa de ser las principales responsables de la escapada inflacionaria que se advierte en la economía.

El organismo quedó a cargo de Georgina Pessagno, actual jefa de Gabinete de la Secretaría de Comercio Interior, que lidera Paula Español
El organismo quedó a cargo de Georgina Pessagno, actual jefa de Gabinete de la Secretaría de Comercio Interior

Los fundamentos

Un ente con el cual las autoridades nacionales van a intentar supervisar, coordinar, monitorear, relevar y sistematizar los precios y la disponibilidad de insumos para la producción.

Entre los considerandos, el Gobierno señaló que este organismo, "al igual que las Asociaciones de Usuarios y Consumidores con reconocida actuación en el país, resulta de suma utilidad para la realización de estudios y análisis de distintas áreas del mercado con una visión integradora para la mejor implementación de políticas públicas en la materia".

La ley de creación del ente establece además que, si en el cumplimiento de sus funciones, el Observatorio detecta actos o conductas que pudieran generar distorsiones en el mercado y en los procesos de formación de precios "deberá emitir un dictamen concerniente a la evolución de los precios y a la disponibilidad de determinado insumo, bien o servicio y la relación con su estructura de costos, e informar a la autoridad de aplicación".

Por eso, la resolución de Desarrollo Productivo agrega que la protección de los intereses económicos de los consumidores "requiere que el Estado Nacional actúe de forma oportuna y eficaz frente a distintas situaciones que pudieran ocasionar distorsiones en el mercado, así como también ante conductas abusivas, monopólicas y oligopólicas lesivas del interés económico general".

Una declaración que refleja el pensamiento oficial sobre el comportamiento del mercado, en el cual pretende incrementar la presión regulatoria contra las empresas a partir de un comportamiento apuntalado en la permanente sanción de medidas que impactan de manera negativa especialmente en el sector alimenticio y que generan más burocracia, más carga tributaria y desincentivos a la creación de empleo e inversiones.

Una estrategia que ahora corre el foco de tensión entre el presidente Alberto Fernández y el establishmet hacia las grandes empresas de consumo masivo, al punto de ubicarlas como responsables de las subas de precios que condicionan el objetivo oficial de llegar a fin de año con un impacto inflacionario no mayor al 29%.

Gobierno puso en marcha la creación de un mega ente cuya función será la de monitorear, relevar precios y la producción de todos los sectores
Gobierno crea un mega ente cuya función será la de monitorear, relevar precios y la producción de todos los sectores

De hecho, en la ley de creación del Observatorio asegura que el ente va a cumplir un rol relevante en el campo del conocimiento y en el análisis de la realidad económica a partir de la realización de estudios y análisis de distintas áreas del mercado "con una visión integradora para la mejor implementación de políticas públicas en la materia".

Cuando esté en funcionamiento, el nuevo ente complementará las políticas regulatorias que viene ejecutando el ministro Kulfas y que también se refleja en la implementación de fiscalizaciones y controles en las grandes cadenas de supermercados y en las multas aplicadas a importantes grupos productores como Mastellone, Fargo, AGD, Danone, Molinos Cañuelas, Bunge, Molinos Río de la Plata, Unilever, P&G, Arcor Nestlé y Mondelez, entre otras medidas.

Para los empresarios, la política oficial se asemeja a los desencuentros que viene evidenciando el Gobierno con otros sectores empresarios e industriales en medio del peor momento de la historia del país, con un nivel de pobreza que se acerca al 50%; miles de personas que otra vez no podrán concurrir a sus trabajos a partir de las nuevas restricciones y que, en este caso, ni siquiera tendrán las dádivas del Estado nacional.

Con sectores del comercio, la industria y los servicios que otra vez sufrirán el cierre de las actividades, muchos todavía con ingresos que se mantienen en cero y, en muchos casos, con el fantasma de la desaparición definitiva.

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