Luego de darse a conocer los aumentos en las tarifas de telefonía celular; internet y televisión por cable que las operadoras de telecomunicaciones comenzarán a aplicar en las facturas de sus clientes, desde el Gobierno salieron a aclarar que los retoques no tienen autorización oficial.

La advertencia fue canalizada a través del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), organismo oficial a cargo de controlar y regular el mercado de las telecomunicaciones que preside Claudio Ambrosini.

Mediante un comunicado, el ente le hizo saber a usuarios que no autorizó ningún incremento de precios para mayo o junio en los servicios de telefonía fija, telefonía móvil, Internet o televisión paga.

"Por ese motivo, cualquier comunicación en contrario surgida de las prestadoras de servicios en la cual se haya anunciado una modificación de precios carece de valor legal y no ha sido convalidada", agrega la nota que busca dar por tierra con las modificaciones anunciados por las compañías para compensar el "atraso tarifario" que vienen registrando en los últimos meses.

La reacción oficial llegó durante la noche de este martes 27 de abril luego de algunas consultas entre integrantes del ENACOM y altos miembros del gabinete nacional que mostraron su fastidio por el momento elegido por las operadoras para anunciar los incrementos en los precios de sus servicios.

De hecho, desde el sector se viene advirtiendo que la intervención estatal y el atraso en los precios, sumado al aumento de los costos, muchos de ellos dolarizados, implican una disminución muy significativa de la generación de ingresos.

El malestar habría llegado ya a la Jefatura de Gabinete que dirige Santiago Cafiero y en donde se impulsaba la posibilidad de permitir ciertos retoques a los valores para los próximos períodos pero con porcentajes similares a las subas autorizadas para enero y febrero pasados. Es decir, cercanas al 8% para mayo y junio.

Es más, desde el ENACOM explicaron que los aumentos anunciados por Telecom, Movistar y Claro "no están autorizados" y anticiparon que si las compañías los hacen efectivos "se les aplicarán multas".

A pesar de la advertencia oficial, entre las empresas se mantuvieron con la postura de seguir adelante con los retoques por entender que se encuentran amparadas por una medida cautelar impuesta por un juzgado federal de Córdoba que declaró inconstitucional el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 690 que congeló los precios de los servicios de telefonía, internet y televisión por cable desde agosto del año pasado.

También los declaró servicios públicos esenciales con lo cual las empresas no pueden aumentar los precios a sus clientes sin contar con una autorización previa del Estado. Es decir, le otorgó al actual gobierno nacional la potestad de modificar los valores sin tener en cuenta la opinión de las empresas que compiten en el sector de las telecomunicaciones.

El decreto fue anunciado por el presidente Alberto Fernández el 21 de agosto del año pasado. A través de su cuenta de Twitter, el Jefe de Estado comunicó que se congelaban hasta el 31 de diciembre las tarifas de telefonía celular y fija, los servicios de acceso a internet y la TV paga.

Triple play estatal

Fijó además las pautas para los incrementos autorizados, sus montos y obligó a las empresas a ofrecer la denominada Prestación Básica Universal (PBU) que contempla un paquete de servicios con un costo que oscila entre los $150 y los $350 mensuales.

De hecho, hace unos días se mantuvieron encuentros entre funcionarios del ENACOM y las empresas para darle un mayor impulso a este triple play estatal con el objetivo de pasar de los 80.000 clientes actuales a no menos de tres millones en el plazo de un mes.

En caso de que este pedido oficial no se cumpla, desde el organismo ya avisaron a las operadoras que "no podrán aplicar variaciones de precios a sus clientes".

Sin embargo, desde el sector privado insisten en que los nuevos retoques fueron avisados con dos meses de anticipación, que el ENACOM no los había objetado hasta ahora y que la cautelar cordobesa los protege contra la decisión oficial de impedir los cambios tarifarios.

Por caso, Movistar avisó que en los próximos dos meses son del 8% y 7% en mayo y junio, respectivamente. Mientras que en Telecom el incremento ronda un promedio del 10% a partir de junio.

La forma en que las compañías buscan evitar el cepo oficial es el amparo de la justicia federal cordobesa a partir de un reclamo interpuesto por la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC) y del cableoperador provincial TV Cable Color S.A.

El Gobierno quiere que el triple play estatal llegue al menos a tres millones de clientes

En febrero pasado, esta empresa cordobesa logró un fallo favorable del Juzgado Federal 1 de Córdoba que también le ordenó al Poder Ejecutivo Nacional y al ENACOM abstenerse de emitir y llevar a cabo acto alguno con fundamento en dichos decretos, hasta tanto se dicte sentencia definitiva.

La medida judicial sostiene que la modificación unilateral de las condiciones de prestación de los servicios, derivada del DNU 690 que los califica como servicio público, no respeta lo dispuesto en el Art. 42 de la Constitución Nacional.

En su dictamen, el juzgado federal cordobés hace referencia a las "sobradas" experiencias de servicios públicos donde la falta de inversión, producto de la alteración de la ecuación económica, terminó degradándolos al punto de comprometer su misma prestación.

"Pretender hacer lo mismo con servicios que están en competencia y que requieren altos niveles de actualización tecnológica, sería condenar a los argentinos a la desconexión y el atraso. En ningún país del mundo los servicios TICs tienen una regulación con estos alcances ni un régimen de precios general intervenido por el Estado", argumenta el fallo que declara la inconstitucionalidad del DNU presidencial, a todas las normas dictadas en su consecuencia y le ordenó al ENACOM no dictar ni ejecutar actos derivados del decreto, por lo que en el sector entienden que el ente "no puede meterse con los precios".

La mirada no es compartida por las autoridades. De hecho, el organismo ya presentó una apelación contra el fallo que incluye bajo el mismo paraguas de protección legal a todas las empresas del sector de las telecomunicaciones sean o no miembros de la ATVC.

En el mismo sentido, hace unos días un grupo de cooperativas que prestan estos servicios en el interior del país también salieron a reclamar subas mayores por entender que los incrementos aprobados hasta ahora son insuficientes y las dejan rezagadas con respecto al nivel de inflación en lo que va del año.

Para evidenciar su descontento y sus diferencias con la política oficial de congelamiento, enviaron una carta al ENACOM en la cual enumeran los motivos por los cuales solicitan nuevos ajustes.

La nota lleva las firmas de Antonio Roncoroni, presidente de Fecosur, y de Rafael Sánchez, titular de Fecotel, cámaras empresarias que agrupan a las cooperativas de servicios de telecomunicaciones de todo el país.

Ambos ejecutivos destacan que las cooperativas han sido debilitadas por el efecto combinado de subas de costos, que han seguido la inflación, con la disminución de ingresos por el congelamiento de precios, los aumentos regulados, falta de pago y/o adhesión a planes establecidos por el ENACOM como la PBU obligatoria.

Aseguran además que la política oficial pone en riesgo nuevas inversiones de capital incluso para el mantenimiento de los servicios que demandan los usuarios, que han demostrado con la pandemia requerir cada vez mayor ancho de banda, mayor velocidad, más tecnología y más contenidos.

En el mismo sentido, la Cámara Argentina de Cableoperadoras (CACPY), y otros sectores de la industria de las telecomunicaciones, también mostraron el rechazo a las políticas de congelamiento del Gobierno que, sostienen, llevaron al sector a tener que atravesar un complicado panorama.

"Es absurdo creer que una industria que tiene el 80% de sus costos de infraestructura en dólares, puede continuar en un contexto de congelamiento sin entrar progresivamente en una crisis de su capacidad de prestación", advierte la CACPY.