Tarifas: Guzmán le gana la pulseada a CFK y se termina el congelamiento

Si bien en principio había decidido tomarse un tiempo para analizar el futuro de las tarifas de los servicios públicos, finalmente el ministro Martín Guzmán aceleró el proceso y decidió autorizar un primer aumento del 9% para la factura de electricidad.

La decisión la tomó después de entender que el nivel de fondos necesarios para seguir manteniendo la política de congelamiento a través de subsidios ya estaba casi agotado y no había posibilidades de rescatar más recursos que los establecidos en el Presupuesto 2021.

El titular de la cartera económica le informó al presidente Alberto Fernández sobre su postura y recibió el apoyo del Jefe de Estado para hacer público el anuncio en la tarde de este viernes 30 de abril.

Sabiendo que la medida recibiría fuertes críticas de los sectores kirchneristas cercanos a la vicepresidenta Cristina Kirchner y al Instituto Patria, Guzmán también le reclamó a Alberto Fernández que lo "bancara" ante los cuestionamientos que estaba seguro iba a recibir de parte de ese sector del Frente de Todos.

La respuesta no se hizo esperar. El Presidente levantó el teléfono y le pidió al secretario de Energía, Darío Martínez, que echara a su segundo. Es decir a Federico Basualdo, quien había llegado en octubre del 2020 a la subsecretaría de Energía Eléctrica de la mano de CFK.

A contramano, horas más tardes fuentes del kirchnerismo indicaron que "nunca existió el pedido de renuncia" a Basualdo y que el funcionario permanece en su cargo. Las mismas fuentes aseguran que "Basualdo nunca planteó el congelamiento de la tarifa. Las audiencias publicas marcan claramente el sendero: cuidar el bolsillo de la gente y dar previsibilidad al sector".  

De todas formas, Guzmán le termina ganando la pelea por las tarifas a los sectores que se oponían a cualquier aumento y profesaban la necesidad de seguir usando los cepos en momentos en los cuales la lucha sanitaria contra el Covid-19 genera fuertes problemas económicos a gran parte de la sociedad.

Un funcionario fiel a la vicepresidenta

Basualdo era uno de esos funcionarios que se oponían a los aumentos. Fiel a la vicepresidenta, venía haciendo las veces de vocero del kirchnerismo duro a la hora de negociar con las empresas distribuidoras de este servicio, tal como había pedido la propia Cristina durante un acto realizado a fines del año pasado en localidad bonaerense de La Plata.

Desde ese escenario, convocó a alinear "los salarios y jubilaciones con los precios de los alimentos y las tarifas" y remarcó que esa iba a ser una "tarea fundamental" durante este año.

Ahora, ese llamado parece haber quedado lejano. De hecho, a Basualdo y al Instituto Patria se los acusa de no haber fundamentado el pedido de continuidad del congelamiento a partir de estudios y escenarios de costos que no fueron presentados a las autoridades de la Secretaría de Energía, como tampoco entregó un informe sobre la viabilidad de segmentar las tarifas a partir del nivel de ingresos de los consumidores del servicio.

Por eso, cuando llegó de su gira europea, el ministro debió analizar los dos escenarios que se le habían planteado en el sector de servicios públicos: elegir entre permitir retoques no mayores al 9% o mantener el congelamiento, una señal contraria a los pedidos del Fondo Monetario Internacional (FMI), para cerrar un nuevo acuerdo de reestructuración de la deuda.

Tras analizar los informes que sus allegados le dejaron en su escritorio sobre estos posibles escenarios y con las audiencias públicas ya cerradas y las posturas de las distribuidoras y del Gobierno ya definidas, Guzmán cambió de idea y no quiso esperar un mes más para trazar el camino a seguir.

Así lo habían dicho algunos de sus allegados a los medios periodísticos, incluso a iProfesional, durante los primeros días de esta semana, por entender que las conclusiones del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) debían que ser analizadas por el ministro con tiempo.

Sin embargo, la decisión final fue la de autorizar a las distribuidoras a aplicar aumentos del 9% a partir de mayo para reducir en parte el nivel de subsidios que el Estado debe destinar para equilibrar el costo actual del gas y la energía y el valor real.

Una medida que le torció el brazo a los sectores vinculados a CFK que venían argumentando que el actual momento que atraviesa la sociedad, con la dura batalla contra la pandemia del Covid-19 y la fuerte caída de ingresos, hace indispensable la ayuda del Estado que, en este caso, se traduciría en dejar las tarifas como están desde mediados del 2018.

De hecho, ahora se espera que la postura de Guzmán sea trasladada a las definiciones de incrementos para las tarifas del gas, otro sector que mantiene sus servicios congelados desde hace más de dos años y medio.

Reclamos "excesivos"

En las audiencias públicas, las empresas proveedoras de gas aseguraron que el atraso acumulado era del 128% sobre el margen total pero no sobre la factura final. En ese contexto, solicitaron incrementos promedio del 51% cuyo impacto final en la tarifa, según la categoría de cliente, rondaría entre el 105 y el 15%.

De todos modos, dejaron en claro que no renuncian al reclamo histórico sobre el costo real del gas y pidieron que los pedidos de aumentos se incorporen a las negociaciones que se están llevando a cabo para definir un nuevo cuadro en el marco de la llamada Renegociación Tarifaria Integral (RTI).

En el caso de las empresas de electricidad el atraso demandado varía entre el 81% y el 157%, según informó en su momento el ENRE mediante una reseña de los planteos que realizaron las distribuidoras eléctricas del Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) en las audiencias públicas de fines de marzo pasado.

De las presentaciones se desprende una propuesta de aumento de los ingresos de las concesionarias y una importante reducción en la inversión, dando como resultado el detrimento en la calidad del servicio.

En ese marco, el pedido de Edesur fue de $22.160 millones en concepto de ingresos no percibidos por el congelamiento tarifario y un aumento del 253% en el Valor Agregado de Distribución (VAD), o margen de ingresos de la empresa descontando la compra de energía, con respecto a 2020, siendo para 2021 un total de $54.000 mil millones.

Desde Edenor el reclamo fue por $38.477 millones por ingresos no percibido y un incremento del VAD de 109% respecto de 2020, alcanzando un total de $61.000 millones de pesos para 2021.

Como era de esperar, el ENRE consideró "inviables" los pedidos por entender que "no permitirían acompañar la salida de la crisis económica y la recuperación de familias y empresas".

A través de un documento, el organismo también criticó la RTI del 2016 por entender que "no sólo implicó un aumento irracional de las facturas de 2015 a 2019, con un incremento nominal de 3200% para los usuarios residenciales, sino que fue poco transparente e inaplicable por el mismo gobierno de Mauricio Macri".

Los requerimientos de fondos también fueron rechazados y considerados excesivos en un contexto de crisis económica como el actual.

La alternativa planteada por el ENRE fue la de posibilitar a las empresas que operen y aseguren las inversiones necesarias en materia de calidad a partir de un análisis del flujo de sus fondos para inyectar dinero a medida que se demuestre el nivel de inversiones y el cumplimiento de las obligaciones.