El Gobierno "pisa" millonarias obras de Edesur para mejorar el servicio: cuál es el plan kirchnerista
Después de unos meses de relativa calma, la relación entre el Gobierno y los dueños de Edesur se vuelve a tensar por dos razones vinculadas a decisones unilaterales dispuestas por la autoridades nacionales.
La primera se vincula con la anulación de un acuerdo para regularizar la deuda acumulada por el Estado nacional tanto con la empresa del Grupo Enel como con Edenor que fue firmado durante el macrismo y que ahora el gobernante Frente de Todos desconoce y hasta llegó a calificar de "lesivo".
La resolución que dejó sin efecto un convenio de compensación firmado en mayo del 2019 por el ex presidente Mauricio Macri para cancelar las deudas con Edenor y Edesur que el Estado acumuló mayoritariamente entre los años 2006 y 2015, cuando las tarifas estuvieron congeladas y el Estado compensó a las empresas con transferencias directas.
El acuerdo se firmó sobre la base de un estudio de la Secretaría de Energía en el que se admitió que de haberse ajustado la tarifa durante esos años, Edenor debería haber incrementado sus ingresos en $56.946 millones y Edesur en $44.067 millones.
Sin embargo, las actuales autoridades del Ente Nacional de Regulación de la Electricidad (ENRE) auditaron el convenio y llegaron a la conclusión de que ambas distribuidoras recibieron más fondos por subsidios que el dinero que reclaman como "ingresos no percibidos".
La empresa respondió mediante una nota enviada a la Comisión Nacional de Valores (CNV), rechazando la declaración de lesivo para el interés general el "Acuerdo de Regularización de Obligaciones" firmado en mayo del 2019; ordena la suspensión de los trámites administrativos y le instruye a la Dirección de Asuntos Contenciosos de Energía a iniciar acciones tendientes a obtener la declaración judicial de nulidad del convenio.
"La Resolución no atribuye incumplimiento del Acuerdo a Edesur y sin perjuicio de la misma, el Acuerdo se encuentra plenamente vigente en sus efectos: el mismo fue válidamente firmado por las partes con facultades suficientes, encontrándose firme, consentido y en ejecución", detalla la compañía del grupo Enel en la nota.
La segunda razón tiene que ver con una "incomprensible" demora por parte del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), en autorizar el funcionamiento de dos nuevos y modernos centros de atención que la empresa construyó en la provincia de Buenos Aires.
Desencuentros
Dos situaciones que se suman a los incontables desencuentros que el gobierno del presidente Alberto Fernández ha venido acumulando en el vínculo con el holding de origen italiano que controla la concesión de la distribución de energía en la Ciudad de Buenos Aires y 12 partidos de la provincia de Buenos Aires.
No se trata de nuevos problemas sino de resabios del formato de relación que el kirchnerismo históricamente tuvo con las compañías del servicio de electricidad que incluyó un fuerte y prolongado cepo tarifario que les generó una profunda crisis financiera y millonarias pérdidas.
En la actualidad, las intenciones de la pata K de la alianza gobernante de quitarle a Edesur la concesión a través de una oculta estrategia para esmerilar su negocio siguen intactas y forman parte de la toma de decisiones del Estado en este sector a través de algunos funcionarios de la Secretaría de Energía que depende del Ministerio de Economía.
El casi eterno congelamiento de tarifas que inició Néstor Kirchner y que en abril pasado se modificó de manera parcial con un magro incremento del 9% para todo el año contra una inflación del 25% en lo que va del 2021, junto al decreto presidencial para renegociar los términos de la concesión y la vuelta atrás con el traspaso de la jurisdicción a la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires son tres ejemplos del constante cambio de reglas de juego que soportan las distribuidoras.
A esta particular forma de gestionar se acaba de agregar la demora por parte del ENRE en la aprobación de los planos de dos oficinas que Edesur tiene terminadas en los partidos de Avellaneda y Lanus.
Se trata de espacios totalmente nuevos y dotados de mayor tecnología, tal como requieren estos tiempos que, a pesar de contar con todos los papeles en regla, el ente que dirige la kirchnerista María Soledad Manín demora su apertura.
Una decisión que termina afectando la posibilidad de ofrecer una mejor calidad en la atención al público que recibe los servicios de Edesur en ambos distritos bonaerenses y que se vio totalmente restringida a raíz de las medidas sanitarias tomada por el Gobierno para combatir la pandemia del Covid-19.
Plan integral
Según pudo saber iProfesional, los nuevos edificios reemplazan a las viejas oficinas de la empresa que habían quedado obsoletas. Obras que implicaron una inversión de $65 millones y un trabajo de todo un año para poder recibir a los clientes de la mejor manera que hasta ahora quedó en la nada.
Las dos oficinas forman parte de un plan integral que Edesur llevó a cabo en ambas localidades del sur bonaerense donde también destinó $720 millones para la renovación íntegra de la Terna 226, orientada a mejorar el servicio a unos 100.000 vecinos de Avellaneda y Lanús. Como partes de las tareas, se cambió íntegramente la conexión entre las subestaciones Dock Sud y Corina; se renovaron 7.5 kilómetros de cables, además de empalmes y terminales.
En los últimos cinco años, Edesur lleva invertidos más de u$s820 millones apuntado a mejorar su servicio y a partir de los cuales logró reducir en un 55% la duración de los cortes.
A pesar de las cifras, la avanzada K contra la distribuidora se mantiene, de manera silenciosa pero sumando adherentes también entre los intendentes de varias localidades bonaerenses como, precisamente la de Avellaneda.
Su ex jefe comunal y ahora ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi firmó una solicitada junto a sus ex pares de Almirante Brown; Lomas de Zamora; Esteban Echeverría; Florencio Varela y Quilmes para denunciar a la empresa y reclamar al Gobierno la estatización del servicio, argumentando la mala calidad del servicio, cuando en realidad el mantenimiento de la red y de las instalaciones internas es potestad de cada municipio.
La estrategia es complementada por la avanzada contra la caja de Edesur para quitarle recursos y obligarla a resentir sus planes. El último ejemplo fue la decisión de no respetar el contrato firmado por el anterior gobierno de Cambiemos que avalaba un pago de casi $50.000 millones por el congelamiento tarifario que ahora no serán entregados a la empresa llevándola a la posibilidad cierta de un rojo contable al haber computado como ingresos esos fondos.
Si esto ocurre, el escenario financiero para Edesur será todavía más incierto que el actual a partir de su último balance semestral que mostró fuertes pérdidas por $12.375 millones.
Se trata de nuevo fantasma que sobrevuela sobre una compañía que ya opera en un contexto macro económico que genera dudas con respecto a la capacidad de pago del sector público y a las posibilidades de obtener financiamiento; con incremento de la inflación que afecta el crecimiento; controles de precios; incertidumbre sobre al marco regulatorio; restricciones a la adquisición y transferencia de divisas al exterior; cepos a las importaciones y exportaciones y creación de nuevos impuestos a las ventas al exterior de determinados productos o el incremento de las alícuotas vigentes.