El mismo día en que se dará a conocer la inflación de diciembre, y por ende la de todo el año, el presidente Alberto Fernández encabezará un masivo encuentro con las empresas referentes de la industria alimenticia.

Están convocados desde el titular de la Unión Industrial Argentina (UIA) y también presidente de la Copal, Daniel Funes de Rioja, como los principales ejecutivos de grandes empresas como Coca Cola; Molinos Río de la Plata; Quilmes; Nestlé; Danone; Arcor, entre otras.

No se trata de una casualidad o de una coincidencia de fechas, sino más bien de una necesidad, un mensaje que tiene dos destinatarios, uno en el plano doméstico y el segundo a nivel internacional. En el primer caso el Jefe de Estado pretende demostrar que se pondrá al frente de la batalla contra una de las variables económicas que mayor impacto causó en los bolsillos de los consumidores.

En el segundo plano, enviar una señal al Fondo Monetario Internacional (FMI), de que hay intención de acordar un programa de precios y salarios que tendrá respaldo empresario y de los gremios y que sumaría a las expectativas de acuerdo con el organismo financiero internacional.

Fue el ministro de Economía, Martín Guzmán, el iniciador de esta nueva etapa con el claro objetivo de obtener el respaldo del establishment local a una gestión que pretende generar diálogo con todos los sectores, especialmente después de la derrota electoral de noviembre del año pasado que modificó el panorama político.

La agenda de temas y medidas que el oficialismo puso a disposición de los principales grupos empresarios locales va desde el acuerdo con el FMI, a las expectativas de inflación, y a cómo afecta la variante Omicron en el desarrollo productivo.

Bajo esas premisas, el Gobierno viene organizando encuentros con referentes de los principales grupos empresarios nacionales y multinacionales con operaciones en el país.

De las reuniones se desprendieron datos de los lineamientos del acuerdo con el Fondo y de las políticas oficiales que permitirían combatir la inflación a partir de un gran acuerdo de precios y salarios para todo el 2022 como condición para bajar las expectativas inflacionarias de este año.

Se trata de una mirada distante de la que tienen los economistas para quienes las perspectivas para el 2022 son similares a las del 2021. Es decir, alta inflación; desequilibrios macro, más receta de controles y acuerdos de precios que no funcionan, a lo cual le suman la corrección de tarifas de los servicios públicos; un mayor aceleración del tipo de cambio oficial y el impacto del "exceso de pesos" en la economía, alimentado por la emisión monetaria para financiar el déficit fiscal.

Los analistas privados también recuerdan que los salarios privados casi lograron acercarse a la inflación de todo el 2021 pero de todos modos perdieron nuevamente poder adquisitivo con aumentos que en muchos rubros fueron lejanos a la inflación anual acumulada.

Ni que hablar de los salarios de los empleados informales y los cuentapropistas, con ingresos que no alcanzan a cubrir los aumentos constantes de precios.

En cambio, el Gobierno defiende la fórmula con la que quiere dar batalla este año al descontrol inflacionario que viene sufriendo la Argentina y que en el 2021 terminó rozando el 50% con la promesa de sostenerse en un índice similar o todavía mayor durante este 2022.

De cerrar en ese índice, el 2021 se coronará como el segundo año con mayor inflación desde principios de los 90 después del 53,8% registrado en el 2019, mientras que en el 2020 se ubicó en el 36%, con la pandemia como freno para toda la economía.

Alberto Fernández busca respaldo empresario a su "plan" anti inflación

Por eso y con el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada como escenario, el propio Jefe de Estado buscará enviar una señal clara de que los controles de precios y tarifas seguirán, aunque más lights y con ciertos retoques que aplicarán a la lógica oficial más que a las certezas de la economía.

No es casual entonces que el programa Precios Cuidados versión 2022, que contempla una canasta de 1.321 productos de consumo masivo, sea el puntapié inicial elegido por Alberto Fernández para arrancar su cruzada anti inflacionaria.

Sus partenaires serán ejecutivos de más de un centenar de empresas productoras y comercializadoras de alimentos a quienes el gobernante Frente de Todos viene responsabilizando de ser afines a las constantes subas de precios.

Sin embargo, este año habrá aumentos en los precios de los productos que componen esa canasta y que se actualizarán cada tres meses pero con porcentajes que siempre serán menores a la evolución que haya tenido la inflación durante el mismo período.

El temor presidencial es que se cumplan las predicciones que para este año lanzan los economistas advirtiendo que la inflación será mayor que la del 2021 con un nivel de precios que se ubicaría en la franja del 55% al 60%.

Para Alberto Fernández es fundamental mantener un diálogo directo con los empresarios no sólo del negocio alimenticio, sino de otros sectores que marcan el rumbo de un fenómeno que no es nuevo pero que sigue despertando preocupación en los despachos oficiales por el impacto que tiene en el humor social y, por ende, a la hora de votar.

De hecho, el año de las PASO y de los comicios de medio término que perdió el oficialismo acumula una suba del 45,4% en los primeros 11 meses y los economistas creen que en diciembre se ubicará en torno al 3%, llegando a un índice final de al menos un 48,4%.

Un número alejado a la previsión presupuestaria que fue del 29% para el 2021 y que, en el fallido Presupuesto para el 2022, prometía no superar el 33% para este ejercicio.

Canastas reguladas

De hecho, el propio Gobierno conspira contra la predicción del ministro de Economía, Martín Guzmán, si se tiene en cuenta que el año arranca con aumentos de tarifas de servicios públicos como luz y gas que rondarán el 17 al 20% y que comenzarían a regir en marzo o abril próximos.

A estas subas se agregan los retoques que tendrán los peajes de las principales autopistas nacionales que también se ubicaría en el 20%, además de los incrementos pactados con los empresarios para la primera lista de Precios Cuidados modo 2022, que sería del 2% en promedio y regirá hasta el 7 de abril próximo.

Un porcentaje que se encargó de acordar el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, con los representantes de supermercados y mayoristas para formalizar su participación en la renovación del programa +Precios Cuidados.

Durante las reuniones que fue manteniendo, el funcionario le pidió, tanto a los supermercados como a los mayoristas, la máxima colaboración en el cumplimiento del programa y anticipó, a modo de advertencia, que desde la Secretaría se va a monitorear que se respete lo acordado para, precisamente, asegurar la promesa presidencial de colocar un cepo a la inflación durante este año.

Con esta versión del programa, la idea del Gobierno es consolidar una canasta regulada que haga las veces de ancla para los precios de los productos que están fuera de Precios Cuidados y también la de ser la punta de una política que permita mejorar el poder adquisitivo de la población en lo relativo a la incidencia que tienen los consumos básicos sobre los ingresos.

Por ese motivo, Feletti logró duplicar el número de productos en +Precios Cuidados, entre los que se encuentran artículos de almacén, limpieza, librería, perfumería, cuidado e higiene personal, artículos para bebés, mascotas, frescos (lácteos, fiambres, pastas frescas, tapas de empanadas y de tartas), congelados y bebidas, entre otros rubros y categorías.

Además, el Gobierno buscará que la nueva canasta esté presente no sólo en las grandes cadenas de supermercados y mayoristas, sino también en los almacenes de barrio, mercados de proximidad y autoservicios de origen asiático.

Para el propio Alberto Fernández el programa Precios Cuidados es la principal apuesta anti inflacionaria que pondrá el oficialismo sobre la mesa durante este año. La señal que el Gobierno quiere enviar es la de brindar una señal y referencia de precios en góndola y permitir que los consumidores accedan a marcas y presentaciones de los bienes más representativos del consumo cotidiano a precios que será regulados desde los despachos de la Casa Rosada.

"Es un programa estructural, integral y relevante", argumentan desde la Secretaría de Comercio Interior porque aseguran que permite estabilizar los precios de los productos que mayor incidencia tienen en el índice mensual de inflación.

A partir de esta mirada, el mismo Feletti tiene la tarea de replicar el formato de precios regulado a otros rubros como los de la carne, los medicamentos y hasta los alquileres, para lo cual ya comenzó a mantener encuentros con referentes de cada uno de esos sectores.

La idea del Gobierno es consolidar una canasta regulada que haga de ancla para los productos que están fuera de Precios Cuidados

En este sentido, los economistas sostienen que la inflación núcleo que no mide componentes volátiles, estacionales y regulados, se aceleró nuevamente en diciembre y cerró en 4,2%.

Se trata del único factor que supera el nivel general estimado en 3,5%, precisamente traccionado por los incrementos registrados en rubros como alimentos y bebidas, con un fuerte repunte tras la moderación en noviembre por el congelamiento de precios.

Lo mismo ocurrió con carnes, artículos para el hogar y servicios para el hogar, así como el sector esparcimiento que tuvo un aumento mayor debido al pico de turismo en el inicio de las vacaciones de verano.

En vivienda y servicios básicos se destacó el alza de las expensas por el aguinaldo de los porteros, mientras que en transporte y comunicaciones, incidió el ajuste de 30% en taxis con una fuerte suba del precio de los autos.

Equipamiento y mantenimiento del hogar estuvo influido por el aumento de 5% en el sueldo de las empleadas domésticas y a esto se suma el aumento del 7% en cigarrillos.

A partir de estos parámetros, la mayor parte de las consultoras estiman una inflación del 3,5% para diciembre y una variación anual del 51,4%, pese a los congelamientos.

Las expectativas privadas para el 2022 no son diferentes. Se anticipan subas similares a pesar de los planes del Gobierno, más que nada porque se espera una mayor aceleración del dólar, además de la revisión de las tarifas.

De hecho, en la primera semana de enero, la consultora LCG relevó una suba del 1,18% en alimentos y bebidas impulsada por frutas y comidas, mientras que desde EcoGO se registró una variación del 1,2% para la segunda semana del mismo mes condicionada por el cambio de la canasta congelada a una con precios un 2% más caros.

Se espera también el impacto de los rubros estacionales en el primer mes del año, en particular del turismo; el cuarto aumento en las prepagas (9%); el ajuste en los peajes de las autopistas en la Ciudad; alquileres (51%); VTV y estacionamiento medido (50%); telefonía fija, internet y televisión (9,8%), y las subas anunciadas en gas y electricidad (17-20%).